José Gil Olmos
Una percepción que se ha ido extendiendo con el paso de los días y con la creciente violencia es que las elecciones del próximo año podrían ser violentadas por el crimen organizado y, con ello, se podría poner en riesgo la realización de las mismas en muchas zonas del país, donde ni siquiera se podrán instalar las casillas de votación.
Esta percepción social tiene sus bases si tomamos en cuenta varios factores, por ejemplo los secuestros en Michoacán de encuestadores de dos empresas importantes –Consulta Mitofsky y Parametría–, así como de los vendedores de espacios publicitarios de Sección Amarilla, hace apenas unas semanas; pero también la imposibilidad que tuvieron los encargados de levantar las encuestas por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el año pasado y las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) este mismo 2011.
La alta inseguridad que existe en regiones de estados importantes como Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Baja California, Guerrero, Veracruz y Coahuila es evidente, pues en ellas se concentra más de 70% de los 50 mil muertos que se tienen registrados a lo largo de la guerra contra el narcotráfico. Esto sin contar los miles de desaparecidos y desplazados por la bandas criminales que han hecho del miedo y el terror su privilegio del poder.
Los partidos políticos ya han empezado a diseñar nuevas formas de hacer campaña en estas zonas. Ya no será la vieja forma de “campaña por tierra” que por años realizaban los candidatos, sino “aéreas”, es decir, a través de radio, televisión y las redes sociales.
Las dirigencias de estos partidos seguramente ya tienen detectadas las zonas de alto riesgo donde no podrán entrar buscando el voto del electorado local. Regiones controladas totalmente por el crimen organizado.
La señal más clara de esta grave situación ya la ha mostrado el Instituto Federal Electoral (IFE) este miércoles 7, cuando pidió públicamente la presencia del Ejército para acompañar a los capacitadores, encargados de instruir a los ciudadanos que participarán en el proceso electoral como funcionarios de casilla.
El IFE dio a conocer medidas de seguridad para sus funcionarios –mujeres y hombres– que sólo podrán ingresar a ciertas zonas acompañados de soldados fuertemente armados.
Sin embargo, estas medidas no garantizan que se puedan instalar las casillas en estas regiones controladas por las bandas criminales y que se puedan llevar a cabo ahí las elecciones, lo cual afectará en el resultado final del proceso electoral.
La situación es grave por sí misma, pero sobre todo porque la última elección presidencial se definió por un estrecho porcentaje de 0.5% de la votación general y, si no hay comicios por razones de seguridad, entonces esto podría afectar el resultado por la baja participación ciudadana.
Bajo este contexto, las elecciones del 2012 podrían resultar las más violentas en muchos años y marcar con sangre el inicio de una nueva administración federal.
Una percepción que se ha ido extendiendo con el paso de los días y con la creciente violencia es que las elecciones del próximo año podrían ser violentadas por el crimen organizado y, con ello, se podría poner en riesgo la realización de las mismas en muchas zonas del país, donde ni siquiera se podrán instalar las casillas de votación.
Esta percepción social tiene sus bases si tomamos en cuenta varios factores, por ejemplo los secuestros en Michoacán de encuestadores de dos empresas importantes –Consulta Mitofsky y Parametría–, así como de los vendedores de espacios publicitarios de Sección Amarilla, hace apenas unas semanas; pero también la imposibilidad que tuvieron los encargados de levantar las encuestas por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el año pasado y las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) este mismo 2011.
La alta inseguridad que existe en regiones de estados importantes como Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Baja California, Guerrero, Veracruz y Coahuila es evidente, pues en ellas se concentra más de 70% de los 50 mil muertos que se tienen registrados a lo largo de la guerra contra el narcotráfico. Esto sin contar los miles de desaparecidos y desplazados por la bandas criminales que han hecho del miedo y el terror su privilegio del poder.
Los partidos políticos ya han empezado a diseñar nuevas formas de hacer campaña en estas zonas. Ya no será la vieja forma de “campaña por tierra” que por años realizaban los candidatos, sino “aéreas”, es decir, a través de radio, televisión y las redes sociales.
Las dirigencias de estos partidos seguramente ya tienen detectadas las zonas de alto riesgo donde no podrán entrar buscando el voto del electorado local. Regiones controladas totalmente por el crimen organizado.
La señal más clara de esta grave situación ya la ha mostrado el Instituto Federal Electoral (IFE) este miércoles 7, cuando pidió públicamente la presencia del Ejército para acompañar a los capacitadores, encargados de instruir a los ciudadanos que participarán en el proceso electoral como funcionarios de casilla.
El IFE dio a conocer medidas de seguridad para sus funcionarios –mujeres y hombres– que sólo podrán ingresar a ciertas zonas acompañados de soldados fuertemente armados.
Sin embargo, estas medidas no garantizan que se puedan instalar las casillas en estas regiones controladas por las bandas criminales y que se puedan llevar a cabo ahí las elecciones, lo cual afectará en el resultado final del proceso electoral.
La situación es grave por sí misma, pero sobre todo porque la última elección presidencial se definió por un estrecho porcentaje de 0.5% de la votación general y, si no hay comicios por razones de seguridad, entonces esto podría afectar el resultado por la baja participación ciudadana.
Bajo este contexto, las elecciones del 2012 podrían resultar las más violentas en muchos años y marcar con sangre el inicio de una nueva administración federal.
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