Apro
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal local que penaliza de seis meses a dos años de cárcel a quien difunda falsa alarma (“rumores”) vía telefónica o redes sociales que provoquen movilización, pánico y caos social.
Igualmente, se castigará hasta con 20 años de prisión a pederastas, con 16 a violadores, y a quien cometa el delito de estupro se le aplicará prisión de hasta seis años, mientras quien provoque esterilidad, mediante un procedimiento quirúrgico sin consentimiento de la persona, recibirá castigo de cuatro a ocho años de prisión.
También se tipificó como delito las llamadas o avisos falsos a los servicios de alarma o emergencia, ante los altos índices de llamadas engañosas que provocan pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo en perjuicio de quienes realmente requieren ese apoyo.
Ahora, quien difunda “rumores” vía telefónica o redes sociales, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa.
En mayo pasado, el gobierno de estado había anunciado que se tipificaría como delito y se castigaría con cárcel a quienes por medio del Twitter y Facebook estaban creando rumores en esas fechas.
Sin embargo, abogados tabasqueños alertaron que una mala interpretación o aplicación de este nuevo ordenamiento jurídico para frenar el “rumor”, podría frenar la libertad de expresión o bien provocar persecución política.
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal local que penaliza de seis meses a dos años de cárcel a quien difunda falsa alarma (“rumores”) vía telefónica o redes sociales que provoquen movilización, pánico y caos social.
Igualmente, se castigará hasta con 20 años de prisión a pederastas, con 16 a violadores, y a quien cometa el delito de estupro se le aplicará prisión de hasta seis años, mientras quien provoque esterilidad, mediante un procedimiento quirúrgico sin consentimiento de la persona, recibirá castigo de cuatro a ocho años de prisión.
También se tipificó como delito las llamadas o avisos falsos a los servicios de alarma o emergencia, ante los altos índices de llamadas engañosas que provocan pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo en perjuicio de quienes realmente requieren ese apoyo.
Ahora, quien difunda “rumores” vía telefónica o redes sociales, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa.
En mayo pasado, el gobierno de estado había anunciado que se tipificaría como delito y se castigaría con cárcel a quienes por medio del Twitter y Facebook estaban creando rumores en esas fechas.
Sin embargo, abogados tabasqueños alertaron que una mala interpretación o aplicación de este nuevo ordenamiento jurídico para frenar el “rumor”, podría frenar la libertad de expresión o bien provocar persecución política.
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