Apro
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer este jueves parte de las declaraciones ministeriales del empresario Raúl Rocha, el dueño del Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde el pasado 25 de agosto perdieron la vida 52 personas, durante un ataque perpetrado por Los Zetas.
En entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero Primero Noticias, José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, reveló que el propietario del centro de juego fue víctima de al menos dos intentos de extorsión. En la primera ocasión, dijo, le pidieron 50 mil dólares, y en la segunda 140 mil.
El funcionario federal, quien señaló que el accionista del centro de apuestas rindió su declaración vía consular en Miami, Florida, sostuvo que tras negarse a pagar el monto solicitado, Rocha Cantú tuvo que cambiar sus rutinas y forma de vida por temor a represalias.
Además, dijo que se investiga si la extorsión a la que se refirió el empresario provino del narcotráfico o del gobierno.
“Estamos tratando de explotar esa línea de investigación”, agregó Salinas.
En cuanto a su situación jurídica, aclaró que el empresario es señalado como denunciante y testigo de los hechos, ya que manifestó haber acudido al casino Royale tras registrarse el incendio.
Y destacó que durante su declaración en Miami, Raúl Rocha detalló cómo estaba organizado el casino, cómo funcionaba administrativamente y cómo operaba el sistema de vigilancia.
El subprocurador informó que hasta el momento las investigaciones sobre el incendio en el centro de apuestas no están vinculadas con la actividades de Jonás Larrazabal –hermano del alcalde regiomontano, Fernando Larrazabal–, a quien se captó recibiendo fajos de dinero en centros de apuestas.
“En la investigación que tiene en curso la Procuraduría General de la República no tenemos el vínculo todavía con esa investigación que ya se hizo pública”, señaló.
Por separado, el senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), anunció que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe detallado y actualizado sobre los permisos que se han otorgado para la operación de casinos en todo el país y que han beneficiado “a grupos familiares y empresariales vinculados al PAN”, dijo.
De acuerdo con Monreal, el informe –cuya propuesta presentará en la sesión de este jueves– debe contener la relación actualizada de casinos, nombre de los concesionarios, garantías que dejaron con motivo de los permisos y fecha en que se expidieron los permisos, así como su duración.
Sobre la discrecionalidad con que la Secretaría de Gobernación otorga permisos para la operación de los casinos, el legislador señaló que “el consejo de administración del casino Royale es un botón de muestra”, ya que en algún momento estuvo integrado por Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Moreno Dávila, primos de Adalberto Madero, alcalde panista de Monterrey en el trienio anterior (2006-2009) “y responsable de otorgar el permiso de operación de bingo y apuestas deportivas al ahora tristemente célebre centro de apuestas”.
Monreal señaló que ahora, después de la pérdida de 52 vidas, es necesario no sólo hacer justicia, sino instrumentar otras medidas, entre ellas la clausura de casinos y centros de apuestas irregulares.
Además, dijo, deben hacerse las modificaciones pertinentes que impidan a los jueces otorgar amparos como si fueran “notas de remisión”, y cerrar aquellos negocios que, con independencia de su situación jurídica, representen una trampa para los usuarios en términos de seguridad y protección civil.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer este jueves parte de las declaraciones ministeriales del empresario Raúl Rocha, el dueño del Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde el pasado 25 de agosto perdieron la vida 52 personas, durante un ataque perpetrado por Los Zetas.
En entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero Primero Noticias, José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, reveló que el propietario del centro de juego fue víctima de al menos dos intentos de extorsión. En la primera ocasión, dijo, le pidieron 50 mil dólares, y en la segunda 140 mil.
El funcionario federal, quien señaló que el accionista del centro de apuestas rindió su declaración vía consular en Miami, Florida, sostuvo que tras negarse a pagar el monto solicitado, Rocha Cantú tuvo que cambiar sus rutinas y forma de vida por temor a represalias.
Además, dijo que se investiga si la extorsión a la que se refirió el empresario provino del narcotráfico o del gobierno.
“Estamos tratando de explotar esa línea de investigación”, agregó Salinas.
En cuanto a su situación jurídica, aclaró que el empresario es señalado como denunciante y testigo de los hechos, ya que manifestó haber acudido al casino Royale tras registrarse el incendio.
Y destacó que durante su declaración en Miami, Raúl Rocha detalló cómo estaba organizado el casino, cómo funcionaba administrativamente y cómo operaba el sistema de vigilancia.
El subprocurador informó que hasta el momento las investigaciones sobre el incendio en el centro de apuestas no están vinculadas con la actividades de Jonás Larrazabal –hermano del alcalde regiomontano, Fernando Larrazabal–, a quien se captó recibiendo fajos de dinero en centros de apuestas.
“En la investigación que tiene en curso la Procuraduría General de la República no tenemos el vínculo todavía con esa investigación que ya se hizo pública”, señaló.
Por separado, el senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), anunció que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe detallado y actualizado sobre los permisos que se han otorgado para la operación de casinos en todo el país y que han beneficiado “a grupos familiares y empresariales vinculados al PAN”, dijo.
De acuerdo con Monreal, el informe –cuya propuesta presentará en la sesión de este jueves– debe contener la relación actualizada de casinos, nombre de los concesionarios, garantías que dejaron con motivo de los permisos y fecha en que se expidieron los permisos, así como su duración.
Sobre la discrecionalidad con que la Secretaría de Gobernación otorga permisos para la operación de los casinos, el legislador señaló que “el consejo de administración del casino Royale es un botón de muestra”, ya que en algún momento estuvo integrado por Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Moreno Dávila, primos de Adalberto Madero, alcalde panista de Monterrey en el trienio anterior (2006-2009) “y responsable de otorgar el permiso de operación de bingo y apuestas deportivas al ahora tristemente célebre centro de apuestas”.
Monreal señaló que ahora, después de la pérdida de 52 vidas, es necesario no sólo hacer justicia, sino instrumentar otras medidas, entre ellas la clausura de casinos y centros de apuestas irregulares.
Además, dijo, deben hacerse las modificaciones pertinentes que impidan a los jueces otorgar amparos como si fueran “notas de remisión”, y cerrar aquellos negocios que, con independencia de su situación jurídica, representen una trampa para los usuarios en términos de seguridad y protección civil.
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