Apro
Los cinco detenidos por el incendio en el casino Royale, de Monterrey, Nuevo León, que causó la muerte de 52 personas, afirmaron que el objetivo no era la gente, sino dar un escarmiento a los propietarios de la negociación, sin embargo, admitieron que todo se les “salió de control”.
Lo anterior fue revelado por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz durante la presentación de los cinco detenidos confesos del atentado, quienes portaban chalecos anaranjados grabados con la palabra “detenidos”.
Durante la conferencia realizada en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se confirmó que los detenidos son miembros del grupo criminal Los Zetas y que utilizaron gasolina para provocar el incendio.
El procurador de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, informó que en el incendio participaron, por lo menos, 12 personas, las cuales ya han sido identificadas, por lo que confió en que en breve serán capturadas.
En cuanto a los detenidos, precisó que serán arraigados y procesados por el delito de homicidio.
De la Garza Santos afirmó que en el video donde se grabó el ataque se observan dos vehículos más, cuyos integrantes habrían tenido la misión de obstruir el paso de los vehículos para así poder atacar el casino.
Los detenidos que fueron identificados como Luis Carlos Carrazco Espinoza, El Chihuas, de 25 años, originario de Chihuahua; Javier Alonso Martínez Morales, El Javo, 37 años; Jonathan Jair Reyna Gutiérrez, de 18; Juan Ángel Leal Torres, Casillas o El Cash, de 20 años de edad; y Julio Tadeo Berrones Ramírez, Julio Rayas, de 28. Estos últimos, oriundos de Monterrey, Nuevo León.
Según las declaraciones de los propios delincuentes, les pidieron a los clientes que salieran del lugar, pero el fuego se expandió más rápido de lo que planearon.
En su oportunidad, el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGR, Cuitláhuac Salinas, detalló que los sicarios ordenaron al personal de vigilancia que evacuara a la gente que jugaba en el casino.
Al referirse a la captura de los delincuentes, el procurador Adrián de la Garza informó que se realizaron en Monterrey.
Durante la conferencia también se presentaron las armas, autos y teléfonos utilizados para cumplir la orden.
Por otra parte, se confirmó que el propietario del casino Royale, Raúl Rocha Cantú huyó del país, por lo que la Procuraduría General de la República giró una orden de búsqueda y presentación del empresario. Se solicitó la colaboración de la Interpol.
Continúa cierre de casinos
Por la tarde, continuó el cierre de casinos que operaban ilegalmente en esta ciudad. La abatida municipal contra las casas de apuestas, tras la masacre el jueves en el casino Royale, ocurrió esta tarde en los establecimientos denominados Yak Electrónico, Royal Yak y Winland.
Con estos tres son ya siete los clausurados, informó esta tarde el alcalde Fernando Larrazábal Bretón. Días previos al siniestro fueron clausurados dos, y dos más en la semana anterior.
A las 17:00 horas, el contingente de policías municipales, elementos de Protección Civil y de Desarrollo Urbano de Monterrey, acudieron primero al Yak Electrónico, ubicado en galerías Valle Oriente, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, para imponer los sellos de clausura definitiva.
Las autoridades del ayuntamiento alegaron que el lugar tenía licencia municipal para operar como restaurante bar pero no como casa de apuestas.
Los clientes fueron desalojados sin que se registraran incidentes.
A las 19:00 horas el contingente se desplazó al Royal Yak, en Plaza Cumbres, al norponiente de la ciudad, donde los soldados y los policías federales hicieron también un cerco mientras los visores municipales colocaban los pegotes de restricción.
A la misma hora, pero en el Winland, de las avenidas Garza Sada y Alfonso Reyes, también fueron desalojados decenas de clientes para cerrar las puertas por irregularidades que no fueron dadas a conocer.
Antes del siniestro en el casino Royale, por el cual cinco personas ya fueron detenidas, el alcalde señaló que en Monterrey operaban 31 establecimientos de apuestas de los cuáles 12 funcionaban en la ilegalidad, antes de empezar este operativo.
El edil se reservó los nombres de los lugares irregulares debido a que el ayuntamiento elabora estrategias legales para combatirlos.
En la conferencia, el edil regio no descartó que los casinos cerrados busquen y obtengan protección del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) o de jueces federales, que han entregado amparos en el pasado.
Al mediodía, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, quien también sostiene una lucha por impedir la instalación de casinos en su municipio, presentó al Congreso del estado una propuesta para modificar diferentes leyes con el propósito de impedir la apertura de casas de apuestas.
Propuso enmendar la Ley de Desarrollo Urbano del estado, para impedir expresamente la instalación de los casinos. También, modificar artículos de la Ley de Justicia Administrativa para evitar que magistrados del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo (TCA) otorguen suspensiones para que puedan operar negocios como los casinos.
Por su parte, Graciela Buchanan presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, afirmó que era legal la liberación, el año pasado, de Julio Tadeo Berrones Ramírez, pistolero de Los Zetas que participó en el incendio.
La funcionaria recordó que el 7 de julio del 2010 el pistolero fue detenido en un coche robado y fue turnado a la Agencia Segunda del Ministerio Público de Robo de Vehículos. El juez lo sentenció el 26 de octubre de ese año a la pena máxima de cinco años por robo de vehículo, penalidad por la que podía acceder al beneficio de la libertad condicional, por lo que ordenó excarcelarlo el 2 de junio del 2011.
El sicario conocido como Julio Raya regresó a la calle el 28 de junio tras pagar una fianza de 15 mil pesos.
El, junto a los otros cuatro detenidos fue arraigado a partir del lunes mientras se fortalece la investigación en su contra por el asesinato de las personas en el casino regio. (Con información de Luciano Campos Garza).
Los cinco detenidos por el incendio en el casino Royale, de Monterrey, Nuevo León, que causó la muerte de 52 personas, afirmaron que el objetivo no era la gente, sino dar un escarmiento a los propietarios de la negociación, sin embargo, admitieron que todo se les “salió de control”.
Lo anterior fue revelado por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz durante la presentación de los cinco detenidos confesos del atentado, quienes portaban chalecos anaranjados grabados con la palabra “detenidos”.
Durante la conferencia realizada en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se confirmó que los detenidos son miembros del grupo criminal Los Zetas y que utilizaron gasolina para provocar el incendio.
El procurador de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, informó que en el incendio participaron, por lo menos, 12 personas, las cuales ya han sido identificadas, por lo que confió en que en breve serán capturadas.
En cuanto a los detenidos, precisó que serán arraigados y procesados por el delito de homicidio.
De la Garza Santos afirmó que en el video donde se grabó el ataque se observan dos vehículos más, cuyos integrantes habrían tenido la misión de obstruir el paso de los vehículos para así poder atacar el casino.
Los detenidos que fueron identificados como Luis Carlos Carrazco Espinoza, El Chihuas, de 25 años, originario de Chihuahua; Javier Alonso Martínez Morales, El Javo, 37 años; Jonathan Jair Reyna Gutiérrez, de 18; Juan Ángel Leal Torres, Casillas o El Cash, de 20 años de edad; y Julio Tadeo Berrones Ramírez, Julio Rayas, de 28. Estos últimos, oriundos de Monterrey, Nuevo León.
Según las declaraciones de los propios delincuentes, les pidieron a los clientes que salieran del lugar, pero el fuego se expandió más rápido de lo que planearon.
En su oportunidad, el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGR, Cuitláhuac Salinas, detalló que los sicarios ordenaron al personal de vigilancia que evacuara a la gente que jugaba en el casino.
Al referirse a la captura de los delincuentes, el procurador Adrián de la Garza informó que se realizaron en Monterrey.
Durante la conferencia también se presentaron las armas, autos y teléfonos utilizados para cumplir la orden.
Por otra parte, se confirmó que el propietario del casino Royale, Raúl Rocha Cantú huyó del país, por lo que la Procuraduría General de la República giró una orden de búsqueda y presentación del empresario. Se solicitó la colaboración de la Interpol.
Continúa cierre de casinos
Por la tarde, continuó el cierre de casinos que operaban ilegalmente en esta ciudad. La abatida municipal contra las casas de apuestas, tras la masacre el jueves en el casino Royale, ocurrió esta tarde en los establecimientos denominados Yak Electrónico, Royal Yak y Winland.
Con estos tres son ya siete los clausurados, informó esta tarde el alcalde Fernando Larrazábal Bretón. Días previos al siniestro fueron clausurados dos, y dos más en la semana anterior.
A las 17:00 horas, el contingente de policías municipales, elementos de Protección Civil y de Desarrollo Urbano de Monterrey, acudieron primero al Yak Electrónico, ubicado en galerías Valle Oriente, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, para imponer los sellos de clausura definitiva.
Las autoridades del ayuntamiento alegaron que el lugar tenía licencia municipal para operar como restaurante bar pero no como casa de apuestas.
Los clientes fueron desalojados sin que se registraran incidentes.
A las 19:00 horas el contingente se desplazó al Royal Yak, en Plaza Cumbres, al norponiente de la ciudad, donde los soldados y los policías federales hicieron también un cerco mientras los visores municipales colocaban los pegotes de restricción.
A la misma hora, pero en el Winland, de las avenidas Garza Sada y Alfonso Reyes, también fueron desalojados decenas de clientes para cerrar las puertas por irregularidades que no fueron dadas a conocer.
Antes del siniestro en el casino Royale, por el cual cinco personas ya fueron detenidas, el alcalde señaló que en Monterrey operaban 31 establecimientos de apuestas de los cuáles 12 funcionaban en la ilegalidad, antes de empezar este operativo.
El edil se reservó los nombres de los lugares irregulares debido a que el ayuntamiento elabora estrategias legales para combatirlos.
En la conferencia, el edil regio no descartó que los casinos cerrados busquen y obtengan protección del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) o de jueces federales, que han entregado amparos en el pasado.
Al mediodía, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, quien también sostiene una lucha por impedir la instalación de casinos en su municipio, presentó al Congreso del estado una propuesta para modificar diferentes leyes con el propósito de impedir la apertura de casas de apuestas.
Propuso enmendar la Ley de Desarrollo Urbano del estado, para impedir expresamente la instalación de los casinos. También, modificar artículos de la Ley de Justicia Administrativa para evitar que magistrados del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo (TCA) otorguen suspensiones para que puedan operar negocios como los casinos.
Por su parte, Graciela Buchanan presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, afirmó que era legal la liberación, el año pasado, de Julio Tadeo Berrones Ramírez, pistolero de Los Zetas que participó en el incendio.
La funcionaria recordó que el 7 de julio del 2010 el pistolero fue detenido en un coche robado y fue turnado a la Agencia Segunda del Ministerio Público de Robo de Vehículos. El juez lo sentenció el 26 de octubre de ese año a la pena máxima de cinco años por robo de vehículo, penalidad por la que podía acceder al beneficio de la libertad condicional, por lo que ordenó excarcelarlo el 2 de junio del 2011.
El sicario conocido como Julio Raya regresó a la calle el 28 de junio tras pagar una fianza de 15 mil pesos.
El, junto a los otros cuatro detenidos fue arraigado a partir del lunes mientras se fortalece la investigación en su contra por el asesinato de las personas en el casino regio. (Con información de Luciano Campos Garza).
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