Javier Arcadia Galaviz / Cuestión de Debate
Por los datos revelados, no hay duda, la pobreza en este gobierno es vulnerante social, cuyo efecto más drástico habrá de ser la imposibilidad de una alimentación adecuada.
Lo que faltaba, más pobreza. Factor deprimente y dañoso que ineludiblemente por sus alarmantes niveles dados a conocer recientemente, se hace sentir para los más afectados, como si fuera el tercer jinete del apocalipsis, galopante y dramático, causante de hambre y de desesperanza, que innegablemente complica, atemoriza, agrava y oscurece el panorama social, presente y futuro inmediato de nuestro país.
No es exagerar ni tampoco alarmar a nadie, pero los fríos números no mienten y están ahí, a la vista de todos, publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los que se señala que la pobreza en el presente régimen de gobierno del presidente Felipe Calderón, ha aumentado, ya que pasó de 49% a 52%, que equivale a 57 millones de personas pobres, que no llegó a la línea de bienestar, misma que consiste en el costo de la canasta alimentaria y la no alimentaria. La alimentaria fue fijada en 2 mil 114 pesos al mes en las ciudades y en mil 329 pesos en el medio rural.
Es decir, esos grados de pobreza son medidos fundamentalmente con base en los indicadores del ingreso y de los derechos sociales, tales como la salud, seguridad social, educación, calidad y espacios en la vivienda, servicios dentro de la misma y alimentación, de acuerdo con Coneval.
Por los niveles de ese deterioro social, se desprende lo que técnicamente se clasifica como la pobreza moderada y la pobreza extrema. Según la Coneval, la primera se concibe en el momento en que los mexicanos están situados por debajo de la línea de bienestar y que no tengan acceso a tres de los derechos sociales antes señalados. Por lo que hace a la segunda, es decir, la pobreza extrema, conformen con los datos publicados, se presenta cuando los recursos económicos no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria y se carece de más de tres de los mencionados derechos sociales, por lo que en este rango de pobreza social extrema, de acuerdo con los mismos datos dados a conocer, la cifra es del orden de los 11.7 millones de personas en nuestro país.
También tales datos muestran que pasamos de 23.8 millones de personas con estas carencias a la cifra de 28 millones, lo que significa que aproximadamente un tercio de la población padece de hambre. Por los datos revelados, no hay duda, la pobreza en este gobierno es vulnerante social, cuyo efecto más drástico habrá de ser la imposibilidad de una alimentación adecuada.
El mismo Calderón no lo niega, por el contrario, reconoce el incremento de la pobreza, como una señal de fracaso, pero eso sí, trata de culpar a los regímenes de gobiernos que lo antecedieron.
Esta brutal pobreza imparable es causante de distintos daños colaterales, como son el disparo de más delincuencia, más drogadicción en los jóvenes, menos educación y más desintegración familiar, lo que consecuentemente provocará un agudo retroceso social.
Es innegable que los éxitos de un gobierno se miden principalmente por la capacidad de bienestar que ofrezca a su la población, en el caso del gobierno de Calderón no podrá ser así, dado que se enfila en su ruta concluyente o en la cuenta regresiva, lo cual por esa situación no tendría la voluntad ni el tiempo suficiente como para intentar mejor las condiciones de vida de millones de mexicanos, y a lo único que posiblemente le apostará, junto con su partido, el PAN, a que el año entrante, en que habrá elecciones presidenciales, impere la desmemoria colectiva.
Pálida tinta: Una vez más el Diputado Gerardo Fernández Noroña, se convierte en la voz solidaria de denuncia y de defensa de quienes por diversas causas, en su mayoría arbitrarias, han perdido su fuente de trabajo. Esto se dio el día dos de agosto, dentro del marco de la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, órgano legislativo que en ese acto se propuso formular un dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Sí, una vez agotado este punto de la orden del día, en el apartado de asuntos generales, el Diputado Fernández Noroña, en su intervención planteó que esa Comisión se disponga a atender el problema de decenas de funcionarios que en los últimos meses han sido despedidos injustificadamente de su trabajo en la Secretaría de Gobernación. Especificó que esos ex trabajadores tenían la categoría de haber sido personal certificado, en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, y que aún así fueron corridos de su empleo, infringiéndose flagrantemente con ello, esta ley. Mencionó que en algunos casos los sacaron de sus oficinas hasta violentamente, como sucedió con Maximino Sesmas Gómez, persona con discapacidad física, Subdirector de Área en aquel entonces, y con 22 años de servicio para la dependencia, a quien, incluso, le han retenido sus pertenecías personales, como lo es un automóvil de su propiedad. También citó que con el mismo procedimiento arbitrario, atropellaron los derechos de los ex trabajadores Saúl Pérez Salas y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes ocupaban cargos de Jefes de Departamento, con 10 y 22 años de antigüedad, respectivamente. Ante esta denuncia pública, el Presidente de la Comisión de Gobernación, Diputado Javier Corral, se comprometió a darle atención al delicado asunto, veremos si cumple.
Por los datos revelados, no hay duda, la pobreza en este gobierno es vulnerante social, cuyo efecto más drástico habrá de ser la imposibilidad de una alimentación adecuada.
Lo que faltaba, más pobreza. Factor deprimente y dañoso que ineludiblemente por sus alarmantes niveles dados a conocer recientemente, se hace sentir para los más afectados, como si fuera el tercer jinete del apocalipsis, galopante y dramático, causante de hambre y de desesperanza, que innegablemente complica, atemoriza, agrava y oscurece el panorama social, presente y futuro inmediato de nuestro país.
No es exagerar ni tampoco alarmar a nadie, pero los fríos números no mienten y están ahí, a la vista de todos, publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los que se señala que la pobreza en el presente régimen de gobierno del presidente Felipe Calderón, ha aumentado, ya que pasó de 49% a 52%, que equivale a 57 millones de personas pobres, que no llegó a la línea de bienestar, misma que consiste en el costo de la canasta alimentaria y la no alimentaria. La alimentaria fue fijada en 2 mil 114 pesos al mes en las ciudades y en mil 329 pesos en el medio rural.
Es decir, esos grados de pobreza son medidos fundamentalmente con base en los indicadores del ingreso y de los derechos sociales, tales como la salud, seguridad social, educación, calidad y espacios en la vivienda, servicios dentro de la misma y alimentación, de acuerdo con Coneval.
Por los niveles de ese deterioro social, se desprende lo que técnicamente se clasifica como la pobreza moderada y la pobreza extrema. Según la Coneval, la primera se concibe en el momento en que los mexicanos están situados por debajo de la línea de bienestar y que no tengan acceso a tres de los derechos sociales antes señalados. Por lo que hace a la segunda, es decir, la pobreza extrema, conformen con los datos publicados, se presenta cuando los recursos económicos no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria y se carece de más de tres de los mencionados derechos sociales, por lo que en este rango de pobreza social extrema, de acuerdo con los mismos datos dados a conocer, la cifra es del orden de los 11.7 millones de personas en nuestro país.
También tales datos muestran que pasamos de 23.8 millones de personas con estas carencias a la cifra de 28 millones, lo que significa que aproximadamente un tercio de la población padece de hambre. Por los datos revelados, no hay duda, la pobreza en este gobierno es vulnerante social, cuyo efecto más drástico habrá de ser la imposibilidad de una alimentación adecuada.
El mismo Calderón no lo niega, por el contrario, reconoce el incremento de la pobreza, como una señal de fracaso, pero eso sí, trata de culpar a los regímenes de gobiernos que lo antecedieron.
Esta brutal pobreza imparable es causante de distintos daños colaterales, como son el disparo de más delincuencia, más drogadicción en los jóvenes, menos educación y más desintegración familiar, lo que consecuentemente provocará un agudo retroceso social.
Es innegable que los éxitos de un gobierno se miden principalmente por la capacidad de bienestar que ofrezca a su la población, en el caso del gobierno de Calderón no podrá ser así, dado que se enfila en su ruta concluyente o en la cuenta regresiva, lo cual por esa situación no tendría la voluntad ni el tiempo suficiente como para intentar mejor las condiciones de vida de millones de mexicanos, y a lo único que posiblemente le apostará, junto con su partido, el PAN, a que el año entrante, en que habrá elecciones presidenciales, impere la desmemoria colectiva.
Pálida tinta: Una vez más el Diputado Gerardo Fernández Noroña, se convierte en la voz solidaria de denuncia y de defensa de quienes por diversas causas, en su mayoría arbitrarias, han perdido su fuente de trabajo. Esto se dio el día dos de agosto, dentro del marco de la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, órgano legislativo que en ese acto se propuso formular un dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Sí, una vez agotado este punto de la orden del día, en el apartado de asuntos generales, el Diputado Fernández Noroña, en su intervención planteó que esa Comisión se disponga a atender el problema de decenas de funcionarios que en los últimos meses han sido despedidos injustificadamente de su trabajo en la Secretaría de Gobernación. Especificó que esos ex trabajadores tenían la categoría de haber sido personal certificado, en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, y que aún así fueron corridos de su empleo, infringiéndose flagrantemente con ello, esta ley. Mencionó que en algunos casos los sacaron de sus oficinas hasta violentamente, como sucedió con Maximino Sesmas Gómez, persona con discapacidad física, Subdirector de Área en aquel entonces, y con 22 años de servicio para la dependencia, a quien, incluso, le han retenido sus pertenecías personales, como lo es un automóvil de su propiedad. También citó que con el mismo procedimiento arbitrario, atropellaron los derechos de los ex trabajadores Saúl Pérez Salas y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes ocupaban cargos de Jefes de Departamento, con 10 y 22 años de antigüedad, respectivamente. Ante esta denuncia pública, el Presidente de la Comisión de Gobernación, Diputado Javier Corral, se comprometió a darle atención al delicado asunto, veremos si cumple.
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