Apro
Las directivas estatales del PAN y del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) anunciaron su intención de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recientemente aprobado delito de “perturbación del orden público”.
En respuesta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto Sosa Hernández, dijo que “están en todo su derecho” quienes decidan interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de esa modificación al Código Penal de Veracruz.
“Están en libertad de hacerlo”, subrayó el magistrado del TSJE, luego que el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, y el académico de la UNAM, Miguel Carbonell, también anunciaran su intención de inconformarse contra la nueva ley promulgada por el gobernador Javier Duarte tras su aprobación por el Congreso local.
A la medida se han sumado tanto diputados como directivas estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Ciudadano, que el martes 20 votaron en contra de la iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz, enviada por el Ejecutivo estatal para crear el delito de perturbación del orden público, que lo penaliza de 1 a 4 años de prisión.
La víspera, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, a través del director jurídico, Víctor Salas, manifestó su disposición a sumarse a las “voces inconformes”, tanto en Veracruz como a escala nacional, “por la aberración jurídica” que significó la aprobación del tipo penal llamado “perturbación del orden público” en el Código Penal del estado.
A través de esta nueva figura, alertó, el estado de Veracruz “regresa al orden jurídico de la época del oscurantismo”, es decir, “de un gobierno totalitario”, ya que la actual administración estatal “se empeña en que regresemos al pasado”.
Es decir, precisó, “a la represión y a la desaparición de garantías constitucionales”, ya que con esta medida, de manera subjetiva y arbitraria, “cualquier persona que utilice las redes sociales y que a juicio de la autoridad esté perturbando el orden público, puede ser injustamente encarcelada”.
En las décadas de los sesenta y setenta, apuntó, a los activistas sociales se les acusaba del delito de “disolución social” para encarcelarlos o, al más viejo estilo de la dictadura porfirista, “enciérralo y luego se averigua”, es como en Veracruz se pretende regresar a ese negro pasado de la historia en México.
El ejemplo más reciente, subrayó, fue lo que el gobierno del estado hizo con los tuiteros, a los que encarceló de manera arbitraria y abusiva por los delitos de “terrorismo y sabotaje”, y a los que más tarde pretendió liberar a través de la nueva ley, donde se estableció este “absurdo cuasi delito”, el de “perturbación del orden público”.
La nueva figura jurídica aprobada por la mayoría priísta en el Congreso local, subrayó, “atenta contra lo expuesto en la Carta Magna fundamental y contra la Convención Americana de los Derechos Humanos en lo que se refiere a la libertad de expresión”.
El artículo 373 reformado en la ley penal, dijo, señala que, “a quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden público, se le impondrá prisión de 2 a 4 años y multa de 500 a 1000 días de salario, atendiendo la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Ante ello, el dirigente panista mencionó que ese artículo se refiere a una conducta similar a la expuesta en el 313 sobre terrorismo, por lo que quienes incurran presuntamente en esta falta, “podrán ser castigados por ambos preceptos”.
Por lo que, subrayó, “a nuestro juicio el tipo penal carece de elementos como el dolo, además de partir de un absurdo jurídico extraterritorial en donde Duarte y sus diputados han pretendido torpemente con esto legislar de Veracruz para todo el mundo”.
Debido a ello, aseguró que el CDE del PAN se sumará a la propuesta de Miguel Carbonell y Álvarez Icaza quienes, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “buscarán un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN, que tiene las facultades para promoverlo”.
Por separado, el coordinador estatal del Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, sostuvo que también se sumarán a esta acción por considerar que con la reforma penal se viola el derecho a la libertad de expresión.
Las directivas estatales del PAN y del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) anunciaron su intención de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recientemente aprobado delito de “perturbación del orden público”.
En respuesta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto Sosa Hernández, dijo que “están en todo su derecho” quienes decidan interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de esa modificación al Código Penal de Veracruz.
“Están en libertad de hacerlo”, subrayó el magistrado del TSJE, luego que el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, y el académico de la UNAM, Miguel Carbonell, también anunciaran su intención de inconformarse contra la nueva ley promulgada por el gobernador Javier Duarte tras su aprobación por el Congreso local.
A la medida se han sumado tanto diputados como directivas estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Ciudadano, que el martes 20 votaron en contra de la iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz, enviada por el Ejecutivo estatal para crear el delito de perturbación del orden público, que lo penaliza de 1 a 4 años de prisión.
La víspera, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, a través del director jurídico, Víctor Salas, manifestó su disposición a sumarse a las “voces inconformes”, tanto en Veracruz como a escala nacional, “por la aberración jurídica” que significó la aprobación del tipo penal llamado “perturbación del orden público” en el Código Penal del estado.
A través de esta nueva figura, alertó, el estado de Veracruz “regresa al orden jurídico de la época del oscurantismo”, es decir, “de un gobierno totalitario”, ya que la actual administración estatal “se empeña en que regresemos al pasado”.
Es decir, precisó, “a la represión y a la desaparición de garantías constitucionales”, ya que con esta medida, de manera subjetiva y arbitraria, “cualquier persona que utilice las redes sociales y que a juicio de la autoridad esté perturbando el orden público, puede ser injustamente encarcelada”.
En las décadas de los sesenta y setenta, apuntó, a los activistas sociales se les acusaba del delito de “disolución social” para encarcelarlos o, al más viejo estilo de la dictadura porfirista, “enciérralo y luego se averigua”, es como en Veracruz se pretende regresar a ese negro pasado de la historia en México.
El ejemplo más reciente, subrayó, fue lo que el gobierno del estado hizo con los tuiteros, a los que encarceló de manera arbitraria y abusiva por los delitos de “terrorismo y sabotaje”, y a los que más tarde pretendió liberar a través de la nueva ley, donde se estableció este “absurdo cuasi delito”, el de “perturbación del orden público”.
La nueva figura jurídica aprobada por la mayoría priísta en el Congreso local, subrayó, “atenta contra lo expuesto en la Carta Magna fundamental y contra la Convención Americana de los Derechos Humanos en lo que se refiere a la libertad de expresión”.
El artículo 373 reformado en la ley penal, dijo, señala que, “a quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden público, se le impondrá prisión de 2 a 4 años y multa de 500 a 1000 días de salario, atendiendo la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
Ante ello, el dirigente panista mencionó que ese artículo se refiere a una conducta similar a la expuesta en el 313 sobre terrorismo, por lo que quienes incurran presuntamente en esta falta, “podrán ser castigados por ambos preceptos”.
Por lo que, subrayó, “a nuestro juicio el tipo penal carece de elementos como el dolo, además de partir de un absurdo jurídico extraterritorial en donde Duarte y sus diputados han pretendido torpemente con esto legislar de Veracruz para todo el mundo”.
Debido a ello, aseguró que el CDE del PAN se sumará a la propuesta de Miguel Carbonell y Álvarez Icaza quienes, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “buscarán un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN, que tiene las facultades para promoverlo”.
Por separado, el coordinador estatal del Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, sostuvo que también se sumarán a esta acción por considerar que con la reforma penal se viola el derecho a la libertad de expresión.
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