La SCJN valida la constitucionalidad del precio único del libro en el país
Se trata de que las librerías grandes y pequeñas compitan en surtido y no en descuento, sostienen ministros
El máximo tribunal resolvió negar el amparo promovido por la empresa Costco
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer en votación dividida (seis votos a cinco) el precio único del libro, al considerar que la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro cumple con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura.
La mayoría se impuso al criterio de los ministros que anteponía la libre concurrencia y la libertad de comercio por encima de la intención del Congreso de imponer durante 18 meses, a partir de la edición del libro, su precio único como un medio fundamental para incentivar la lectura en el país y multiplicar las librerías a escala nacional.
La idea, consideró la mayoría, es facilitar el acceso equitativo al libro y que las librerías grandes y pequeñas compitan en servicio y surtido y no en el descuento, porque –consideraron– el dejar este mercado al libre juego de la oferta y la demanda favorece únicamente a las grandes librerías y establecimientos comerciales.
En este contexto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo –quien votó por negar el amparo a la empresa Costco, junto con Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cosío, Fernando Franco y Sergio Valls– dio a conocer que de acuerdo con datos de 2006, en el país había sólo 500 librerías, 40 por ciento de las cuales se ubicaban en el DF y que de 1996 a 2006 había desaparecido 43 por ciento de las librerías independientes.
No se coarta el derecho a la cultura
En favor de concederle el amparo a las quejosas votaron el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar –quien reculó de su postura original de validar el precio único–, Sergio Aguirre y Margarita Luna Ramos, que consideraron que la legislación impugnada viola los principios constitucionales de sana competencia y libre concurrencia, además de que favorece prácticas monopólicas.
Cuestionaron también la posibilidad de que el Estado establezca precios fijos, cuando la Constitución sólo permite fijar precios máximos.
Argumentaron que era contraproducente no permitir a las (grandes) librerías y a los establecimientos comerciales hacer descuentos en beneficio de los consumidores.
La posibilidad de que existan descuentos en el precio de los libros es una forma directa, en apoyo y fomento a la cultura, sostuvo el ministro presidente Juan N. Silva Meza.
La ministra instructora, Olga Sánchez Cordero señaló por su parte que el precio único de los libros nuevos no coarta el derecho a la cultura, al contrario, propicia que el lector acceda a textos diversos. Subrayó que el precio único es válido sólo por 18 meses y que pasado ese periodo, los libreros pueden aplicar los descuentos que quieran, lo que redundará en un menor precio.
Pardo Rebolledo aseveró que ante el dilema entre ofrecer un precio más económico al público mediante los descuentos, dejando correr libremente la oferta y la demanda y fijando condiciones de mercado de acuerdo con estas situaciones, yo entiendo que el legislador considera superior darle acceso a un mayor número de personas a puntos de venta y generalizar la oferta de libros en el territorio nacional. A mí la finalidad me parece legítima y atiende a un objetivo perfectamente válido y sostenible.
Una vez ratificada la constitucionalidad de la ley, el resto de amparos interpuestos también serán negados por la justicia federal.
Se trata de que las librerías grandes y pequeñas compitan en surtido y no en descuento, sostienen ministros
El máximo tribunal resolvió negar el amparo promovido por la empresa Costco
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer en votación dividida (seis votos a cinco) el precio único del libro, al considerar que la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro cumple con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura.
La mayoría se impuso al criterio de los ministros que anteponía la libre concurrencia y la libertad de comercio por encima de la intención del Congreso de imponer durante 18 meses, a partir de la edición del libro, su precio único como un medio fundamental para incentivar la lectura en el país y multiplicar las librerías a escala nacional.
La idea, consideró la mayoría, es facilitar el acceso equitativo al libro y que las librerías grandes y pequeñas compitan en servicio y surtido y no en el descuento, porque –consideraron– el dejar este mercado al libre juego de la oferta y la demanda favorece únicamente a las grandes librerías y establecimientos comerciales.
En este contexto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo –quien votó por negar el amparo a la empresa Costco, junto con Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cosío, Fernando Franco y Sergio Valls– dio a conocer que de acuerdo con datos de 2006, en el país había sólo 500 librerías, 40 por ciento de las cuales se ubicaban en el DF y que de 1996 a 2006 había desaparecido 43 por ciento de las librerías independientes.
No se coarta el derecho a la cultura
En favor de concederle el amparo a las quejosas votaron el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar –quien reculó de su postura original de validar el precio único–, Sergio Aguirre y Margarita Luna Ramos, que consideraron que la legislación impugnada viola los principios constitucionales de sana competencia y libre concurrencia, además de que favorece prácticas monopólicas.
Cuestionaron también la posibilidad de que el Estado establezca precios fijos, cuando la Constitución sólo permite fijar precios máximos.
Argumentaron que era contraproducente no permitir a las (grandes) librerías y a los establecimientos comerciales hacer descuentos en beneficio de los consumidores.
La posibilidad de que existan descuentos en el precio de los libros es una forma directa, en apoyo y fomento a la cultura, sostuvo el ministro presidente Juan N. Silva Meza.
La ministra instructora, Olga Sánchez Cordero señaló por su parte que el precio único de los libros nuevos no coarta el derecho a la cultura, al contrario, propicia que el lector acceda a textos diversos. Subrayó que el precio único es válido sólo por 18 meses y que pasado ese periodo, los libreros pueden aplicar los descuentos que quieran, lo que redundará en un menor precio.
Pardo Rebolledo aseveró que ante el dilema entre ofrecer un precio más económico al público mediante los descuentos, dejando correr libremente la oferta y la demanda y fijando condiciones de mercado de acuerdo con estas situaciones, yo entiendo que el legislador considera superior darle acceso a un mayor número de personas a puntos de venta y generalizar la oferta de libros en el territorio nacional. A mí la finalidad me parece legítima y atiende a un objetivo perfectamente válido y sostenible.
Una vez ratificada la constitucionalidad de la ley, el resto de amparos interpuestos también serán negados por la justicia federal.
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