Apro
Entre de protestas de tuiteros, el Congreso de Veracruz aprobó, en sesión extraordinaria, la reforma al Código Penal del estado mediante la cual se adicionó el delito de “perturbación al orden social” para castigar hasta con 4 años de prisión a quienes “difundan falsos rumores” a través de cualquier medio de comunicación.
Luego de casi hora y media de debate, con 33 votos a favor y 14 en contra el pleno aprobó la controvertida iniciativa de reforma enviada por el gobernador Javier Duarte apenas la semana pasada.
Con ello, se aplicará este delito contra quien, por cualquier medio, lance rumores falsos sobre la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, “ocasionando la perturbación del orden público”.
Pese a que los grupos legislativos del PAN y del PRD y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), cuestionaron la iniciativa por considerarla lesiva contra la libertad de expresión, y de representar un retroceso a la época de mayor represión en México contra los movimientos sociales de los años cincuenta y sesenta, ésta fue defendida por los priistas.
“Cuando la autoridad censura, no es digna de confianza”; “me afecta más la censura que los rumores”; “no a la censura, no a la regulación de internet”, rezaban los carteles que portaba un grupo de tuiteros que arribó al recinto legislativo para manifestar su rechazo a la reforma; y exigir la libertad de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, los dos cibernautas presos en el penal de Pacho Viejo.
Tanto el panista Fernando Yunes Márquez como el convergente Armando Méndez de la Luz, criticaron al mandatario estatal por tratar de “enmendar” el escándalo internacional provocado con la detención de los dos tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje, a través de esta reforma con la que pretende que salgan libres bajo caución.
Con esta reforma enviada por el titular del Ejecutivo se busca diferenciar entre una conducta delictiva de hecho, como lo es el delito de terrorismo, de otra que buscará penalizar la afirmación falsa que ocasione la perturbación del orden público efectivamente producida, señaló Méndez de la Luz.
Por su parte, Yunes Márquez, lamentó que las autoridades dieran por sentado que los detenidos son responsables del tipo penal propuesto, “sin siquiera haberse aprobado, pasando por encima de un Ministerio Público y de un juez”, ya que en un solo acto, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, “acusa, juzga y les da la salida bajo fianza”.
El dictamen “carece de todo sustento jurídico y técnica legislativa”, pues aunque asegura que no pretende penalizar el uso genérico de los medios de comunicación modernos, sí lo hace, “ya que la tipificación de este delito per se, significa un límite para la manifestación de las ideas y este límite ya está perfectamente regulado por la Constitución y penalizarlo es un exceso”.
En sus intervenciones los panistas, Francisco Lara Arano y Oscar Lara Hernández, pidieron a Duarte reconocer “su error” en el caso de los tuiteros presos y no utilizar al Congreso para aprobar una iniciativa de reforma que debió haber sido analizada con mayor profundidad a través de foros con la participación de la sociedad civil, investigadores y expertos en la materia.
En defensa, los priistas Carlos Amezcua, Karime Aguilar y Flavino Ríos argumentaron que la iniciativa de reforma no pretendía “coartar” la libertad de expresión, sino simplemente “regular” los falsos rumores, y que las críticas y comentarios se hagan con tolerancia, respeto y responsabilidad para no poner en riesgo la paz social de los veracruzanos.
Luego de su aprobación, integrantes de la Red Cívica Veracruzana y del Movimiento Tuiteros Libres, calificaron la reforma de un método autoritario que aplicará el gobierno del estado para perseguir a quienes expresen libremente sus ideas, por lo que no descartaron realizar movilizaciones de protesta contra la nueva ley.
Entre de protestas de tuiteros, el Congreso de Veracruz aprobó, en sesión extraordinaria, la reforma al Código Penal del estado mediante la cual se adicionó el delito de “perturbación al orden social” para castigar hasta con 4 años de prisión a quienes “difundan falsos rumores” a través de cualquier medio de comunicación.
Luego de casi hora y media de debate, con 33 votos a favor y 14 en contra el pleno aprobó la controvertida iniciativa de reforma enviada por el gobernador Javier Duarte apenas la semana pasada.
Con ello, se aplicará este delito contra quien, por cualquier medio, lance rumores falsos sobre la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, “ocasionando la perturbación del orden público”.
Pese a que los grupos legislativos del PAN y del PRD y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), cuestionaron la iniciativa por considerarla lesiva contra la libertad de expresión, y de representar un retroceso a la época de mayor represión en México contra los movimientos sociales de los años cincuenta y sesenta, ésta fue defendida por los priistas.
“Cuando la autoridad censura, no es digna de confianza”; “me afecta más la censura que los rumores”; “no a la censura, no a la regulación de internet”, rezaban los carteles que portaba un grupo de tuiteros que arribó al recinto legislativo para manifestar su rechazo a la reforma; y exigir la libertad de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, los dos cibernautas presos en el penal de Pacho Viejo.
Tanto el panista Fernando Yunes Márquez como el convergente Armando Méndez de la Luz, criticaron al mandatario estatal por tratar de “enmendar” el escándalo internacional provocado con la detención de los dos tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje, a través de esta reforma con la que pretende que salgan libres bajo caución.
Con esta reforma enviada por el titular del Ejecutivo se busca diferenciar entre una conducta delictiva de hecho, como lo es el delito de terrorismo, de otra que buscará penalizar la afirmación falsa que ocasione la perturbación del orden público efectivamente producida, señaló Méndez de la Luz.
Por su parte, Yunes Márquez, lamentó que las autoridades dieran por sentado que los detenidos son responsables del tipo penal propuesto, “sin siquiera haberse aprobado, pasando por encima de un Ministerio Público y de un juez”, ya que en un solo acto, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, “acusa, juzga y les da la salida bajo fianza”.
El dictamen “carece de todo sustento jurídico y técnica legislativa”, pues aunque asegura que no pretende penalizar el uso genérico de los medios de comunicación modernos, sí lo hace, “ya que la tipificación de este delito per se, significa un límite para la manifestación de las ideas y este límite ya está perfectamente regulado por la Constitución y penalizarlo es un exceso”.
En sus intervenciones los panistas, Francisco Lara Arano y Oscar Lara Hernández, pidieron a Duarte reconocer “su error” en el caso de los tuiteros presos y no utilizar al Congreso para aprobar una iniciativa de reforma que debió haber sido analizada con mayor profundidad a través de foros con la participación de la sociedad civil, investigadores y expertos en la materia.
En defensa, los priistas Carlos Amezcua, Karime Aguilar y Flavino Ríos argumentaron que la iniciativa de reforma no pretendía “coartar” la libertad de expresión, sino simplemente “regular” los falsos rumores, y que las críticas y comentarios se hagan con tolerancia, respeto y responsabilidad para no poner en riesgo la paz social de los veracruzanos.
Luego de su aprobación, integrantes de la Red Cívica Veracruzana y del Movimiento Tuiteros Libres, calificaron la reforma de un método autoritario que aplicará el gobierno del estado para perseguir a quienes expresen libremente sus ideas, por lo que no descartaron realizar movilizaciones de protesta contra la nueva ley.
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