Jorge Fernández Menéndez
Este 19 de febrero se cumplirán cuatro años de que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, demandó por primera vez al Congreso que le dieran un marco orgánico a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Han pasado casi cuatro años y el instrumento que tendría que haber servido para ese fin, la Ley de Seguridad Nacional, sigue en la Cámara de Diputados sin ser analizada y votada por los legisladores.
Incluso la iniciativa ya aprobada desde hace año y medio por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados adolece de fallas graves que podrían dificultar aún más la acción de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales.
Cuando hoy las tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana (y, por segundo año consecutivo, de la Policía Federal), estén desfilando por el centro de la Ciudad de México, y en la mayoría de las ciudades del país, cuando estén presentes en esos actos cívicos los dirigentes partidarios, legislativos, los representantes de los Tres Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, habrá que recordar que ese mismo poder político ha regateado el sustento institucional, legal, al accionar de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada.
El miércoles, el general Galván volvió a abordar el tema. Resulta un poco desconcertante que se haya puesto tanto énfasis en los medios en el reconocimiento que hizo el secretario de la Defensa a las víctimas de esa lucha (sin equipararlo mediáticamente al énfasis que también se puso en las víctimas de las fuerzas de seguridad) y se haya ignorado la demanda de que el Congreso le dé “un marco legal que le otorgue certidumbre” al accionar de las fuerzas de seguridad. Pero, además, a la afirmación de que “nada que provenga del derecho podrá incomodar” a esas mismas fuerzas militares. En otras palabras, el secretario de la Defensa, durante cuarto año consecutivo, y en un discurso reiterado en muchas oportunidades y ante diferentes foros, en forma pública y privada, ha demandado algo que resulta básico para cualquier institución militar: que se establezcan las normas legales e institucionales de su accionar y, en este caso, además, asumiendo el compromiso de que, si se cumple con el derecho, la norma que sea aprobada por el Congreso será estrictamente cumplida por esas fuerzas.
Esas son las responsabilidades de la institución militar, pero desde el punto de vista político, también tendría que ser evidente que las normas para el cumplimiento de las labores constitucionales de las Fuerzas Armadas debería ser un objetivo ineludible de los Tres Poderes de la Unión. Una de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas es preservar la seguridad interior del país: en este momento, ningún desafío a esa seguridad interior es mayor que el que plantea la delincuencia organizada y ningún esfuerzo nacional es mayor que el combate a la misma. Cuando en el debate (que tampoco se termina de dar en forma pública) se omite esa obligación constitucional y se comienza a confundir, consciente o inconscientemente, la Ley de Seguridad Nacional con un instrumento autoritario o militarista, como una forma de violentar derechos humanos, políticos o civiles, se está faltando a la verdad.
Todo Estado nacional debe tener una legislación que establezca con claridad qué espera de sus fuerzas militares, qué marco legal quiere darle a su intervención y al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
En términos legales, los legisladores pueden establecer todos los candados que deseen a esa participación y al cumplimiento de esa responsabilidad, pero lo único que no pueden hacer, como lo están haciendo, es ignorarla. Se pude hablar, y qué bueno que así sea, de establecer mecanismos de la justicia civil para juzgar ciertos delitos que pudieran cometerse en el ámbito militar; se pueden establecer mecanismos rigurosos de respeto a los derechos humanos, civiles y políticos; mecanismos claros para actuar ante estados de excepción. Pero todo eso debe entrar en el marco de una Ley de Seguridad Nacional que atienda el desafío real de preservar la seguridad interior del país y la seguridad individual de los mexicanos. Cuando grupos, como el de Javier Sicilia, hablan de aprobar una ley de “seguridad humana”, en lugar de una de seguridad nacional, cabría preguntarse si la seguridad interior de una nación tendría que ser diferente que la preservación de la seguridad de sus integrantes. Y esa es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Hoy, cuando se les vea desfilar por las calles, cuando, como todo año, la ciudadanía se vuelque a ese encuentro anual, cuando desde tribunas y balcones las autoridades de todo tipo festejen esa suerte de comunión, el poder político y, en este caso en particular el legislativo, tendrían que asumir que están dejando a esas mismas fuerzas militares sin ningún amparo legal en su accionar cotidiano.
Este 19 de febrero se cumplirán cuatro años de que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, demandó por primera vez al Congreso que le dieran un marco orgánico a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Han pasado casi cuatro años y el instrumento que tendría que haber servido para ese fin, la Ley de Seguridad Nacional, sigue en la Cámara de Diputados sin ser analizada y votada por los legisladores.
Incluso la iniciativa ya aprobada desde hace año y medio por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados adolece de fallas graves que podrían dificultar aún más la acción de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales.
Cuando hoy las tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana (y, por segundo año consecutivo, de la Policía Federal), estén desfilando por el centro de la Ciudad de México, y en la mayoría de las ciudades del país, cuando estén presentes en esos actos cívicos los dirigentes partidarios, legislativos, los representantes de los Tres Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, habrá que recordar que ese mismo poder político ha regateado el sustento institucional, legal, al accionar de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada.
El miércoles, el general Galván volvió a abordar el tema. Resulta un poco desconcertante que se haya puesto tanto énfasis en los medios en el reconocimiento que hizo el secretario de la Defensa a las víctimas de esa lucha (sin equipararlo mediáticamente al énfasis que también se puso en las víctimas de las fuerzas de seguridad) y se haya ignorado la demanda de que el Congreso le dé “un marco legal que le otorgue certidumbre” al accionar de las fuerzas de seguridad. Pero, además, a la afirmación de que “nada que provenga del derecho podrá incomodar” a esas mismas fuerzas militares. En otras palabras, el secretario de la Defensa, durante cuarto año consecutivo, y en un discurso reiterado en muchas oportunidades y ante diferentes foros, en forma pública y privada, ha demandado algo que resulta básico para cualquier institución militar: que se establezcan las normas legales e institucionales de su accionar y, en este caso, además, asumiendo el compromiso de que, si se cumple con el derecho, la norma que sea aprobada por el Congreso será estrictamente cumplida por esas fuerzas.
Esas son las responsabilidades de la institución militar, pero desde el punto de vista político, también tendría que ser evidente que las normas para el cumplimiento de las labores constitucionales de las Fuerzas Armadas debería ser un objetivo ineludible de los Tres Poderes de la Unión. Una de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas es preservar la seguridad interior del país: en este momento, ningún desafío a esa seguridad interior es mayor que el que plantea la delincuencia organizada y ningún esfuerzo nacional es mayor que el combate a la misma. Cuando en el debate (que tampoco se termina de dar en forma pública) se omite esa obligación constitucional y se comienza a confundir, consciente o inconscientemente, la Ley de Seguridad Nacional con un instrumento autoritario o militarista, como una forma de violentar derechos humanos, políticos o civiles, se está faltando a la verdad.
Todo Estado nacional debe tener una legislación que establezca con claridad qué espera de sus fuerzas militares, qué marco legal quiere darle a su intervención y al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
En términos legales, los legisladores pueden establecer todos los candados que deseen a esa participación y al cumplimiento de esa responsabilidad, pero lo único que no pueden hacer, como lo están haciendo, es ignorarla. Se pude hablar, y qué bueno que así sea, de establecer mecanismos de la justicia civil para juzgar ciertos delitos que pudieran cometerse en el ámbito militar; se pueden establecer mecanismos rigurosos de respeto a los derechos humanos, civiles y políticos; mecanismos claros para actuar ante estados de excepción. Pero todo eso debe entrar en el marco de una Ley de Seguridad Nacional que atienda el desafío real de preservar la seguridad interior del país y la seguridad individual de los mexicanos. Cuando grupos, como el de Javier Sicilia, hablan de aprobar una ley de “seguridad humana”, en lugar de una de seguridad nacional, cabría preguntarse si la seguridad interior de una nación tendría que ser diferente que la preservación de la seguridad de sus integrantes. Y esa es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Hoy, cuando se les vea desfilar por las calles, cuando, como todo año, la ciudadanía se vuelque a ese encuentro anual, cuando desde tribunas y balcones las autoridades de todo tipo festejen esa suerte de comunión, el poder político y, en este caso en particular el legislativo, tendrían que asumir que están dejando a esas mismas fuerzas militares sin ningún amparo legal en su accionar cotidiano.
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