Apro
El fallido operativo “Rápido y Furioso”, que provocó el ingreso de armas a territorio mexicano, algunas de las cuales fueron utilizadas en hechos delictivos, representa el mayor caso de encubrimiento oficial desde el escándalo de Watergate, denunció hoy Wayne LaPierre, presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
Y sostuvo que precisamente por esa razón es necesario que un fiscal independiente se haga cargo de la indagatoria.
En un discurso pronunciado en una cumbre de conservadores realizada en Orlando, Florida, LaPierre acusó al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca de manipular a la opinión pública y de difamar a los vendedores legítimos de armas, “a pesar de que ellos sabían la verdad”.
“Este es el mayor encubrimiento desde Watergate y es hora de hacerse la misma pregunta: ¿Quién autorizó Rápido y Furioso y qué tan alto llegó?, cuestionó sobre el operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de trasiego ilegal de armas a México.
En su intervención, el líder de la NRA, quien en reiteradas ocasiones se ha opuesto a la implementación de mayores controles de armas, acusó al presidente Barack Obama y al fiscal general Erick Holder de obstruir dos investigaciones del Congreso sobre el caso.
“Obama y el fiscal Holder sólo encogen los hombros y dicen ‘yo no lo autoricé, a mí no me pregunten’”, acusó LaPierre.
La NRA es la mayor organización estadunidense de defensa de la posesión de armas, un derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
LaPierre hizo esos cuestionamientos luego de que un comité legislativo pidió a la Casa Blanca documentos, correos electrónicos y notas de tres altos funcionarios que tuvieron conocimiento de la polémica operación.
La solicitud fue hecha por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano Darrel Issa, y por su correligionario, el senador Charles Grassley, como parte de una ampliación de la pesquisa legislativa.
Los tres funcionarios implicados son el exdirector para América del Norte del Consejo Nacional de Seguridad, Kevin O’Reilly; su director para el Hemisferio Occidental, Dan Restrepo, y el director de Política Antiterrorista, Greg Gatjanis.
Una serie de correos electrónicos obtenidos en su momento por la cadena CBS confirmaron que O’Reilly, Restrepo y Gatjanis recibieron informes de la operación, aunque el propio Obama ha dicho que no tuvo conocimiento de la misma hasta que la cadena la hizo pública.
Los informes a los funcionarios de la Casa Blanca fueron hechos desde el año pasado por el agente William Newell de la ATF, que tenía a su cargo el operativo.
El fallido operativo “Rápido y Furioso”, que provocó el ingreso de armas a territorio mexicano, algunas de las cuales fueron utilizadas en hechos delictivos, representa el mayor caso de encubrimiento oficial desde el escándalo de Watergate, denunció hoy Wayne LaPierre, presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
Y sostuvo que precisamente por esa razón es necesario que un fiscal independiente se haga cargo de la indagatoria.
En un discurso pronunciado en una cumbre de conservadores realizada en Orlando, Florida, LaPierre acusó al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca de manipular a la opinión pública y de difamar a los vendedores legítimos de armas, “a pesar de que ellos sabían la verdad”.
“Este es el mayor encubrimiento desde Watergate y es hora de hacerse la misma pregunta: ¿Quién autorizó Rápido y Furioso y qué tan alto llegó?, cuestionó sobre el operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de trasiego ilegal de armas a México.
En su intervención, el líder de la NRA, quien en reiteradas ocasiones se ha opuesto a la implementación de mayores controles de armas, acusó al presidente Barack Obama y al fiscal general Erick Holder de obstruir dos investigaciones del Congreso sobre el caso.
“Obama y el fiscal Holder sólo encogen los hombros y dicen ‘yo no lo autoricé, a mí no me pregunten’”, acusó LaPierre.
La NRA es la mayor organización estadunidense de defensa de la posesión de armas, un derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
LaPierre hizo esos cuestionamientos luego de que un comité legislativo pidió a la Casa Blanca documentos, correos electrónicos y notas de tres altos funcionarios que tuvieron conocimiento de la polémica operación.
La solicitud fue hecha por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano Darrel Issa, y por su correligionario, el senador Charles Grassley, como parte de una ampliación de la pesquisa legislativa.
Los tres funcionarios implicados son el exdirector para América del Norte del Consejo Nacional de Seguridad, Kevin O’Reilly; su director para el Hemisferio Occidental, Dan Restrepo, y el director de Política Antiterrorista, Greg Gatjanis.
Una serie de correos electrónicos obtenidos en su momento por la cadena CBS confirmaron que O’Reilly, Restrepo y Gatjanis recibieron informes de la operación, aunque el propio Obama ha dicho que no tuvo conocimiento de la misma hasta que la cadena la hizo pública.
Los informes a los funcionarios de la Casa Blanca fueron hechos desde el año pasado por el agente William Newell de la ATF, que tenía a su cargo el operativo.
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