Rubén Cortés
Una niña narcotraficante, de 13 años e integrante del cartel de Los Zetas, se enfrentó a tiros el fin de semana, en Jalisco, a policías federales hasta ser capturada, con un cargamento de seis AK-47, dos R-15, una pistola 45 y 317 envoltorios de cocaína.
Sin embargo, lo más seguro es que sea internada unos meses en el Consejo Tutelar para Menores, al igual que El Ponchis, también de 14 años y que degolló a cuatro personas, pero permanecerá únicamente tres años en la cárcel porque es menor de edad.
¿Por qué? Porque nuestros legisladores, los mismos que se devanan los sesos para armar una ley de Seguridad Nacional al gusto del activista Javier Sicilia, no legislan sobre qué hacer con los menores que cometen crímenes atroces y gozan de impunidad.
Una inversión de valores por parte de nuestros legisladores que resulta, cuando menos, un pragmatismo pervertido, ya que olvidan que, debido a las laxas condenas que marcan las leyes actuales, esos niños son usados por el narcotráfico.
Según la Red por los Derechos de la Infancia, 30 mil niños y niñas cooperan con los cárteles y, Los Zetas, por ejemplo, crean sicarios en 15 días. Los adiestran en las montañas de Xalapa y los mandan a Nayarit, desde donde son enviados a diferentes plazas.
Un problema demasiado serio como para observarlo con displicencia en el Congreso, pues constituye un asunto grave de seguridad pública. Según el CIDE, 46.4 por ciento de los presos en cárceles del DF y el Edomex, estuvieron internos en un centro de atención para menores infractores.
Es decir, las leyes existentes no sirven para nada, como demuestra el caso de El Ponchis, a quien los peritos le demostraron haber torturado y ejecutado a cuatro personas, por lo cual fue acusado de daños a la salud, homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
El mismo estudio del CIDE asegura que uno de cada tres adultos sentenciados actualmente ya estuvo preso antes de los 18 años, debido a que “es muy claro que cada persona que estuvo presa, sale convencida de volver a cometer delitos”.
De todos modos, estos datos se vuelven alarmantes al cruzarlos con otros aportados por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante la XVIII Conferencia Internacional de Combate a las Drogas: un delincuente tarda apenas un mes en pasar de ladrón a asesino.
Antes, un delincuente dedicado al robo tardaba en promedio unos 15 años en convertirse en criminal dedicado delitos mayores como homicidio o secuestro, lo cual aumentó con el uso de delincuentes comunes y pandillas juveniles por parte del crimen organizado.
Pero a nuestros legisladores no parece interesarles. Al menos no más que los sombreros tipo Borsalino y los chalecos de corresponsal de guerra.
Una niña narcotraficante, de 13 años e integrante del cartel de Los Zetas, se enfrentó a tiros el fin de semana, en Jalisco, a policías federales hasta ser capturada, con un cargamento de seis AK-47, dos R-15, una pistola 45 y 317 envoltorios de cocaína.
Sin embargo, lo más seguro es que sea internada unos meses en el Consejo Tutelar para Menores, al igual que El Ponchis, también de 14 años y que degolló a cuatro personas, pero permanecerá únicamente tres años en la cárcel porque es menor de edad.
¿Por qué? Porque nuestros legisladores, los mismos que se devanan los sesos para armar una ley de Seguridad Nacional al gusto del activista Javier Sicilia, no legislan sobre qué hacer con los menores que cometen crímenes atroces y gozan de impunidad.
Una inversión de valores por parte de nuestros legisladores que resulta, cuando menos, un pragmatismo pervertido, ya que olvidan que, debido a las laxas condenas que marcan las leyes actuales, esos niños son usados por el narcotráfico.
Según la Red por los Derechos de la Infancia, 30 mil niños y niñas cooperan con los cárteles y, Los Zetas, por ejemplo, crean sicarios en 15 días. Los adiestran en las montañas de Xalapa y los mandan a Nayarit, desde donde son enviados a diferentes plazas.
Un problema demasiado serio como para observarlo con displicencia en el Congreso, pues constituye un asunto grave de seguridad pública. Según el CIDE, 46.4 por ciento de los presos en cárceles del DF y el Edomex, estuvieron internos en un centro de atención para menores infractores.
Es decir, las leyes existentes no sirven para nada, como demuestra el caso de El Ponchis, a quien los peritos le demostraron haber torturado y ejecutado a cuatro personas, por lo cual fue acusado de daños a la salud, homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
El mismo estudio del CIDE asegura que uno de cada tres adultos sentenciados actualmente ya estuvo preso antes de los 18 años, debido a que “es muy claro que cada persona que estuvo presa, sale convencida de volver a cometer delitos”.
De todos modos, estos datos se vuelven alarmantes al cruzarlos con otros aportados por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante la XVIII Conferencia Internacional de Combate a las Drogas: un delincuente tarda apenas un mes en pasar de ladrón a asesino.
Antes, un delincuente dedicado al robo tardaba en promedio unos 15 años en convertirse en criminal dedicado delitos mayores como homicidio o secuestro, lo cual aumentó con el uso de delincuentes comunes y pandillas juveniles por parte del crimen organizado.
Pero a nuestros legisladores no parece interesarles. Al menos no más que los sombreros tipo Borsalino y los chalecos de corresponsal de guerra.
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