Apro
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, encargada de Relaciones Públicas de la revista Contralínea y periodista independiente, respectivamente, ocurrido ayer en la Ciudad de México, y exhortó a las autoridades competentes a agotar todas las líneas de investigación desde una perspectiva de género y las relacionadas con su actividad periodística.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) para que se realicen las investigaciones en apego a estándares internacionales de derechos humanos y para que se brinde seguridad al personal de la revista Contralínea.
En un comunicado, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, aseguró que los crímenes “agravian profundamente al gremio periodístico mexicano, cuyo reclamo de eficacia a las varias instancias oficiales destinadas a brindarles protección y seguridad, tienen vigencia y legitimidad indiscutibles”.
Resaltó que con los crímenes de Yarce y González, ocho periodistas han sido asesinados en 2011, y desde el 2000, es decir en los gobiernos panistas, 74 comunicadores han sido ejecutados.
Recordó que en sus respectivos informes y recomendaciones a México tras su visita al país el año pasado, los relatores especiales para la libertad de expresión, Frank La Rue, de la ONU, y Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtieron que “independientemente de sus múltiples móviles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación”.
Tras solidarizarse con los familiares de las víctimas, Hernández Valencia instó a las autoridades competentes, en este caso, la Procuraduría capitalina, a agotar las líneas de investigación, “con una adecuada perspectiva de género, incluyendo particularmente aquellas que se relacionen con su actividad periodística, con el objetivo de capturar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables”.
El representante hizo un llamado a la ciudadanía a “unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresión en contra de las y los comunicadores sociales, cuya victimización constituye, además, un gravísimo atentado contra la libertad de expresión”.
En un comunicado, la CDHDF explicó que a la Procuraduría capitalina y al Tribunal Superior de Justicia local les ha solicitado que “las diligencias de investigación se realicen conforme a las reglas del debido proceso”, y sugirió que la necroscopia se lleve a cabo conforme el Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violaciones a a Derechos Humanos, seguido por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A las instituciones gubernamentales el organismo público pidió que “se asegure que el personal encargado de la obtención, preservación y cadena de custodia de la evidencia asociada, se cerciore que la misma sea preservada en estricto apego por lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales vigente”.
Asimismo, recomendó agotar las líneas de investigación, entre ellas la de índole laboral, y pidió que “previo acuerdo, libre e informado, con las y los integrantes y colaboradores de la revista Contralínea, se implementen las medidas de protección idónea y necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de los mismos”.
Al repudio por los crímenes, la solidaridad con los familiares de las periodistas, así como la exigencia del esclarecimiento pleno se sumaron las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Article 19 que tienen su sede en Londres.
AI destacó que “el patrón de violencia y hostigamiento contra periodistas en México es preocupante, ya que las medidas tomadas para prevenir, investigar y sancionar estas agresiones han sido, en la gran mayoría e los casos, ineficaces, lo cual ha contribuido a generar un clima de impunidad”.
La organización humanitaria coincidió con la oficina de la ONU en México de que el género de las periodistas debe ser tomado en cuenta al momento de realizar las indagatorias, toda vez que “en México, la violencia contra la mujer y la impunidad siguen siendo generalizadas”.
Amnistía apuntó que “la posibilidad de que estas mujeres periodistas hayan sido secuestradas y brutalmente asesinadas por razón de su género es alarmante y es un recordatorio a las autoridades del muy limitado impacto de las políticas anunciadas para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”.
Mientras, Article 19, recordó que el último registro del homicidio de un periodista en la Ciudad de México es el de José Manuel Nava, exdirector del diario Excélsior, quien murió tras ser atacado en su domicilio en noviembre de 2006.
La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió al gobierno de Marcelo Ebrard y al procurador capitalino Miguel Ángel Mancera que “realicen una investigación expedita que permita dar con los responsables de los hechos y que no se descarte ninguna línea de investigación, incluida la del desempeño profesional de ambas comunicadoras”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, encargada de Relaciones Públicas de la revista Contralínea y periodista independiente, respectivamente, ocurrido ayer en la Ciudad de México, y exhortó a las autoridades competentes a agotar todas las líneas de investigación desde una perspectiva de género y las relacionadas con su actividad periodística.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) para que se realicen las investigaciones en apego a estándares internacionales de derechos humanos y para que se brinde seguridad al personal de la revista Contralínea.
En un comunicado, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, aseguró que los crímenes “agravian profundamente al gremio periodístico mexicano, cuyo reclamo de eficacia a las varias instancias oficiales destinadas a brindarles protección y seguridad, tienen vigencia y legitimidad indiscutibles”.
Resaltó que con los crímenes de Yarce y González, ocho periodistas han sido asesinados en 2011, y desde el 2000, es decir en los gobiernos panistas, 74 comunicadores han sido ejecutados.
Recordó que en sus respectivos informes y recomendaciones a México tras su visita al país el año pasado, los relatores especiales para la libertad de expresión, Frank La Rue, de la ONU, y Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtieron que “independientemente de sus múltiples móviles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación”.
Tras solidarizarse con los familiares de las víctimas, Hernández Valencia instó a las autoridades competentes, en este caso, la Procuraduría capitalina, a agotar las líneas de investigación, “con una adecuada perspectiva de género, incluyendo particularmente aquellas que se relacionen con su actividad periodística, con el objetivo de capturar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables”.
El representante hizo un llamado a la ciudadanía a “unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresión en contra de las y los comunicadores sociales, cuya victimización constituye, además, un gravísimo atentado contra la libertad de expresión”.
En un comunicado, la CDHDF explicó que a la Procuraduría capitalina y al Tribunal Superior de Justicia local les ha solicitado que “las diligencias de investigación se realicen conforme a las reglas del debido proceso”, y sugirió que la necroscopia se lleve a cabo conforme el Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violaciones a a Derechos Humanos, seguido por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A las instituciones gubernamentales el organismo público pidió que “se asegure que el personal encargado de la obtención, preservación y cadena de custodia de la evidencia asociada, se cerciore que la misma sea preservada en estricto apego por lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales vigente”.
Asimismo, recomendó agotar las líneas de investigación, entre ellas la de índole laboral, y pidió que “previo acuerdo, libre e informado, con las y los integrantes y colaboradores de la revista Contralínea, se implementen las medidas de protección idónea y necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de los mismos”.
Al repudio por los crímenes, la solidaridad con los familiares de las periodistas, así como la exigencia del esclarecimiento pleno se sumaron las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Article 19 que tienen su sede en Londres.
AI destacó que “el patrón de violencia y hostigamiento contra periodistas en México es preocupante, ya que las medidas tomadas para prevenir, investigar y sancionar estas agresiones han sido, en la gran mayoría e los casos, ineficaces, lo cual ha contribuido a generar un clima de impunidad”.
La organización humanitaria coincidió con la oficina de la ONU en México de que el género de las periodistas debe ser tomado en cuenta al momento de realizar las indagatorias, toda vez que “en México, la violencia contra la mujer y la impunidad siguen siendo generalizadas”.
Amnistía apuntó que “la posibilidad de que estas mujeres periodistas hayan sido secuestradas y brutalmente asesinadas por razón de su género es alarmante y es un recordatorio a las autoridades del muy limitado impacto de las políticas anunciadas para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”.
Mientras, Article 19, recordó que el último registro del homicidio de un periodista en la Ciudad de México es el de José Manuel Nava, exdirector del diario Excélsior, quien murió tras ser atacado en su domicilio en noviembre de 2006.
La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió al gobierno de Marcelo Ebrard y al procurador capitalino Miguel Ángel Mancera que “realicen una investigación expedita que permita dar con los responsables de los hechos y que no se descarte ninguna línea de investigación, incluida la del desempeño profesional de ambas comunicadoras”.
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