José Carreño Figueras
Guatemala celebró el domingo unas elecciones que mas allá de la declaración de institucionalidad que representan fueron también una expresión de las preocupaciones de un país que harto de guerra y violencia solo ve problemas de seguridad en su realidad inmediata.
Y esta vez, la violencia y la seguridad están directamente vinculadas con su posición, en la frontera sur de México y una situación que no pocos analistas consideran como de un estado debilitado y en condiciones de caer bajo la égida de la delincuencia organizada.
De hecho, aunque hubo pocos incidentes violentos, el subtexto de las elecciones era y es el de la influencia que grupos de crimen organizado, especialmente de origen mexicano, pueden o pudieran haber logrado en la estructura política del país, sobre todo a través del financiamiento ó de alianzas non-sanctas con grupos políticos regionales o con familias criminales tradicionales.
De acuerdo con denuncias diversas, los grupos mexicanos del narcotráfico y organizaciones mas o menos nativas, como las “Maras” o las familias del crimen en El Petén, se alían y compiten entre sí no solo por territorio sino por influencia política y han aportado recursos a alguno o varios de los partidos políticos en la liza.
El exgeneral Otto Pérez, del conservador Partido Patriótico, parece el mas viable ganador de los comicios, aunque solo después de acudir a una segunda vuelta electoral a realizarse en noviembre. Pero su ventaja parece de casi dos a uno respecto a su mas cercano competidor.
La mención de Pérez viene a cuento porque su campaña se basa en la promesa de “ley y orden”, sobre todo en relación a la presencia de grupos que como “los Zetas” de México parecen empeñados en hacerse con una base territorial propia en territorio guatemalteco y que hacen y han hecho uso de una violencia que impacta aún en una nación tan acostumbrada a ella como la guatemalteca.
Mas aún, de acuerdo con un estudio de la organización “InsightCrime”, las elecciones son una oportunidad para los grupos delincuenciales.
Por ejemplo, se disputaron 333 alcaldías y asambleas municipales y si bien los alcaldes no tienen tanto poder aparente como en Colombia o México, donde deciden quiénes ocupan puestos de seguridad y tienen mayor control de sus presupuestos, tienen otro tipo de posibilidades.
Para empezar, pueden desempeñar un papel importante en materia económica y de seguridad en los territorios bajo su influencia electoral y al mismo tiempo influir en la cobertura de los medios de comunicación, además de tener voz y voto en el desarrollo de escuelas, hospitales y otros proyectos sociales y de bienestar.
Según la fuente, esas actividades y responsabilidades representan una oportunidad para grupos criminales y lo han sido en buena medida para las organizaciones o “familias” mas tradicionales, sobre todo a través del reparto de obras públicas.
“En algunos casos se trata de la posibilidad de granjear apoyo político o de una forma de ganar dinero a través de contratos de obras públicas. En otros casos se trata de una manera de mantener a la policía y los militares fuera de los corredores de tráfico, las pistas de aterrizaje y los puertos de entrada”, consignó.
Algunas de esas alcaldías y asambleas municipales estuvieron en áreas que como el Departamento (estado de El Petén) están estratégicamente situados para los traficantes de drogas. El Petén es definido frecuentemente con una región sin ley en la frontera con México, en la que “Los Zetas” parecen controlar ya mas del 60 por ciento de las rutas de droga hacia el norte.
En esas condiciones resulta imposible descartar la posibilidad de que políticos ligados con grupos criminales, nacionales o extranjeros, lleguen al Congreso guatemalteco, compuesto por 158 diputados.
Guatemala celebró el domingo unas elecciones que mas allá de la declaración de institucionalidad que representan fueron también una expresión de las preocupaciones de un país que harto de guerra y violencia solo ve problemas de seguridad en su realidad inmediata.
Y esta vez, la violencia y la seguridad están directamente vinculadas con su posición, en la frontera sur de México y una situación que no pocos analistas consideran como de un estado debilitado y en condiciones de caer bajo la égida de la delincuencia organizada.
De hecho, aunque hubo pocos incidentes violentos, el subtexto de las elecciones era y es el de la influencia que grupos de crimen organizado, especialmente de origen mexicano, pueden o pudieran haber logrado en la estructura política del país, sobre todo a través del financiamiento ó de alianzas non-sanctas con grupos políticos regionales o con familias criminales tradicionales.
De acuerdo con denuncias diversas, los grupos mexicanos del narcotráfico y organizaciones mas o menos nativas, como las “Maras” o las familias del crimen en El Petén, se alían y compiten entre sí no solo por territorio sino por influencia política y han aportado recursos a alguno o varios de los partidos políticos en la liza.
El exgeneral Otto Pérez, del conservador Partido Patriótico, parece el mas viable ganador de los comicios, aunque solo después de acudir a una segunda vuelta electoral a realizarse en noviembre. Pero su ventaja parece de casi dos a uno respecto a su mas cercano competidor.
La mención de Pérez viene a cuento porque su campaña se basa en la promesa de “ley y orden”, sobre todo en relación a la presencia de grupos que como “los Zetas” de México parecen empeñados en hacerse con una base territorial propia en territorio guatemalteco y que hacen y han hecho uso de una violencia que impacta aún en una nación tan acostumbrada a ella como la guatemalteca.
Mas aún, de acuerdo con un estudio de la organización “InsightCrime”, las elecciones son una oportunidad para los grupos delincuenciales.
Por ejemplo, se disputaron 333 alcaldías y asambleas municipales y si bien los alcaldes no tienen tanto poder aparente como en Colombia o México, donde deciden quiénes ocupan puestos de seguridad y tienen mayor control de sus presupuestos, tienen otro tipo de posibilidades.
Para empezar, pueden desempeñar un papel importante en materia económica y de seguridad en los territorios bajo su influencia electoral y al mismo tiempo influir en la cobertura de los medios de comunicación, además de tener voz y voto en el desarrollo de escuelas, hospitales y otros proyectos sociales y de bienestar.
Según la fuente, esas actividades y responsabilidades representan una oportunidad para grupos criminales y lo han sido en buena medida para las organizaciones o “familias” mas tradicionales, sobre todo a través del reparto de obras públicas.
“En algunos casos se trata de la posibilidad de granjear apoyo político o de una forma de ganar dinero a través de contratos de obras públicas. En otros casos se trata de una manera de mantener a la policía y los militares fuera de los corredores de tráfico, las pistas de aterrizaje y los puertos de entrada”, consignó.
Algunas de esas alcaldías y asambleas municipales estuvieron en áreas que como el Departamento (estado de El Petén) están estratégicamente situados para los traficantes de drogas. El Petén es definido frecuentemente con una región sin ley en la frontera con México, en la que “Los Zetas” parecen controlar ya mas del 60 por ciento de las rutas de droga hacia el norte.
En esas condiciones resulta imposible descartar la posibilidad de que políticos ligados con grupos criminales, nacionales o extranjeros, lleguen al Congreso guatemalteco, compuesto por 158 diputados.
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