Casinos y crimen organizado
PAN y PRI: ¿sorprendidos?
Carlos Fernández-Vega / México SA
Como siempre, la autoridad ejerce sus funciones sólo cuando ya es demasiado tarde. Después de los trágicos sucesos del pasado jueves en Monterrey, todas las instancias de gobierno –federal, estatal y municipal– no sólo practicaron el juego de aventarse la pelota entre sí, sino que se apresuraron, según su propio dicho, a ejercer sus facultades legales para atrapar a los responsables del acto terrorista y detectar irregularidades en los miles de casinos que, regular e irregularmente, operan en el país.
De entrada, la Secretaría de Gobernación, responsable legal del discrecional otorgamiento y supervisión de permisos para juego, rápidamente se puso a investigar algo que, se supone, sabía desde el momento en que autorizó el funcionamiento del Casino Royale en Monterrey, es decir, el o los nombres de los titulares de la licencia. Por su parte, el gobierno de Nuevo León de inmediato se puso a investigar probables anomalías en otros centros de apuesta que funcionan en el estado, mientras la presidencia municipal de Monterrey comenzó a denunciar las prácticas corruptas de los jueces que otorgan amparos a los malosos a cambio de gruesas talegas, actuaciones que las tres instancias (federal, estatal y municipal) estaban obligadas a hacer desde el momento en que detectaron anomalías y corruptelas, esto es, mucho antes de los trágicos sucesos del 25 de agosto en la sultana del norte. Pero no actuaron así. Esperaron pacientemente a que se registrara un acto terrorista y murieran más de 50 personas para hacer pública su denuncia. Sólo así, según ellos, tenían elementos para ponerse a trabajar.
En este contexto llama la atención la velocidad del Servicio de Administración Tributaria: como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de 3 mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país (¿y dónde estaba la Dirección de Aduanas?). Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, explicó que este operativo coordinado, planeado con 10 días de anticipación (¡¡¡!!!), se llevó a cabo (¡oh casualidad de la vida!) el viernes 26 y el sábado 27 de agosto (o lo que es lo mismo al día siguiente del incendio en el Royale). Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León. El operativo contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República. Para que procedieran, debieron registrarse un acto terrorista y más de 50 muertos.
Tras los sucesos en el Royale, panistas y priístas se muestran sorprendidos por la irregularidad y abierta ilegalidad con la que operan miles de casinos en el país. Ahora sorprendidos, son los mismos que de mucho tiempo atrás, pero especialmente desde 2004, empujaron desde el Congreso para sacar adelante una ley que permitiera el abierto funcionamiento de los casinos en el país, aduciendo para ello los múltiples beneficios que acarrearía para México y los mexicanos: desde cientos de miles de empleos formales hasta una inimaginable catarata de recursos para el fisco, pasando por el crecimiento sostenido de la industria de la construcción, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los habitantes de este país, y el río de turistas que fluiría hacia esta República, negando siempre la posibilidad de que el crimen organizado le metiera la mano, rápida y eficientemente, a esto que calificaron de industria del futuro. Eso dijeron siete años atrás, pero hoy muestran su sorpresa por acontecimientos como los de Monterrey.
En septiembre de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, con el refrendo de los secretarios de Gobernación (Santiago Creel) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz), expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año. La Cámara de Diputados presentó un controversia constitucional, pero nada sucedió, mientras los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) echaron al bote de la basura la advertencia de Lázaro Cárdenas, quien el 24 de junio de 1938 prohibió (con claro mensaje para el ex presidente Abelardo L. Rodríguez, en ese entonces zar del juego y la prostitución en el país) la instalación y operación de casinos en México data del 24 de junio de 1938, ordenando en paralelo la abolición de los existentes, toda vez que por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.
En las iniciativas de ley que sobre el particular presentaron las bancadas panista y priísta en 2004, se proponía la autorización para ocho o diez casinos en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta densidad poblacional. Facultaban al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, a otorgar discrecionalmente los permisos, y estimaban pertinente crear una comisión que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, entre cuyas funciones estarían regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relacionada con los casinos.
También estimaban que el monto obtenido por el gobierno federal sería el equivalente a 9 por ciento de los ingresos brutos de los casinos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno. Cundo menos el 50-51 por ciento de la inversión tendría que ser nacional y el resto de procedencia foránea. En materia de lavado de dinero los mecanismos propuestos para regular esta práctica ilícita son en dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador. El primero estaba obligado a acreditar el origen lícito de los recursos a invertir, amén de proporcionar a la comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos brutos y netos, y las autoridades encargadas de regular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino. Para los segundos, el tope de apuestas se limitaría al equivalente a 2 mil días de salario mínimo; intentos de jugar con más de 10 mil dólares serán investigados por la autoridades. Los trabajadores de los centros de apuestas tendrían que contar con una licencia de trabajo otorgada por la idílica comisión.
Las rebanadas del pastel
Lo anterior en el papel y en el discurso. En los hechos se concretó la visionaria advertencia cardenista de 1938. Pero los impulsores de los casinos hoy se dicen sorprendidos de la realidad… Un enorme abrazo a la dueña de mi sistema cardiaco, por el décimo tercer aniversario.
PAN y PRI: ¿sorprendidos?
Carlos Fernández-Vega / México SA
Como siempre, la autoridad ejerce sus funciones sólo cuando ya es demasiado tarde. Después de los trágicos sucesos del pasado jueves en Monterrey, todas las instancias de gobierno –federal, estatal y municipal– no sólo practicaron el juego de aventarse la pelota entre sí, sino que se apresuraron, según su propio dicho, a ejercer sus facultades legales para atrapar a los responsables del acto terrorista y detectar irregularidades en los miles de casinos que, regular e irregularmente, operan en el país.
De entrada, la Secretaría de Gobernación, responsable legal del discrecional otorgamiento y supervisión de permisos para juego, rápidamente se puso a investigar algo que, se supone, sabía desde el momento en que autorizó el funcionamiento del Casino Royale en Monterrey, es decir, el o los nombres de los titulares de la licencia. Por su parte, el gobierno de Nuevo León de inmediato se puso a investigar probables anomalías en otros centros de apuesta que funcionan en el estado, mientras la presidencia municipal de Monterrey comenzó a denunciar las prácticas corruptas de los jueces que otorgan amparos a los malosos a cambio de gruesas talegas, actuaciones que las tres instancias (federal, estatal y municipal) estaban obligadas a hacer desde el momento en que detectaron anomalías y corruptelas, esto es, mucho antes de los trágicos sucesos del 25 de agosto en la sultana del norte. Pero no actuaron así. Esperaron pacientemente a que se registrara un acto terrorista y murieran más de 50 personas para hacer pública su denuncia. Sólo así, según ellos, tenían elementos para ponerse a trabajar.
En este contexto llama la atención la velocidad del Servicio de Administración Tributaria: como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de 3 mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país (¿y dónde estaba la Dirección de Aduanas?). Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, explicó que este operativo coordinado, planeado con 10 días de anticipación (¡¡¡!!!), se llevó a cabo (¡oh casualidad de la vida!) el viernes 26 y el sábado 27 de agosto (o lo que es lo mismo al día siguiente del incendio en el Royale). Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León. El operativo contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República. Para que procedieran, debieron registrarse un acto terrorista y más de 50 muertos.
Tras los sucesos en el Royale, panistas y priístas se muestran sorprendidos por la irregularidad y abierta ilegalidad con la que operan miles de casinos en el país. Ahora sorprendidos, son los mismos que de mucho tiempo atrás, pero especialmente desde 2004, empujaron desde el Congreso para sacar adelante una ley que permitiera el abierto funcionamiento de los casinos en el país, aduciendo para ello los múltiples beneficios que acarrearía para México y los mexicanos: desde cientos de miles de empleos formales hasta una inimaginable catarata de recursos para el fisco, pasando por el crecimiento sostenido de la industria de la construcción, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los habitantes de este país, y el río de turistas que fluiría hacia esta República, negando siempre la posibilidad de que el crimen organizado le metiera la mano, rápida y eficientemente, a esto que calificaron de industria del futuro. Eso dijeron siete años atrás, pero hoy muestran su sorpresa por acontecimientos como los de Monterrey.
En septiembre de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, con el refrendo de los secretarios de Gobernación (Santiago Creel) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz), expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año. La Cámara de Diputados presentó un controversia constitucional, pero nada sucedió, mientras los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) echaron al bote de la basura la advertencia de Lázaro Cárdenas, quien el 24 de junio de 1938 prohibió (con claro mensaje para el ex presidente Abelardo L. Rodríguez, en ese entonces zar del juego y la prostitución en el país) la instalación y operación de casinos en México data del 24 de junio de 1938, ordenando en paralelo la abolición de los existentes, toda vez que por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.
En las iniciativas de ley que sobre el particular presentaron las bancadas panista y priísta en 2004, se proponía la autorización para ocho o diez casinos en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta densidad poblacional. Facultaban al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, a otorgar discrecionalmente los permisos, y estimaban pertinente crear una comisión que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, entre cuyas funciones estarían regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relacionada con los casinos.
También estimaban que el monto obtenido por el gobierno federal sería el equivalente a 9 por ciento de los ingresos brutos de los casinos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno. Cundo menos el 50-51 por ciento de la inversión tendría que ser nacional y el resto de procedencia foránea. En materia de lavado de dinero los mecanismos propuestos para regular esta práctica ilícita son en dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador. El primero estaba obligado a acreditar el origen lícito de los recursos a invertir, amén de proporcionar a la comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos brutos y netos, y las autoridades encargadas de regular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino. Para los segundos, el tope de apuestas se limitaría al equivalente a 2 mil días de salario mínimo; intentos de jugar con más de 10 mil dólares serán investigados por la autoridades. Los trabajadores de los centros de apuestas tendrían que contar con una licencia de trabajo otorgada por la idílica comisión.
Las rebanadas del pastel
Lo anterior en el papel y en el discurso. En los hechos se concretó la visionaria advertencia cardenista de 1938. Pero los impulsores de los casinos hoy se dicen sorprendidos de la realidad… Un enorme abrazo a la dueña de mi sistema cardiaco, por el décimo tercer aniversario.
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