Jorge Fernández Menéndez
Esta vez Javier Sicilia no repartió besos al estilo siciliano (y no es peyorativo, tengo raíces sicilianas muy fuertes y sé que esos besos tomando las mejillas pueden tener muchas lecturas y muchas intenciones muy diferentes). Esta vez repartió adjetivos: a los legisladores que aprobaron en lo general y en comisiones, sin que se les vea demasiadas ganas de llevar el tema al pleno y mucho menos en un periodo extraordinario, la minuta de la ley de seguridad nacional que aprobó el senado hace ya año y medio, los calificó de traidores y de estúpidos. Se ganaron el adjetivo simplemente por desechar esa ley y no impulsar, en lugar de una Ley de Seguridad Nacional, una ley de “seguridad humana” como plantea Sicilia, aunque nadie sepa qué quiere eso decir.
Los legisladores se lo ganaron por no haber tenido la dignidad en el encuentro que mantuvieron con los representantes del movimiento de Sicilia, de decirle que no, que no estaban de acuerdo, por haber recurrido al expediente de todos pedir perdón por sus omisiones, sin tener la presencia de ánimo para decirle a un dirigente que no está jugando con las cartas del humanismo sino de la política, que su planteamiento era equivocado. Ninguno, de ningún partido quiso explicarle a Sicilia que más allá de discursos, el país necesita una ley de seguridad nacional que regule, entre otras cosas, la participación de las fuerzas de seguridad. Por lo menos en el encuentro con el presidente Calderón, cuando Sicilia comenzó a hablar de los muertos y las víctimas, el Presidente le recordó que a su hijo no lo habían matado las fuerzas de seguridad sino los delincuentes. Y Sicilia reculó.
¿Qué quiere Sicilia? La paz, dice y por eso no debe haber Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué entiende por la paz? Como está planteado, abandonar el combate contra los grupos criminales. Es lo que ha planteado Sicilia una y otra vez: para él la paz es que no haya combate contra los grupos criminales, quizás pensando que entonces éstos se retirarán a disfrutar de sus fortunas y con ello concluirá desde el gran narcotráfico hasta la venta de drogas en calles y escuelas. Es coincidente con la idea de que ésta es “la guerra de Calderón”, que las víctimas las genera el Gobierno y no los grupos criminales, aunque más del 95 por ciento de todas las muertes que ha habido en este proceso ha sido por ajustes de cuentas entre grupos criminales; y coincide con expresiones de hombres tan cercanos a Sicilia como el padre Alejandro Solalinde de que hay que pedirle perdón a los sicarios porque ellos también son víctimas de un Estado injusto.
¿Por qué no quieren una ley de seguridad nacional? Porque lo que quieren es desarmar al Estado en la lucha contra los grupos criminales. La ley podrá tener defectos, que analizaremos el lunes en este espacio, pero es imprescindible contar con un marco legal que regule la participación de las fuerzas armadas y de seguridad en la lucha contra la delincuencia. No tenerlo sirve a un propósito político posterior, de Sicilia y de otros grupos: establecer una “comisión de la verdad” que permita “castigar” a quienes emprendieron esa batalla, léase a los integrantes de la administración Calderón y a los mandos de las Fuerzas Armadas. Lo perverso de todo esto es que se está adoptando la metodología de los movimientos de derechos humanos legítimos que enjuiciaron a las dictaduras militares que acabaron con sus opositores en los años 70 y 80 en Latinoamérica, para equiparar a los narcotraficantes con legítimos opositores políticos y a un régimen con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que es parte de un sistema democrático, legal y abierto, con una dictadura.
Sicilia es un actor político que juega sus cartas, es legítimo. Lo increíble es que el Congreso siga al pie de la letra sus ocurrencias. Que sectores del PRD digan que le harán caso al poeta tiene su lógica, pero que un hombre como Manlio Fabio Beltrones le “explique” que sólo se trata de un procedimiento legislativo y que luego “juntos” senadores, diputados y el movimiento social de Sicilia legislarán sobre el tema es absurdo. Primero, porque legislar es una responsabilidad de los propios legisladores y de nadie más. Y segundo porque nadie le ha dado al movimiento de Sicilia la representatividad de la sociedad. Es un movimiento legítimo, pero con una representatividad limitada, escasa, como lo demostraron sus marchas. Y si no lo creen los legisladores deberían hacer un ejercicio: que vayan a donde quieran en el país y le pregunten a la gente si quieren que las fuerzas de seguridad abandonen la plaza para establecer “la paz” con los delincuentes.
Esta vez Javier Sicilia no repartió besos al estilo siciliano (y no es peyorativo, tengo raíces sicilianas muy fuertes y sé que esos besos tomando las mejillas pueden tener muchas lecturas y muchas intenciones muy diferentes). Esta vez repartió adjetivos: a los legisladores que aprobaron en lo general y en comisiones, sin que se les vea demasiadas ganas de llevar el tema al pleno y mucho menos en un periodo extraordinario, la minuta de la ley de seguridad nacional que aprobó el senado hace ya año y medio, los calificó de traidores y de estúpidos. Se ganaron el adjetivo simplemente por desechar esa ley y no impulsar, en lugar de una Ley de Seguridad Nacional, una ley de “seguridad humana” como plantea Sicilia, aunque nadie sepa qué quiere eso decir.
Los legisladores se lo ganaron por no haber tenido la dignidad en el encuentro que mantuvieron con los representantes del movimiento de Sicilia, de decirle que no, que no estaban de acuerdo, por haber recurrido al expediente de todos pedir perdón por sus omisiones, sin tener la presencia de ánimo para decirle a un dirigente que no está jugando con las cartas del humanismo sino de la política, que su planteamiento era equivocado. Ninguno, de ningún partido quiso explicarle a Sicilia que más allá de discursos, el país necesita una ley de seguridad nacional que regule, entre otras cosas, la participación de las fuerzas de seguridad. Por lo menos en el encuentro con el presidente Calderón, cuando Sicilia comenzó a hablar de los muertos y las víctimas, el Presidente le recordó que a su hijo no lo habían matado las fuerzas de seguridad sino los delincuentes. Y Sicilia reculó.
¿Qué quiere Sicilia? La paz, dice y por eso no debe haber Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué entiende por la paz? Como está planteado, abandonar el combate contra los grupos criminales. Es lo que ha planteado Sicilia una y otra vez: para él la paz es que no haya combate contra los grupos criminales, quizás pensando que entonces éstos se retirarán a disfrutar de sus fortunas y con ello concluirá desde el gran narcotráfico hasta la venta de drogas en calles y escuelas. Es coincidente con la idea de que ésta es “la guerra de Calderón”, que las víctimas las genera el Gobierno y no los grupos criminales, aunque más del 95 por ciento de todas las muertes que ha habido en este proceso ha sido por ajustes de cuentas entre grupos criminales; y coincide con expresiones de hombres tan cercanos a Sicilia como el padre Alejandro Solalinde de que hay que pedirle perdón a los sicarios porque ellos también son víctimas de un Estado injusto.
¿Por qué no quieren una ley de seguridad nacional? Porque lo que quieren es desarmar al Estado en la lucha contra los grupos criminales. La ley podrá tener defectos, que analizaremos el lunes en este espacio, pero es imprescindible contar con un marco legal que regule la participación de las fuerzas armadas y de seguridad en la lucha contra la delincuencia. No tenerlo sirve a un propósito político posterior, de Sicilia y de otros grupos: establecer una “comisión de la verdad” que permita “castigar” a quienes emprendieron esa batalla, léase a los integrantes de la administración Calderón y a los mandos de las Fuerzas Armadas. Lo perverso de todo esto es que se está adoptando la metodología de los movimientos de derechos humanos legítimos que enjuiciaron a las dictaduras militares que acabaron con sus opositores en los años 70 y 80 en Latinoamérica, para equiparar a los narcotraficantes con legítimos opositores políticos y a un régimen con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que es parte de un sistema democrático, legal y abierto, con una dictadura.
Sicilia es un actor político que juega sus cartas, es legítimo. Lo increíble es que el Congreso siga al pie de la letra sus ocurrencias. Que sectores del PRD digan que le harán caso al poeta tiene su lógica, pero que un hombre como Manlio Fabio Beltrones le “explique” que sólo se trata de un procedimiento legislativo y que luego “juntos” senadores, diputados y el movimiento social de Sicilia legislarán sobre el tema es absurdo. Primero, porque legislar es una responsabilidad de los propios legisladores y de nadie más. Y segundo porque nadie le ha dado al movimiento de Sicilia la representatividad de la sociedad. Es un movimiento legítimo, pero con una representatividad limitada, escasa, como lo demostraron sus marchas. Y si no lo creen los legisladores deberían hacer un ejercicio: que vayan a donde quieran en el país y le pregunten a la gente si quieren que las fuerzas de seguridad abandonen la plaza para establecer “la paz” con los delincuentes.
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