Rubén Cortés
Llama la atención que tras la masacre de 52 personas en casino Royale, se impuso la línea de comunicación efectista de culpar a los casinos, y no que la matanza se produjo debido a que los dueños pagan derecho de piso al crimen porque la autoridad no les garantiza seguridad.
No prendió en la opinión pública el tema de fondo: que los comerciantes aceptan la extorsión en lugar de denunciar ante la autoridad, pues ésta no les garantiza la secrecía ni la eficacia debidas en las investigaciones.
Apenas el dos por ciento de las denuncias son investigados, ya que la PRG y las Procuradurías estatales carecen de capacidad, estrategias y técnicas para resolver los casos y están penetrados por los cárteles.
Y la autoridad llega a competir con el crimen en el saqueo. Reforma demostró ayer que mientras el alcalde panista Fernando Larrazabal encabeza en Monterrey una ofensiva contra los casinos, su hermano recibe pagos de las casas de apuestas.
De acuerdo con videos y fotografías, Manuel Jonás visitó casinos de la capital de Nuevo León y recibió fajos de billetes hasta por 400 mil pesos de un golpe, según él, por vender a los dueños queso oaxaca.
El alcalde debería renunciar, o en todo caso alguna marcha multitudinaria se lo tendrá que exigir, tal cual hizo una el domingo pasado para demandar que el gobernador priísta Rodrigo Medina deje el cargo por la matanza de casino Royale.
Pero como el alcalde es panista, la presión es menor a que si fuera priísta. Por ejemplo, el Presidente critica a los gobernadores que supuestamente no hacen su trabajo en cuestiones de seguridad, pero calla cuando uno la hace bien y con éxito.
Porque el mandatario no ha felicitado a Medina por su éxito de detener, en apenas tres días, a cinco de los criminales que participaron en el incendio del casino Royale, gracias a una buena pesquisa policiaca.
En ese sentido es que resulta notorio el sólido posicionamiento entre la opinión pública de que la masacre se debió a la existencia de casas de juego y no a la impunidad de la que goza el crimen organizado en más de la mitad del país.
El propio Rodrigo Medina propuso ayer reformas a nivel local y federal para impedir la instalación de más casinos porque “ha habido una proliferación excesiva de este tipo de negocios y el Estado debe plantar mecanismos legales para ordenarlos.
¿Pero de verdad la culpa es de los casinos? ¿Qué daño hace que, si les da la gana, las personas se diviertan con su dinero en una actividad legal?
No, no confundamos: lo importante aquí es que los comerciantes se dejan extorsionar por el crimen porque la autoridad no resuelve sus denuncias.
Llama la atención que tras la masacre de 52 personas en casino Royale, se impuso la línea de comunicación efectista de culpar a los casinos, y no que la matanza se produjo debido a que los dueños pagan derecho de piso al crimen porque la autoridad no les garantiza seguridad.
No prendió en la opinión pública el tema de fondo: que los comerciantes aceptan la extorsión en lugar de denunciar ante la autoridad, pues ésta no les garantiza la secrecía ni la eficacia debidas en las investigaciones.
Apenas el dos por ciento de las denuncias son investigados, ya que la PRG y las Procuradurías estatales carecen de capacidad, estrategias y técnicas para resolver los casos y están penetrados por los cárteles.
Y la autoridad llega a competir con el crimen en el saqueo. Reforma demostró ayer que mientras el alcalde panista Fernando Larrazabal encabeza en Monterrey una ofensiva contra los casinos, su hermano recibe pagos de las casas de apuestas.
De acuerdo con videos y fotografías, Manuel Jonás visitó casinos de la capital de Nuevo León y recibió fajos de billetes hasta por 400 mil pesos de un golpe, según él, por vender a los dueños queso oaxaca.
El alcalde debería renunciar, o en todo caso alguna marcha multitudinaria se lo tendrá que exigir, tal cual hizo una el domingo pasado para demandar que el gobernador priísta Rodrigo Medina deje el cargo por la matanza de casino Royale.
Pero como el alcalde es panista, la presión es menor a que si fuera priísta. Por ejemplo, el Presidente critica a los gobernadores que supuestamente no hacen su trabajo en cuestiones de seguridad, pero calla cuando uno la hace bien y con éxito.
Porque el mandatario no ha felicitado a Medina por su éxito de detener, en apenas tres días, a cinco de los criminales que participaron en el incendio del casino Royale, gracias a una buena pesquisa policiaca.
En ese sentido es que resulta notorio el sólido posicionamiento entre la opinión pública de que la masacre se debió a la existencia de casas de juego y no a la impunidad de la que goza el crimen organizado en más de la mitad del país.
El propio Rodrigo Medina propuso ayer reformas a nivel local y federal para impedir la instalación de más casinos porque “ha habido una proliferación excesiva de este tipo de negocios y el Estado debe plantar mecanismos legales para ordenarlos.
¿Pero de verdad la culpa es de los casinos? ¿Qué daño hace que, si les da la gana, las personas se diviertan con su dinero en una actividad legal?
No, no confundamos: lo importante aquí es que los comerciantes se dejan extorsionar por el crimen porque la autoridad no resuelve sus denuncias.
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