La taxista y el casino

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

Los creativos de los promocionales de la obra de gobierno con motivo del V Informe del estado en que se encuentra la república mexicana, engañaron al presidente Felipe Calderón con sus propuestas, además pretenden que la sociedad compre sus mentiras. Son burdos en el manejo de las cifras, en la caracterización de los personajes, en esa absurda aspiración de que el pueblo dé la cara por su gobernante, cuando es indefendible en su posición y en sus resultados.

Lo que hoy ocurre con el presidente de la República, recuerda lo escuchado tantas y tantas veces por Isabel de Castilla, en referencia a su medio hermano Enrique: Jamás tuvo un futuro gobernante mejor oportunidad para sacar provecho de las locuras de su predecesor, que en el caso del sexenio del cambio, la funesta dualidad de la pareja presidencial dio al traste con el contrato de esperanza suscrito entre el PAN y los electores.

¿De dónde la peregrina idea expresada por la conductora del taxi, de que la delincuencia organizada su hubiese apoderado del país y adueñado de nuestros hogares, si el gobierno no la enfrenta? Sucedió precisamente lo contrario.

En primer lugar, la creciente presión de Estados Unidos, con el propósito de hacer que se cumplan los acuerdos bilaterales encubiertos tras el manto de la Iniciativa Mérida. En segundo, y más grave, la escalada en la violencia, como ocurrió el jueves 25 de agosto en el Casino Royale, donde los delincuentes procedieron con absoluta certeza en su impunidad, a pesar de la gravedad y barbarie de su crimen: quemar vivas a 52 personas. No les importó que su rostro fuese visto, conocido, memorizado con posibilidades de establecer su identidad. Quienes los instruyeron para proceder con esa crueldad, les garantizaron que no serían perseguidos, mucho menos castigados.

Queda por establecer quién o quiénes ordenaron ese acto de horror, pero no atentado terrorista; establecer si el propósito es provocar, inducir miedo, desestabilizar, o una mezcla de los tres, porque nadie reivindicó un atentado, carece de perfiles ideológicos y, por el momento, lo único que obtiene es que se profundice la desconfianza en el gobierno.

No puede hablarse con ligereza de terrorismo, pues de éste los estudiosos refieren: El terrorismo es el uso de la violencia para el logro de objetivos políticos. A partir del decenio de 1970 hubo un desbordamiento de atentados terroristas organizados por diferentes grupos en busca de la consecución de objetivos políticos. Había desde atentados perpetrados por el Ejército Republicano Irlandés en busca de la independencia de Irlanda hasta atentados al parecer sin sentido, sin un enemigo al frente, como la explosión de avión inglés de la TWA planeada por terroristas musulmanes.

El terrorismo es principalmente utilizado por grupos políticos que han abandonado el camino de la legalidad para enfrentarse a sus opositores. Son grupos por lo general demasiado débiles como para enfrentarse directamente contra su enemigo, que generalmente es el Estado. Se podría identificar un terrorismo dentro de las fronteras de un Estado (España y la Eta, Irlanda y el ERI, Turquía y la Hermandad Roja, Perú y Tupac Amaru, etc.) y el terrorismo que trasciende las fronteras de un Estado y que no está dirigido en contra del Estado soberano de donde provienen los terroristas, sino contra un tercer país.

En tercero y último lugar, la certeza de que en México persiste otra actividad delincuencial impune, la más grave, la de los que se esfuerzan en pasar desapercibidos, la de los delincuentes de cuello blanco, de doctorado, pulcramente vestidos y amparados en la “legalidad”. Éstos son señores de horca y cuchillo en toda la república; disponen -como de su propiedad- de los hogares de los mexicanos, a pesar de la reforma constitucional penal, que en respuesta al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, creó los Juzgados Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que quedarían de inmediato invalidados de aprobarse la Ley de Seguridad Nacional que deja la constatación de la flagrancia al arbitrio de los intereses de los perseguidores, de los intereses políticos del gobierno.

Enseñaron los tutores a Isabel de Castilla: Jamás vayas a la guerra a menos que tengas bien fundadas esperanzas de victoria. Con un hermoso uniforme no se hace un buen soldado. Antes de ir a la guerra, asegúrate de que tu causa es justa, y de que la has abrazado de todo corazón.

Hoy, como lo confirma la realidad, la delincuencia organizada estableció que la mayoría de los causantes cautivos debe entregar a la Secretaría de Hacienda una doble tributación, recabada a través del ISR y del IETU, lo que deja claras las consecuencias en las perspectivas de ahorro y de una vida digna para una buena parte de los mexicanos, dispuestos ya a inscribirse en esa categoría de pobreza alimentaria, que no es sino un eufemismo para calificar a los muertos de hambre, lo que no quiere decir que vayan a fallecer mañana, sino que nunca estarán satisfechos y sus hijos se desarrollarán con graves deficiencias físicas y taras.

Esa misma delincuencia organizada sataniza al corporativismo sindical, pero se sirve de él para sus propósitos electorales y, para peor, pone en manos de sus líderes el futuro de la educación pública y de la reforma energética, que en gran medida son los detonantes financieros y culturales de la posibilidad de ofrecer un futuro mejor a la nación, sin los resultados que del milagro chileno ya se manifiestan.

La importancia de la educación como detonante cultural es fundamental, es urgente revertir lo que han hecho con las recientes generaciones de mexicanos, porque una de las funestas consecuencias de la guerra presidencial contra la delincuencia organizada, es la inoculación del fascismo entre los jóvenes, ese proyecto de nación a que se refiere el presidente Calderón y que fue oportunamente detectado durante una investigación de la UNAM.

Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, aplicada a 2 mil 208 personas de 15 años en adelante en todo el país, revelan que si se les da a elegir entre libertad y seguridad, los jóvenes se inclinan por la segunda; en gran parte de la juventud entrevistada hay una inclinación por el combate de la violencia con la violencia.

La encuesta -aplicada durante el último mes de mayo- señala que son los jóvenes de 15 a 19 años quienes en su mayoría consideraron válido que las fuerzas de seguridad maten a integrantes de la delincuencia organizada, aun cuando exista la posibilidad de detenerlos para presentarlos ante instancias de procuración de justicia.

Casi 30 por ciento de los encuestados se manifestó en favor de esas medidas, 50 por ciento de total de la muestra dijo estar en desacuerdo; aproximadamente 25 por ciento de los encuestados expresó su acuerdo con que se torture a personas detenidas por pertenecer a grupos criminales, como un método para obtener información, y destaca que gran parte de quienes apoyaron esta fórmula también son jóvenes. En tanto, 40 por ciento está contra esa medida.

No le demos más vueltas. Lo que se dirime en esta futura contienda electoral, en la que los protagonistas de la propaganda política mienten con descaro, es el perfil ideológico del futuro de México, si es que la globalización y los compromisos bilaterales contraídos con Estados Unidos dejan espacio para construir un proyecto diferente al que padecen Colombia, Chile y Brasil, que no son ejemplos, como se constatará en cuanto se manifieste el descontento social, como ocurre en Santiago de Chile.

Como propone Isabel de Castilla: los súbditos tienen derecho a cuestionar la conducta del rey, sobre todo si están arrebatando a la tierra todas sus riquezas, si una situación de anarquía ha sucedido a la ley y el orden, desorden en el que unas conductoras ebrias de poder y con total desprecio a la autoridad, ridiculizan a la policía, primer contacto entre la sociedad y el gobierno. Si eso ya no funciona, nada lo hace. La delincuencia organizada, la de cuello blanco y amparada en la ley, se adueñó de la nación y dispone de nuestros hogares. Se debe revertir esa situación.

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