Ah-Muán Iruegas especial para RMX
El décimo aniversario de los crímenes del 11 de septiembre de 2001, prácticamente coincide con el anuncio del presidente Calderón sobre la llegada del terrorismo a México, luego del ataque al Casino Royale en Monterrey. Tengo mis reservas sobre el criterio presidencial en materia de terrorismo, pero creo que si se toman estos dos acontecimientos en su propia dimensión, puede resultar productivo hacer algunas comparaciones entre ambos.
En el caso de EUA, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contaba con información acerca de tres de los 19 atacantes del 11 de septiembre del 2001, cerca de veinte meses antes de esa fecha. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad contaba con datos que vinculaban al menos a uno de los secuestradores con la red Al Qaeda, pero no se lo informó al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esta agencia, por su parte, identificó personas que provenían de Medio Oriente, los que sospechosamente tomaban todos clases de aviación. Pero no se vincularon estos tres elementos, aunque los aparatos de seguridad estadounidenses tuvieron el mérito de colectar la información. Fallaron en Estados Unidos los análisis de inteligencia y las relaciones inter-institucionales; pagaron por ello un precio histórico.
En el caso mexicano, las autoridades tampoco pudieron prevenir el ataque, aunque aun falta por revelarse si contaban con datos que no vincularon –como les sucedió a los estadounidenses- o si simplemente no sabían nada de nada. Además, las “autoridades” –al menos a nivel municipal en Monterrey- pueden haber estado coludidas o realizar sus propias extorsiones a los dueños de casinos, lo que muestra realidades totalmente distintas en cuanto a la fortaleza del derecho y el Estado en ambos países.
En los Estados Unidos, luego de los ataques, diversos componentes de su Estado –incluyendo a su población en gran medida- se unieron alrededor de la figura y las políticas guerreras de su presidente. Se restringieron derechos y libertades en Estados Unidos, se creo una amplia infraestructura burocrática y luego de 10 años y de múltiples acusaciones de violar derechos humanos, consiguen capturar y ejecutar al lider enemigo, Osama bin Laden.
Las autoridades mexicanas también mostraron una cierta eficacia a posteriori: capturaron a los atacantes al casino. Y no se tardaron diez años, sino menos de una semana. Guardando las proporciones, en esto las autoridades mexicanas actuaron bien. Sin embargo, en conjunto su actuación es totalmente insuficiente.
En Estados Unidos hubo unidad del Estado como respuesta ante el terrorismo. En el caso mexicano no se está viendo tal unidad -haya o no terrorismo, a juicio de los puristas. En el Congreso parecen prestos a no aprobar diversas leyes, atendiendo cálculos electorales (dudo que haya una Patriot Act mexicana). El Ejecutivo se manifiesta en contra de los jueces y el Consejo de la Judicatura del poder judicial habla de inestabilidad. Se excede el Consejo de la Judicatura en esto a juicio de muchos, pero aquí el juicio que más importa es el del Poder Judicial.
Para los EUA el 11 de septiembre es un hito en su historia: marca el inicio de su guerra contra el terrorismo, inician dos guerras en Irak y Afganistán -lo cual lleva al gasto de 4 billones de dólares y contribuye al déficit que tienen hoy. Para algunos señala el comienzo del declive en que hoy se encuentra el viejo imperio.
Para evaluar si un acontecimiento tiene o no importancia mundial, es útil distinguir si modifica o no la agenda internacional. El 11 de septiembre lo hizo pues a raíz de los ataques, EUA impuso al mundo las prioridades de su guerra contra el terrorismo. Desde luego, el ataque en Monterrey no afecta en absoluto la agenda internacional; pero la agenda nacional sí parece estarse modificando, al menos en dos aspectos.
En primer lugar, el ataque de Monterrey marca un cambio en la postura presidencial mexicana frente a los Estados Unidos, pues a raíz del ataque al Casino Royale, Calderón introduce y sugiere a los Estados Unidos la opción de legalizar parte del mercado de las drogas. Aunque el presidente hizo básicamente una insinuación al gobierno de los Estados Unidos y no desarrolló el tema, la sugerencia fue clara.
El ataque de Monterrey también marca el inicio de protestas sociales de relevancia ocurridas en esa ciudad. Se reportó por Radio Educación y Milenio Televisión que luego del atentado se dio en Monterrey una protesta ante el palacio de gobierno, donde mediante redes sociales se reunieron unas dos mil personas. Esta movilización constituye la principal protesta popular espontánea que en México utiliza, para una manifestación democrática, las tácticas que han tenido éxito en las revoluciones de Túnez, Egipto y otros países: movilizaciones sin liderazgo visible, con personas que usan su nueva, barata y eficiente arma: los teléfonos celulares y el internet. En Monterrey exigían seguridad, la renuncia del alcalde, la del gobernador y pretendieron forzar la puerta del palacio de gobierno para sacar de allí objetos pertenecientes al ejecutivo estatal, queriendo simbolizar con ello su despido. Otros más pidieron la renuncia del presidente Calderón. Algunos fueron reprimidos, pero se reunieron de nuevo, por segunda vez, a la semana siguiente.
Más allá de esto, el problema mexicano se está ubicando a mi juicio al nivel del Estado en lo general. El Estado mexicano hoy no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, que es la función principal de un Estado. No tiene el monopolio de la violencia, característico de cualquier Estado, pues se lo arrebatan diariamente los delincuentes –aunque es violencia ilegítima. Como ninguno de los tres niveles de gobierno controlan el problema de la inseguridad -ni juntos ni separados-, el federalismo mexicano está mostrando también problemas. El sistema de procuración de justicia es inservible en muchos estados; al Poder Judicial lo denuncia el propio presidente Calderón…
La situación es tan grave como parece. El propio presidente da por momentos la impresión de estar perdiendo el control del país… como el día del ataque al Casino Royale.
Por todo lo expuesto, no es seguro siquiera que para garantizar la seguridad de la población funcione un simple cambio de la estrategia gubernamental –en el remoto caso de que Calderón aceptara modificar su estrategia. Esto, dado que las instituciones estatales que pueden llevar a cabo la estrategia actual o cualquier otra en caso de que se decida cambiarla, no han mostrado funcionar aceptablemente. Y si el problema son las instituciones, la cuestión de la estrategia palidece, pues ninguna estrategia funcionará si no hay los elementos institucionales para echarla a andar. Eso requeriría cirugías mayores.
No creo que las fuerzas políticas mexicanas se unan alrededor de Calderón; tampoco que se reúnan con él y realicen un trade-off aceptable para todos. Me temo que van a dejar que Calderón se termine de hundir; pero cuando el 1 de diciembre de 2012 llegue a la superficie la última burbuja del sexenio, habrá que ver en qué condiciones se encuentra el Estado mexicano, independientemente de qué partido gobierne entonces. Por múltiples razones, en México las propias fuerzas políticas no están promoviendo una mayor fortaleza del Estado, en momentos en que ésta se requiere urgentemente. Al menos en términos de seguridad y combate al terrorismo, el debilitamiento del Estado no es en absoluto lo más aconsejable.
El décimo aniversario de los crímenes del 11 de septiembre de 2001, prácticamente coincide con el anuncio del presidente Calderón sobre la llegada del terrorismo a México, luego del ataque al Casino Royale en Monterrey. Tengo mis reservas sobre el criterio presidencial en materia de terrorismo, pero creo que si se toman estos dos acontecimientos en su propia dimensión, puede resultar productivo hacer algunas comparaciones entre ambos.
En el caso de EUA, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contaba con información acerca de tres de los 19 atacantes del 11 de septiembre del 2001, cerca de veinte meses antes de esa fecha. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad contaba con datos que vinculaban al menos a uno de los secuestradores con la red Al Qaeda, pero no se lo informó al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esta agencia, por su parte, identificó personas que provenían de Medio Oriente, los que sospechosamente tomaban todos clases de aviación. Pero no se vincularon estos tres elementos, aunque los aparatos de seguridad estadounidenses tuvieron el mérito de colectar la información. Fallaron en Estados Unidos los análisis de inteligencia y las relaciones inter-institucionales; pagaron por ello un precio histórico.
En el caso mexicano, las autoridades tampoco pudieron prevenir el ataque, aunque aun falta por revelarse si contaban con datos que no vincularon –como les sucedió a los estadounidenses- o si simplemente no sabían nada de nada. Además, las “autoridades” –al menos a nivel municipal en Monterrey- pueden haber estado coludidas o realizar sus propias extorsiones a los dueños de casinos, lo que muestra realidades totalmente distintas en cuanto a la fortaleza del derecho y el Estado en ambos países.
En los Estados Unidos, luego de los ataques, diversos componentes de su Estado –incluyendo a su población en gran medida- se unieron alrededor de la figura y las políticas guerreras de su presidente. Se restringieron derechos y libertades en Estados Unidos, se creo una amplia infraestructura burocrática y luego de 10 años y de múltiples acusaciones de violar derechos humanos, consiguen capturar y ejecutar al lider enemigo, Osama bin Laden.
Las autoridades mexicanas también mostraron una cierta eficacia a posteriori: capturaron a los atacantes al casino. Y no se tardaron diez años, sino menos de una semana. Guardando las proporciones, en esto las autoridades mexicanas actuaron bien. Sin embargo, en conjunto su actuación es totalmente insuficiente.
En Estados Unidos hubo unidad del Estado como respuesta ante el terrorismo. En el caso mexicano no se está viendo tal unidad -haya o no terrorismo, a juicio de los puristas. En el Congreso parecen prestos a no aprobar diversas leyes, atendiendo cálculos electorales (dudo que haya una Patriot Act mexicana). El Ejecutivo se manifiesta en contra de los jueces y el Consejo de la Judicatura del poder judicial habla de inestabilidad. Se excede el Consejo de la Judicatura en esto a juicio de muchos, pero aquí el juicio que más importa es el del Poder Judicial.
Para los EUA el 11 de septiembre es un hito en su historia: marca el inicio de su guerra contra el terrorismo, inician dos guerras en Irak y Afganistán -lo cual lleva al gasto de 4 billones de dólares y contribuye al déficit que tienen hoy. Para algunos señala el comienzo del declive en que hoy se encuentra el viejo imperio.
Para evaluar si un acontecimiento tiene o no importancia mundial, es útil distinguir si modifica o no la agenda internacional. El 11 de septiembre lo hizo pues a raíz de los ataques, EUA impuso al mundo las prioridades de su guerra contra el terrorismo. Desde luego, el ataque en Monterrey no afecta en absoluto la agenda internacional; pero la agenda nacional sí parece estarse modificando, al menos en dos aspectos.
En primer lugar, el ataque de Monterrey marca un cambio en la postura presidencial mexicana frente a los Estados Unidos, pues a raíz del ataque al Casino Royale, Calderón introduce y sugiere a los Estados Unidos la opción de legalizar parte del mercado de las drogas. Aunque el presidente hizo básicamente una insinuación al gobierno de los Estados Unidos y no desarrolló el tema, la sugerencia fue clara.
El ataque de Monterrey también marca el inicio de protestas sociales de relevancia ocurridas en esa ciudad. Se reportó por Radio Educación y Milenio Televisión que luego del atentado se dio en Monterrey una protesta ante el palacio de gobierno, donde mediante redes sociales se reunieron unas dos mil personas. Esta movilización constituye la principal protesta popular espontánea que en México utiliza, para una manifestación democrática, las tácticas que han tenido éxito en las revoluciones de Túnez, Egipto y otros países: movilizaciones sin liderazgo visible, con personas que usan su nueva, barata y eficiente arma: los teléfonos celulares y el internet. En Monterrey exigían seguridad, la renuncia del alcalde, la del gobernador y pretendieron forzar la puerta del palacio de gobierno para sacar de allí objetos pertenecientes al ejecutivo estatal, queriendo simbolizar con ello su despido. Otros más pidieron la renuncia del presidente Calderón. Algunos fueron reprimidos, pero se reunieron de nuevo, por segunda vez, a la semana siguiente.
Más allá de esto, el problema mexicano se está ubicando a mi juicio al nivel del Estado en lo general. El Estado mexicano hoy no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, que es la función principal de un Estado. No tiene el monopolio de la violencia, característico de cualquier Estado, pues se lo arrebatan diariamente los delincuentes –aunque es violencia ilegítima. Como ninguno de los tres niveles de gobierno controlan el problema de la inseguridad -ni juntos ni separados-, el federalismo mexicano está mostrando también problemas. El sistema de procuración de justicia es inservible en muchos estados; al Poder Judicial lo denuncia el propio presidente Calderón…
La situación es tan grave como parece. El propio presidente da por momentos la impresión de estar perdiendo el control del país… como el día del ataque al Casino Royale.
Por todo lo expuesto, no es seguro siquiera que para garantizar la seguridad de la población funcione un simple cambio de la estrategia gubernamental –en el remoto caso de que Calderón aceptara modificar su estrategia. Esto, dado que las instituciones estatales que pueden llevar a cabo la estrategia actual o cualquier otra en caso de que se decida cambiarla, no han mostrado funcionar aceptablemente. Y si el problema son las instituciones, la cuestión de la estrategia palidece, pues ninguna estrategia funcionará si no hay los elementos institucionales para echarla a andar. Eso requeriría cirugías mayores.
No creo que las fuerzas políticas mexicanas se unan alrededor de Calderón; tampoco que se reúnan con él y realicen un trade-off aceptable para todos. Me temo que van a dejar que Calderón se termine de hundir; pero cuando el 1 de diciembre de 2012 llegue a la superficie la última burbuja del sexenio, habrá que ver en qué condiciones se encuentra el Estado mexicano, independientemente de qué partido gobierne entonces. Por múltiples razones, en México las propias fuerzas políticas no están promoviendo una mayor fortaleza del Estado, en momentos en que ésta se requiere urgentemente. Al menos en términos de seguridad y combate al terrorismo, el debilitamiento del Estado no es en absoluto lo más aconsejable.
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