Miguel Ángel Granados Chapa
La casa donde viven el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé y su esposa, así como el domicilio vecino de la doctora Patricia Magaña y de su hija, al igual que el de los padres de esta bióloga investigadora universitaria, fueron allanados con violencia en la madrugada del jueves pasado. A las cuatro y media de la madrugada, una banda de uniformados de negro, con el rostro oculto y portando armas largas, despertaron bruscamente a sus víctimas, fingieron buscar algo que justificara su cateo –en realidad un asalto liso y llano– y en no hallándolo se llevaron varias de sus pertenencias: la memoria de la computadora de la mujer de Bartolomé y un reloj propiedad de éste, un Omega Speedmaster Professional, que ha marcado las horas del escritor durante 40 años.
Apenas se retiraron los intrusos de las viviendas violadas sin explicación alguna, las víctimas llamaron a la policía. A media mañana del jueves, horas después del pedido de auxilio, ninguna autoridad llegó a prestar ayuda o a iniciar la investigación ministerial.
Nada explica y mucho menos justifica el atraco. Las víctimas hacen vida pública, tan normal como es posible en estos tiempos de necesidad y zozobra. Apenas el martes por la noche el poeta chiapaneco había sido figura central en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la presentación de un libro sobre su trayectoria vital y literaria: Los versos y la sangre. Vida y obra de Efraín Bartolomé…, de Héctor Cortés Mandujano. No se les puede imputar relación alguna con la delincuencia organizada ni con organizaciones armadas de corte político. Así lo muestra el que la tropa asaltante se haya retirado sólo con su botín.
Pudo haber sido peor. Pudo ocurrir que se les “sembraran” drogas o armas y se les iniciaran cargos con base en esas evidencias falsas, si se quiere adobadas más tarde con el testimonio de un testigo colaborador que, con tal de recibir protección, sea capaz de emitir y suscribir lo que el Ministerio Público ordene.
Ese atroz fenómeno del ingreso militar o policiaco a domicilios de particulares indefensos se repite por toda la República y ha motivado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir la Recomendación General 19, dirigida a autoridades federales (los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, los procuradores General de la República y de Justicia Militar), a todos los gobernadores, y a sus respectivos secretarios de Seguridad Pública y procuradores, para demandar de todos medidas que pongan coto a las irrupciones de fuerzas armadas sin el mandamiento judicial.
La CNDH dice a los destinatarios de su recomendación haber “observado con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública. La suma de quejas recibidas y violaciones registradas motiva a este organismo a pronunciarse al respecto, con la finalidad de lograr que las autoridades ajusten su actuación en sus funciones de investigación, de persecución del delito, al marco constitucional y legal, con el fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos”.
Tales intromisiones ilegales, agrega la Comisión, “constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a los derechos humanos, en virtud de que además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al ejecutar dichos cateos se ejerce violencia física y psicológica-emocional contra los habitantes de los domicilios que allanan; se realizan detenciones arbitrarias y con frecuencia se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante del domicilio”, es decir, se roban sus cosas, como ocurrió con el escritor chiapaneco, cuyo caso mencionamos como ejemplo tristemente oportuno.
La CNDH no habla en abstracto, no lanza el resultado de cavilaciones especulativas. Se basa en el análisis de una cifra creciente de ese fenómeno aterrador, del que nadie puede sustraerse porque el día menos pensado cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. De enero de 2006 al 31 de mayo de 2011, puntualiza la Comisión, ha tramitado casi 4 mil (3 mil 785 exactamente) expedientes de queja al respecto. El número crece año con año: de 234 quejas recibidas en 2006, la cifra en el año en curso casi se triplicará, pues sólo en los primeros cinco meses de 2011 se han registrado 422 quejas.
La Comisión no esperó que se acumulen las quejas para emitir la recomendación que sus destinatarios están obligados a admitir o rechazar. En esos años ha formulado 28 recomendaciones sobre casos particulares. Pero al investigar tales situaciones específicas ha encontrado un inadmisible patrón de conducta: “se irrumpe en el domicilio en busca de objetos ilícitos, se amenaza, lesiona y detiene a los ocupantes del lugar, se sustraen objetos de valor y/o dinero, alteran pruebas y, en muchas ocasiones, la autoridad justifica su actuación en una supuesta flagrancia, en una denuncia anónima o por el uso de instrumentos como el detector molecular GT200”.
Ese adminículo hace más vulnerables a los ciudadanos. Se trata de una herramienta de localización de drogas, armas y aun cadáveres enterrados bajo una construcción. Con base en la información que presunta o realmente aporta ese instrumento, los agentes policiacos actúan como queda dicho, cada vez con mayor frecuencia y cada vez en mayor número de lugares.
Después de fundar con rigor jurídico su documento, la CNDH recomienda a las autoridades federales y estatales, en general, siete medidas que se sintetizan en instruir a sus colaboradores y subordinados respecto a los derechos humanos; a emprender reformas que tipifiquen como delito los cateos ilegales, y a informar a tales funcionarios subalternos, y a los ciudadanos en general, sobre la inviolabilidad del domicilio. Sigamos con atención el curso de este documento, para que la opinión pública no permita que el mismo se limite a una denuncia y acaso a una expresión de buenos deseos.
En el caso particular de la colonia Torres de Padierna, ocurrido el jueves, la sociedad debe asimismo ser informada del motivo por el cual la policía preventiva o la ministerial de la Ciudad de México se abstuvieron de actuar. No admitamos que a la peligrosidad del asalto policiaco o militar se agregue la cómplice omisión de otras autoridades, cuya actitud deja en la total indefensión a la gente que, como usted y como yo, estamos expuestos a que nos caiga, no del cielo sino del infierno, una banda que se alegue representante del orden o ni siquiera se sienta obligada a informar de qué se trata.
La casa donde viven el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé y su esposa, así como el domicilio vecino de la doctora Patricia Magaña y de su hija, al igual que el de los padres de esta bióloga investigadora universitaria, fueron allanados con violencia en la madrugada del jueves pasado. A las cuatro y media de la madrugada, una banda de uniformados de negro, con el rostro oculto y portando armas largas, despertaron bruscamente a sus víctimas, fingieron buscar algo que justificara su cateo –en realidad un asalto liso y llano– y en no hallándolo se llevaron varias de sus pertenencias: la memoria de la computadora de la mujer de Bartolomé y un reloj propiedad de éste, un Omega Speedmaster Professional, que ha marcado las horas del escritor durante 40 años.
Apenas se retiraron los intrusos de las viviendas violadas sin explicación alguna, las víctimas llamaron a la policía. A media mañana del jueves, horas después del pedido de auxilio, ninguna autoridad llegó a prestar ayuda o a iniciar la investigación ministerial.
Nada explica y mucho menos justifica el atraco. Las víctimas hacen vida pública, tan normal como es posible en estos tiempos de necesidad y zozobra. Apenas el martes por la noche el poeta chiapaneco había sido figura central en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la presentación de un libro sobre su trayectoria vital y literaria: Los versos y la sangre. Vida y obra de Efraín Bartolomé…, de Héctor Cortés Mandujano. No se les puede imputar relación alguna con la delincuencia organizada ni con organizaciones armadas de corte político. Así lo muestra el que la tropa asaltante se haya retirado sólo con su botín.
Pudo haber sido peor. Pudo ocurrir que se les “sembraran” drogas o armas y se les iniciaran cargos con base en esas evidencias falsas, si se quiere adobadas más tarde con el testimonio de un testigo colaborador que, con tal de recibir protección, sea capaz de emitir y suscribir lo que el Ministerio Público ordene.
Ese atroz fenómeno del ingreso militar o policiaco a domicilios de particulares indefensos se repite por toda la República y ha motivado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir la Recomendación General 19, dirigida a autoridades federales (los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, los procuradores General de la República y de Justicia Militar), a todos los gobernadores, y a sus respectivos secretarios de Seguridad Pública y procuradores, para demandar de todos medidas que pongan coto a las irrupciones de fuerzas armadas sin el mandamiento judicial.
La CNDH dice a los destinatarios de su recomendación haber “observado con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública. La suma de quejas recibidas y violaciones registradas motiva a este organismo a pronunciarse al respecto, con la finalidad de lograr que las autoridades ajusten su actuación en sus funciones de investigación, de persecución del delito, al marco constitucional y legal, con el fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos”.
Tales intromisiones ilegales, agrega la Comisión, “constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a los derechos humanos, en virtud de que además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al ejecutar dichos cateos se ejerce violencia física y psicológica-emocional contra los habitantes de los domicilios que allanan; se realizan detenciones arbitrarias y con frecuencia se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante del domicilio”, es decir, se roban sus cosas, como ocurrió con el escritor chiapaneco, cuyo caso mencionamos como ejemplo tristemente oportuno.
La CNDH no habla en abstracto, no lanza el resultado de cavilaciones especulativas. Se basa en el análisis de una cifra creciente de ese fenómeno aterrador, del que nadie puede sustraerse porque el día menos pensado cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. De enero de 2006 al 31 de mayo de 2011, puntualiza la Comisión, ha tramitado casi 4 mil (3 mil 785 exactamente) expedientes de queja al respecto. El número crece año con año: de 234 quejas recibidas en 2006, la cifra en el año en curso casi se triplicará, pues sólo en los primeros cinco meses de 2011 se han registrado 422 quejas.
La Comisión no esperó que se acumulen las quejas para emitir la recomendación que sus destinatarios están obligados a admitir o rechazar. En esos años ha formulado 28 recomendaciones sobre casos particulares. Pero al investigar tales situaciones específicas ha encontrado un inadmisible patrón de conducta: “se irrumpe en el domicilio en busca de objetos ilícitos, se amenaza, lesiona y detiene a los ocupantes del lugar, se sustraen objetos de valor y/o dinero, alteran pruebas y, en muchas ocasiones, la autoridad justifica su actuación en una supuesta flagrancia, en una denuncia anónima o por el uso de instrumentos como el detector molecular GT200”.
Ese adminículo hace más vulnerables a los ciudadanos. Se trata de una herramienta de localización de drogas, armas y aun cadáveres enterrados bajo una construcción. Con base en la información que presunta o realmente aporta ese instrumento, los agentes policiacos actúan como queda dicho, cada vez con mayor frecuencia y cada vez en mayor número de lugares.
Después de fundar con rigor jurídico su documento, la CNDH recomienda a las autoridades federales y estatales, en general, siete medidas que se sintetizan en instruir a sus colaboradores y subordinados respecto a los derechos humanos; a emprender reformas que tipifiquen como delito los cateos ilegales, y a informar a tales funcionarios subalternos, y a los ciudadanos en general, sobre la inviolabilidad del domicilio. Sigamos con atención el curso de este documento, para que la opinión pública no permita que el mismo se limite a una denuncia y acaso a una expresión de buenos deseos.
En el caso particular de la colonia Torres de Padierna, ocurrido el jueves, la sociedad debe asimismo ser informada del motivo por el cual la policía preventiva o la ministerial de la Ciudad de México se abstuvieron de actuar. No admitamos que a la peligrosidad del asalto policiaco o militar se agregue la cómplice omisión de otras autoridades, cuya actitud deja en la total indefensión a la gente que, como usted y como yo, estamos expuestos a que nos caiga, no del cielo sino del infierno, una banda que se alegue representante del orden o ni siquiera se sienta obligada a informar de qué se trata.
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