Miguel Ángel Granados Chapa
El presidente Juan Manuel Santos concluye hoy una visita de estado que comenzó ayer. El mandatario colombiano, sin embargo, está en México desde el sábado, día en que realizó actividades privadas, entre ellas un desayuno con empresarios. Y luego, junto con su familia, se reunió con su anfitrión y la suya en citas amistosas, que dan cuenta de la estrecha vinculación personal que en breve tiempo han establecido los dos presidentes conservadores.
El sábado mismo, Calderón congratuló con Santos por el rotundo triunfo del equipo colombiano de futbol frente al de Francia, que vieron por televisión. Y el domingo volaron a Yucatán, a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Santos fue acompañado por sus hijos María Antonia, Martín y Esteban, y Calderón por su hijo Juan Pablo.
El 22 de junio pasado, en la reunión sobre seguridad regional celebrada en Guatemala, el presidente colombiano, asumiéndose como ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, instó en plan coloquial a Calderón a perseverar en su lucha contra el crimen organizado: “Yo se que a usted lo acusan y le dicen: Mire el problema en que nos ha metido, porque la violencia subió, porque los homicidios aumentaron. Claro, en ciertas zonas, como nos ha sucedido en Colombia”. Pero a la larga el Estado debe triunfar. “Por eso lo felicito, presidente Calderón, porque ha sido un ejemplo”. Y lo felicitó también por la aprehensión del Chango Méndez, ocurrida la víspera. Y deseó que pronto fuera también detenido… y no sabía cómo se llamaba El Chapo Guzmán, cuyo nombre le fue finalmente “soplado”.
Debido a la identidad de sus ideologías y de las estrategias armadas con participación norteamericana frente al narcotráfico, Calderón había mantenido una relación cercana con el presidente Uribe. Ese antecedente no perturbará el vínculo con el nuevo mandatario, con apenas un año en el gobierno, a pesar del distanciamiento, negado pero cierto, entre Santos y su predecesor, de quien fue ministro de Defensa. Uribe acaba de visitar en el cuartel militar donde se halla preso a Andrés Arias, quien fue su ministro de agricultura. Arias era, según los observadores de la política local, el delfín de Uribe y quizá por ello le dio carta abierta para aplicar una suerte de Procampo colombiano, el programa Agro Ingreso Seguro. El ministro ahora detenido alteró los términos de adjudicación de recursos y en vez de destinarlos a los agricultores en pequeño los entregó a los grandes propietarios, que han sido un poderoso grupo de interés en Colombia.
También en temas internacionales Santos procura separarse de la línea que aisló a Colombia de su contexto geopolítico más inmediato. Su gobierno ha establecido que en territorio venezolano ya no hay campamentos de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia. En consecuencia, su trato con el presidente Hugo Chávez ha superado la constante rispidez con la que Uribe caracterizó esa relación.
En materia de seguridad, en cambio, Santos ha mantenido continuidad con la línea uribista. Precisamente una de las materias que dan sustancia a su viaje a México es la suscripción de nuevos convenios de seguridad y extradición. En el primer aspecto Santos también ha dado señales de simpatía con su semejante mexicano. Hizo que la Policía nacional entregara una condecoración al secretario de seguridad pública Genaro García Luna, si bien la desaprensión de este mismo y de su jefe convirtió el acto en una abierta violación constitucional porque no se reclamó oportunamente la necesaria autorización del Congreso.
El nuevo tratado de extradición contiene una cláusula que acaso tenga utilidad en la persecución de delitos como el narcotráfico, que a menudo son transfronterizos. El instrumento ahora en vigor prohíbe la extradición de nacionales, y esa prescripción desaparecerá en su nueva redacción. Sin embargo, aunque su aprobación por el Senado mexicano sea remota, ese tratado puede contrariar el espíritu y la letra del artículo 15 constitucional en el caso de Lucía Morett, pues en él se reúnen elementos de persecución política y eventual extradición.
El 1 de marzo de 2008 esta graduada de la UNAM fue víctima y testigo de un ataque por aire y tierra de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Ella se hallaba en el campamento como parte de un viaje hecho por una delegación mexicana a un congreso de juventudes bolivarianas en Quito. En la repentina e ilegal agresión colombiana (que vulneró la soberanía de Ecuador, cayeron destrozados por el fuego colombiano los estudiantes Sören Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Verónica Velásquez y Juan González del Castillo. Lucía Morett quedó herida de gravedad.
Después de tres años, aun no repuesta totalmente, Lucía vive una secuela jurídico política que en los hechos la ha privado de su libertad. El Gobierno mexicano en vez de protegerla como debe hacer con sus nacionales en riesgo cuando se hallan en el extranjero se sumó a la versión colombiana que hizo del grupo de jóvenes una célula subversiva. La PGR mantiene abierta una averiguación previa sin sustento promovida por activistas de la extrema derecha mexicana en connivencia con el presidente Uribe. Mientras el ministerio público no declare cerrada su indagación, Lucía puede resultar de pronto aprehendida por delitos que no cometió. También puede ser detenida por la Interpol, que a pedido de Bogotá mantiene vigente una orden mundial de captura. El inadmisible colmo sería que conforme al nuevo tratado fuera también extraditada.
El presidente Juan Manuel Santos concluye hoy una visita de estado que comenzó ayer. El mandatario colombiano, sin embargo, está en México desde el sábado, día en que realizó actividades privadas, entre ellas un desayuno con empresarios. Y luego, junto con su familia, se reunió con su anfitrión y la suya en citas amistosas, que dan cuenta de la estrecha vinculación personal que en breve tiempo han establecido los dos presidentes conservadores.
El sábado mismo, Calderón congratuló con Santos por el rotundo triunfo del equipo colombiano de futbol frente al de Francia, que vieron por televisión. Y el domingo volaron a Yucatán, a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Santos fue acompañado por sus hijos María Antonia, Martín y Esteban, y Calderón por su hijo Juan Pablo.
El 22 de junio pasado, en la reunión sobre seguridad regional celebrada en Guatemala, el presidente colombiano, asumiéndose como ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, instó en plan coloquial a Calderón a perseverar en su lucha contra el crimen organizado: “Yo se que a usted lo acusan y le dicen: Mire el problema en que nos ha metido, porque la violencia subió, porque los homicidios aumentaron. Claro, en ciertas zonas, como nos ha sucedido en Colombia”. Pero a la larga el Estado debe triunfar. “Por eso lo felicito, presidente Calderón, porque ha sido un ejemplo”. Y lo felicitó también por la aprehensión del Chango Méndez, ocurrida la víspera. Y deseó que pronto fuera también detenido… y no sabía cómo se llamaba El Chapo Guzmán, cuyo nombre le fue finalmente “soplado”.
Debido a la identidad de sus ideologías y de las estrategias armadas con participación norteamericana frente al narcotráfico, Calderón había mantenido una relación cercana con el presidente Uribe. Ese antecedente no perturbará el vínculo con el nuevo mandatario, con apenas un año en el gobierno, a pesar del distanciamiento, negado pero cierto, entre Santos y su predecesor, de quien fue ministro de Defensa. Uribe acaba de visitar en el cuartel militar donde se halla preso a Andrés Arias, quien fue su ministro de agricultura. Arias era, según los observadores de la política local, el delfín de Uribe y quizá por ello le dio carta abierta para aplicar una suerte de Procampo colombiano, el programa Agro Ingreso Seguro. El ministro ahora detenido alteró los términos de adjudicación de recursos y en vez de destinarlos a los agricultores en pequeño los entregó a los grandes propietarios, que han sido un poderoso grupo de interés en Colombia.
También en temas internacionales Santos procura separarse de la línea que aisló a Colombia de su contexto geopolítico más inmediato. Su gobierno ha establecido que en territorio venezolano ya no hay campamentos de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia. En consecuencia, su trato con el presidente Hugo Chávez ha superado la constante rispidez con la que Uribe caracterizó esa relación.
En materia de seguridad, en cambio, Santos ha mantenido continuidad con la línea uribista. Precisamente una de las materias que dan sustancia a su viaje a México es la suscripción de nuevos convenios de seguridad y extradición. En el primer aspecto Santos también ha dado señales de simpatía con su semejante mexicano. Hizo que la Policía nacional entregara una condecoración al secretario de seguridad pública Genaro García Luna, si bien la desaprensión de este mismo y de su jefe convirtió el acto en una abierta violación constitucional porque no se reclamó oportunamente la necesaria autorización del Congreso.
El nuevo tratado de extradición contiene una cláusula que acaso tenga utilidad en la persecución de delitos como el narcotráfico, que a menudo son transfronterizos. El instrumento ahora en vigor prohíbe la extradición de nacionales, y esa prescripción desaparecerá en su nueva redacción. Sin embargo, aunque su aprobación por el Senado mexicano sea remota, ese tratado puede contrariar el espíritu y la letra del artículo 15 constitucional en el caso de Lucía Morett, pues en él se reúnen elementos de persecución política y eventual extradición.
El 1 de marzo de 2008 esta graduada de la UNAM fue víctima y testigo de un ataque por aire y tierra de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Ella se hallaba en el campamento como parte de un viaje hecho por una delegación mexicana a un congreso de juventudes bolivarianas en Quito. En la repentina e ilegal agresión colombiana (que vulneró la soberanía de Ecuador, cayeron destrozados por el fuego colombiano los estudiantes Sören Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Verónica Velásquez y Juan González del Castillo. Lucía Morett quedó herida de gravedad.
Después de tres años, aun no repuesta totalmente, Lucía vive una secuela jurídico política que en los hechos la ha privado de su libertad. El Gobierno mexicano en vez de protegerla como debe hacer con sus nacionales en riesgo cuando se hallan en el extranjero se sumó a la versión colombiana que hizo del grupo de jóvenes una célula subversiva. La PGR mantiene abierta una averiguación previa sin sustento promovida por activistas de la extrema derecha mexicana en connivencia con el presidente Uribe. Mientras el ministerio público no declare cerrada su indagación, Lucía puede resultar de pronto aprehendida por delitos que no cometió. También puede ser detenida por la Interpol, que a pedido de Bogotá mantiene vigente una orden mundial de captura. El inadmisible colmo sería que conforme al nuevo tratado fuera también extraditada.
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