Jesús Aranda
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abrió la puerta para que los militares acusados de cometer delitos o de violar derechos humanos de la ciudadanía sean juzgados por el fuero común generó preocupación en los altos mandos del Ejército y la Armada de México, los cuales analizan la forma de proteger a soldados y marinos que sean llevados a tribunales civiles para garantizar su seguridad, la de sus familias, así como la confidencialidad de los operativos antidrogas.
Fuentes castrenses reconocieron lo anterior y agregaron que los altos mandos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) analizan ya la posibilidad de que los militares que cometan delitos contra civiles –principalmente en funciones de seguridad pública– sean procesados en juzgados federales por jueces especializados en derecho militar.
La Suprema Corte ya dijo el qué –sobre la obligación de todas las autoridades de garantizar el respeto a los derechos humanos y que militares puedan ser juzgados en el fuero común cuando agravien a ciudadanos–, ahora falta el cómo para aterrizar esa decisión y que no perjudique a los elementos que están en la primera línea en el combate al narcotráfico, sostuvieron.
Comentaron que uno de los temas que ya se analizan en Sedena y Marina es precisamente crear juzgados federales especializados en fuero de guerra, además de que los sentenciados purguen sus castigos en prisiones militares y sean tratados como tales hasta el cumplimiento de su sentencia, sobre todo si tienen la posibilidad de ser reincorporados al servicio castrense.
De acuerdo con los mandos consultados, los militares no buscan ni han buscado en ningún momento impunidad para aquellos elementos que por error o negligencia cometen delitos contra la población civil.
El problema, subrayaron, es que existe hasta la fecha entre los mandos militares una profunda desconfianza en la actuación del Ministerio Público Federal (es decir la Procuraduría General de la República), en las policías Federal, estatales y municipales, y en los propios jueces federales y del fuero común.
No se trata sólo de garantizar que los juicios se apeguen a derecho, continuaron: también está el problema de que, al hacerse públicos y abiertos los procesos, se pone en riesgo la integridad no sólo de los uniformados involucrados, sino también de sus familias, particularmente cuando los involucrados sean elementos de fuerzas especiales o dedicados de manera particular a combatir el tráfico de drogas.
Recordaron que desde el momento en que fueron acribillados familiares de Melquisedet Ángulo Córdova, elemento de Fuerzas Especiales de la Armada de México quien había muerto días antes en el operativo en el que marinos ultimaron a Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, las fuerzas armadas adoptaron medidas adicionales para proteger a sus elementos que participaran en acciones antidrogas.
Desde esa fecha no se hace público el nombre de militares o marinos que resulten muertos o heridos en acciones contra el crimen organizado; incluso, la información pública proporcionada por la Sedena y Marina sobre sus elementos muertos de diciembre de 2006 a la fecha incluye únicamente fecha, lugar y circunstancias en que el elemento resultó muerto, pero no se da a conocer su nombre, precisamente por seguridad.
Los entrevistados cuestionaron qué va a pasar en las nuevas circunstancias, cuando los elementos sean juzgados por civiles. ¿Qué va a pasar cuando sus nombres y direcciones sean públicos?, ¿quién garantizará su seguridad y la de sus familias, particularmente cuando se vive una cruenta lucha contra el tráfico de drogas?
No descartaron la posibilidad de reunirse tanto con el presidente de la SCJN, ministro Juan N. Silva Meza, como con diputados y senadores para expresar su preocupación y la necesidad de encontrar una solución que garantice la seguridad de sus elementos.
Por lo pronto, afirmaron, la idea de crear juzgados especializados en fuero militar, con jueces de carrera especializados en fuero militar es bien vista por los mandos del Ejército y la Armada.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abrió la puerta para que los militares acusados de cometer delitos o de violar derechos humanos de la ciudadanía sean juzgados por el fuero común generó preocupación en los altos mandos del Ejército y la Armada de México, los cuales analizan la forma de proteger a soldados y marinos que sean llevados a tribunales civiles para garantizar su seguridad, la de sus familias, así como la confidencialidad de los operativos antidrogas.
Fuentes castrenses reconocieron lo anterior y agregaron que los altos mandos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) analizan ya la posibilidad de que los militares que cometan delitos contra civiles –principalmente en funciones de seguridad pública– sean procesados en juzgados federales por jueces especializados en derecho militar.
La Suprema Corte ya dijo el qué –sobre la obligación de todas las autoridades de garantizar el respeto a los derechos humanos y que militares puedan ser juzgados en el fuero común cuando agravien a ciudadanos–, ahora falta el cómo para aterrizar esa decisión y que no perjudique a los elementos que están en la primera línea en el combate al narcotráfico, sostuvieron.
Comentaron que uno de los temas que ya se analizan en Sedena y Marina es precisamente crear juzgados federales especializados en fuero de guerra, además de que los sentenciados purguen sus castigos en prisiones militares y sean tratados como tales hasta el cumplimiento de su sentencia, sobre todo si tienen la posibilidad de ser reincorporados al servicio castrense.
De acuerdo con los mandos consultados, los militares no buscan ni han buscado en ningún momento impunidad para aquellos elementos que por error o negligencia cometen delitos contra la población civil.
El problema, subrayaron, es que existe hasta la fecha entre los mandos militares una profunda desconfianza en la actuación del Ministerio Público Federal (es decir la Procuraduría General de la República), en las policías Federal, estatales y municipales, y en los propios jueces federales y del fuero común.
No se trata sólo de garantizar que los juicios se apeguen a derecho, continuaron: también está el problema de que, al hacerse públicos y abiertos los procesos, se pone en riesgo la integridad no sólo de los uniformados involucrados, sino también de sus familias, particularmente cuando los involucrados sean elementos de fuerzas especiales o dedicados de manera particular a combatir el tráfico de drogas.
Recordaron que desde el momento en que fueron acribillados familiares de Melquisedet Ángulo Córdova, elemento de Fuerzas Especiales de la Armada de México quien había muerto días antes en el operativo en el que marinos ultimaron a Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, las fuerzas armadas adoptaron medidas adicionales para proteger a sus elementos que participaran en acciones antidrogas.
Desde esa fecha no se hace público el nombre de militares o marinos que resulten muertos o heridos en acciones contra el crimen organizado; incluso, la información pública proporcionada por la Sedena y Marina sobre sus elementos muertos de diciembre de 2006 a la fecha incluye únicamente fecha, lugar y circunstancias en que el elemento resultó muerto, pero no se da a conocer su nombre, precisamente por seguridad.
Los entrevistados cuestionaron qué va a pasar en las nuevas circunstancias, cuando los elementos sean juzgados por civiles. ¿Qué va a pasar cuando sus nombres y direcciones sean públicos?, ¿quién garantizará su seguridad y la de sus familias, particularmente cuando se vive una cruenta lucha contra el tráfico de drogas?
No descartaron la posibilidad de reunirse tanto con el presidente de la SCJN, ministro Juan N. Silva Meza, como con diputados y senadores para expresar su preocupación y la necesidad de encontrar una solución que garantice la seguridad de sus elementos.
Por lo pronto, afirmaron, la idea de crear juzgados especializados en fuero militar, con jueces de carrera especializados en fuero militar es bien vista por los mandos del Ejército y la Armada.
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