Miguel Ángel Granados Chapa
La primera sala de la Suprema Corte de justicia resolverá hoy la revisión de un amparo negado a Alfredo Rivera, un caso prototípico de acoso judicial contra la libertad de expresión. El juicio civil por daño moral que dio lugar al juicio de garantías comenzó hace exactamente siete años, en agosto de 2004. El cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo demandó a Rivera por la autoría del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, alegando daño a una reputación que desde hace casi tres décadas está en entredicho.
Ahora mismo, la comunidad universitaria hidalguense ha sido movilizada a favor de los intereses pecuniarios personales de Gerardo Sosa. Es una muestra más de que cuanto se dice en el libro de Rivera corresponde a la verdad. Sosa Castelán, que ha sido diputado federal priísta, precandidato al Gobierno del Estado y sobre todo factor dominante de la UAEH, de la que fue rector sin los méritos académicos para serlo, ha sometido a esa institución en su provecho..
Político poderoso, que ahora se aproxima al PAN, pero hizo su carrera en el PRI, Sosa Castelán ha solido contar con el favor, el temor y el apoyo de los gobiernos hidalguenses, salvo en los años recientes en que sus intereses políticos chocaron con los del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, y de quien lo reemplazó el primero de abril, Francisco Olvera.
El año pasado el gobierno estatal clausuró una gasolinería ubicada a la salida de Pachuca, camino a Tulancingo. Se argumentaron motivos de seguridad cuyo cuidado está a cargo de Protección Civil. La clausura provocó la protesta de autoridades universitarias, pues se daba por hecho que la franquicia de ese expendio de combustibles pertenece a la Universidad. Todavía la semana pasada el rector, el secretario general y los líderes de la federación estudiantil y de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos suscribieron una nueva demanda al Gobierno estatal para que la gasolinería sea reabierta. El viernes pasado miembros de la agrupación de alumnos tomaron varias calles importantes en la ciudad y estrangularon el tránsito. Era sólo el preámbulo de una protesta mayor, que iba a tener lugar ayer martes según anuncios repetidos. Pero el gobernador Olvera, de quien Sosa esperaba esa actitud desde que asumió el cargo, anunció el domingo que ordenará la revisión del caso. Y por lo pronto la marcha –a las que la sociedad pachuqueña teme pues ese género de movilizaciones suele terminar en vandalismo y agresión franca a personas y establecimientos comerciales-ha quedado en suspenso.
Ocurre, en embargo, que de la franquicia no es titular la Universidad sino un particular, el contador Óscar Pacheco, a quien se tiene como prestanombres de Sosa. Generar apariencias escudándose en la universidad para la gestión de intereses privados ha sido una costumbre largamente observada por Sosa en su beneficio. Por ejemplo, creó la Fundación Universidad que consiguió de esa casa de estudios autorización para, por ejemplo, manejar los estacionamientos de los predios universitarios. De pronto, sin embargo, la Fundación Universitaria fue suprimida y en su lugar se creó la Fundación hidalguense, sobre la cual Sosa tuvo aun mayor control.
Exponer este género de conductas patrimonialistas, así como su práctica autoritaria, que es enteramente contraria a las libertades que han de privar en las universidades públicas es lo que hizo Rivera en su libro, aparecido en mayo de 2004. En agosto siguiente Sosa inició en su contra (y otros demandados) un juicio de responsabilidad civil por daño moral. No debió haber prosperado y sin embargo, en primera y segunda instancia el autor fue condenado, a través de razonamientos inadmisibles como el que hace una actividad ilegal la de publicar libros. A Rivera se le atribuyeron también actos que no cometió. En efecto escribió el libro, pero no lo publicó, distribuyó ni comercializó, actos por los cuales también se le sanciona.
A través de un despacho cuyos servicios han de ser onerosísimos, Sosa ha mantenido durante siete años un sostenido acoso judicial contra Rivera, que no hubiera podido pagar la asistencia jurídica que ha recibido de la doctora Perla Gómez, de no ser porque el caso se benefició de fondos destinados a la defensa de la libertad de expresión y luego por la liberalidad altruista de la abogada, que actúa probono.
Para protegerse de las sentencias civiles, Rivera demandó amparo, que le fue negado. Al solicitar la revisión, la doctora Gómez pidió también que la Corte atrajera el caso. Es que el asunto envuelve cuestiones que el máximo tribunal ha venido atendiendo por su trascendencia jurídica y social. En mayo pasado, una mayoría de cuatro a una desechó el proyecto de sentencia preparado por la ministra Olga María Sánchez Cordero. Ésta propuso que se amparara a Rivera mediante la aplicación de una ley especial y posterior a la reforma al código civil, cuyo sentido es realmente proteger el honor de una persona y no permitir que se tase la reputación en cantidades fijadas arbitrariamente por el juez.
Como ha hecho antes, la primera sala podría resolver este caso con base en el criterio de que las figuras pública están expuestas al escrutinio social en mayor medida que los particulares. Si se confirmaran las sentencias civiles, Gerardo Sosa quedaría en posición no sólo de víctima sino que haría un negocio redondo si se obliga a Rivera a pagar una indemnización que acrecentaría el mal habido patrimonio de Sosa.
La primera sala de la Suprema Corte de justicia resolverá hoy la revisión de un amparo negado a Alfredo Rivera, un caso prototípico de acoso judicial contra la libertad de expresión. El juicio civil por daño moral que dio lugar al juicio de garantías comenzó hace exactamente siete años, en agosto de 2004. El cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo demandó a Rivera por la autoría del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, alegando daño a una reputación que desde hace casi tres décadas está en entredicho.
Ahora mismo, la comunidad universitaria hidalguense ha sido movilizada a favor de los intereses pecuniarios personales de Gerardo Sosa. Es una muestra más de que cuanto se dice en el libro de Rivera corresponde a la verdad. Sosa Castelán, que ha sido diputado federal priísta, precandidato al Gobierno del Estado y sobre todo factor dominante de la UAEH, de la que fue rector sin los méritos académicos para serlo, ha sometido a esa institución en su provecho..
Político poderoso, que ahora se aproxima al PAN, pero hizo su carrera en el PRI, Sosa Castelán ha solido contar con el favor, el temor y el apoyo de los gobiernos hidalguenses, salvo en los años recientes en que sus intereses políticos chocaron con los del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, y de quien lo reemplazó el primero de abril, Francisco Olvera.
El año pasado el gobierno estatal clausuró una gasolinería ubicada a la salida de Pachuca, camino a Tulancingo. Se argumentaron motivos de seguridad cuyo cuidado está a cargo de Protección Civil. La clausura provocó la protesta de autoridades universitarias, pues se daba por hecho que la franquicia de ese expendio de combustibles pertenece a la Universidad. Todavía la semana pasada el rector, el secretario general y los líderes de la federación estudiantil y de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos suscribieron una nueva demanda al Gobierno estatal para que la gasolinería sea reabierta. El viernes pasado miembros de la agrupación de alumnos tomaron varias calles importantes en la ciudad y estrangularon el tránsito. Era sólo el preámbulo de una protesta mayor, que iba a tener lugar ayer martes según anuncios repetidos. Pero el gobernador Olvera, de quien Sosa esperaba esa actitud desde que asumió el cargo, anunció el domingo que ordenará la revisión del caso. Y por lo pronto la marcha –a las que la sociedad pachuqueña teme pues ese género de movilizaciones suele terminar en vandalismo y agresión franca a personas y establecimientos comerciales-ha quedado en suspenso.
Ocurre, en embargo, que de la franquicia no es titular la Universidad sino un particular, el contador Óscar Pacheco, a quien se tiene como prestanombres de Sosa. Generar apariencias escudándose en la universidad para la gestión de intereses privados ha sido una costumbre largamente observada por Sosa en su beneficio. Por ejemplo, creó la Fundación Universidad que consiguió de esa casa de estudios autorización para, por ejemplo, manejar los estacionamientos de los predios universitarios. De pronto, sin embargo, la Fundación Universitaria fue suprimida y en su lugar se creó la Fundación hidalguense, sobre la cual Sosa tuvo aun mayor control.
Exponer este género de conductas patrimonialistas, así como su práctica autoritaria, que es enteramente contraria a las libertades que han de privar en las universidades públicas es lo que hizo Rivera en su libro, aparecido en mayo de 2004. En agosto siguiente Sosa inició en su contra (y otros demandados) un juicio de responsabilidad civil por daño moral. No debió haber prosperado y sin embargo, en primera y segunda instancia el autor fue condenado, a través de razonamientos inadmisibles como el que hace una actividad ilegal la de publicar libros. A Rivera se le atribuyeron también actos que no cometió. En efecto escribió el libro, pero no lo publicó, distribuyó ni comercializó, actos por los cuales también se le sanciona.
A través de un despacho cuyos servicios han de ser onerosísimos, Sosa ha mantenido durante siete años un sostenido acoso judicial contra Rivera, que no hubiera podido pagar la asistencia jurídica que ha recibido de la doctora Perla Gómez, de no ser porque el caso se benefició de fondos destinados a la defensa de la libertad de expresión y luego por la liberalidad altruista de la abogada, que actúa probono.
Para protegerse de las sentencias civiles, Rivera demandó amparo, que le fue negado. Al solicitar la revisión, la doctora Gómez pidió también que la Corte atrajera el caso. Es que el asunto envuelve cuestiones que el máximo tribunal ha venido atendiendo por su trascendencia jurídica y social. En mayo pasado, una mayoría de cuatro a una desechó el proyecto de sentencia preparado por la ministra Olga María Sánchez Cordero. Ésta propuso que se amparara a Rivera mediante la aplicación de una ley especial y posterior a la reforma al código civil, cuyo sentido es realmente proteger el honor de una persona y no permitir que se tase la reputación en cantidades fijadas arbitrariamente por el juez.
Como ha hecho antes, la primera sala podría resolver este caso con base en el criterio de que las figuras pública están expuestas al escrutinio social en mayor medida que los particulares. Si se confirmaran las sentencias civiles, Gerardo Sosa quedaría en posición no sólo de víctima sino que haría un negocio redondo si se obliga a Rivera a pagar una indemnización que acrecentaría el mal habido patrimonio de Sosa.
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