Álvaro Delgado
En medio del empeño de Felipe Calderón por instaurar en México un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es conculcar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales, emergen indicios de un fenómeno siniestro: Los escuadrones de la muerte.
Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo.
Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.
En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México.
“Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre.
“Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad (Los Zetas) no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.
Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros. Los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”.
En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.
Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.
Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación.
En otros lugares de México hay tentaciones, si no es que se han materializado ya, de conformar grupos armados de autoprotección, en una lógica que parece desconocer que el paramilitarismo sólo propicia una mayor escalada de violencia y arrebata sobre todo la vida de inocentes.
Por la semejanzas con Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños.
Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.
Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas.
Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destazaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del expresidente Alvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.
Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.
La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…
Apuntes
Y no hay que olvidarlo: Está documentado que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual presidente de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato –uno más– de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde no gobierna un tal Egidio Torre Cantú, sino los criminales…
En medio del empeño de Felipe Calderón por instaurar en México un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es conculcar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales, emergen indicios de un fenómeno siniestro: Los escuadrones de la muerte.
Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo.
Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.
En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México.
“Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre.
“Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad (Los Zetas) no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.
Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros. Los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”.
En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.
Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.
Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación.
En otros lugares de México hay tentaciones, si no es que se han materializado ya, de conformar grupos armados de autoprotección, en una lógica que parece desconocer que el paramilitarismo sólo propicia una mayor escalada de violencia y arrebata sobre todo la vida de inocentes.
Por la semejanzas con Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños.
Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.
Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas.
Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destazaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del expresidente Alvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.
Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.
La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…
Apuntes
Y no hay que olvidarlo: Está documentado que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual presidente de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato –uno más– de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde no gobierna un tal Egidio Torre Cantú, sino los criminales…
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