Carlos Ramírez / Indicador Político
1.- La participación activa de tres sacerdotes en la dirección política del movimiento por la paz de Javier Sicilia y la asunción del propio poeta como la de un anarquista católico comprueban que su oposición a la ley de seguridad nacional representa un riesgo para el Estado laico.
2.- Para empezar, los religiosos no creen en la función del Estado. Es la hora en que la iglesia católica sigue negándose a reconocer la vigencia de la Constitución, lo mismo las corrientes conservadoras que las progresistas. De hecho, los sacerdotes no creen en la figura jurídica del Estado vaticano y su ordenación y designación en jerarquías depende de un Príncipe extranjero, el Papa como el Príncipe de la Iglesia. Por tanto, los sacerdotes le deben lealtad al Papa y no al Estado mexicano.
3.- El debate es de origen: El Estado es la conformación de un contrato civil terrenal y la iglesia y sus creencias dependen de la fe religiosa que tienen en Roma su centro motor. Los sacerdotes Raúl Vera, Alejandro Solalinde y Miguel Concha le deben obediencia a Roma y a sus leyes religiosas y derecho canónico. De ahí que su participación en el movimiento de Sicilia se base en el desprecio a la figura jurídica del Estado mexicano.
4.- El asunto también es jurídico. Cuando le entró al debate por la primera visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979, el presidente José López Portillo --profesor de teoría del Estado en la UNAM-- declaró que tenía razones jurídicas para demostrar la inexistencia del Estado vaticano; por tanto, en la doctrina jurídica la iglesia es una religión, un acto de fe. La historia de México se decantó en la lucha entre el poder civil y el clero que siempre ha querido colocarse por encima del Estado. Sicilia no esconde sus creencias políticas: Un anarquista es el que no reconoce la existencia, jerarquía y autoridad del Estado.
5.- Las propuestas de los sacerdotes en el movimiento de Sicilia afectan la conformación jurídica y política del Estado mexicano, actos por cierto prohibidos por el Estado laico. En la iglesia progresista --y no en la iglesia conservadora-- se localiza el peor peligro para el Estado laico porque esos sacerdotes progresistas quieren limitar el poder del Estado y someterlo al poder de la religión.
6.- La posición de los asesores religiosos de Sicilia y el propio silencio de Sicilia respecto a los crímenes del “Chapo” tiene que ver con el hecho de que los delincuentes también son víctimas del Estado como el Leviatán antirreligioso. Por ello Sicilia y su movimiento quieren atarle las manos al Estado pero sin ninguna exigencia o crítica a los cárteles de la droga.
7.- Al final de cuentas, la posición progresista de los sacerdotes radicales no es sino una variante de la iglesia conservadora porque la característica principal de las posiciones progresistas y de izquierda es la cientificidad del pensamiento y de la acción. La iglesia exige sumisión a la fe. La iglesia progresista es proclive a la organización de comunidades de base en el campo y las zonas indígenas porque implica una extraterritorialidad del Estado. Esa fue la razón de los legisladores en el 2001 para oponerse al reconocimiento de la autonomía indígena en los Acuerdos de San Andrés.
8.- Sicilia, sus sacerdotes activistas y sus asesores en derechos humanos han abierto el punto central del debate: ¿Tiene el Estado el monopolio de la fuerza y la represión para mantener la soberanía del Estado ante embates externos e internos de grupos que quieren instalar su poder hegemónico en partes territoriales de la república? Un Estado sin hegemonía de la fuerza ni de la represión no es un Estado sino
un intendente acotado.
9.- Más que el perdón a las víctimas de la lucha contra las bandas criminales que habían instalado su dominio en partes territoriales del Estado, Sicilia debió de haber exigido el castigo ejemplar a los cárteles del crimen organizado. Si se revisa la información, el hijo de Sicilia no fue asesinado por fuerzas públicas de seguridad sino por sicarios del Cartel del Pacífico Sur. La abrumadora mayoría de los 50 mil muertos --más del 90%-- fueron víctimas de cárteles criminales y no de las fuerzas de seguridad. ¿Cuándo decidirá Sicilia exigirle, con la misma vehemencia de las últimas semanas, al “Chapo” y a otros capos que pidan el perdón a las víctimas civiles de su violencia criminal? En casos extremos, el silencio es sinónimo de complicidad.
10.- Así como se han exigido medidas legales contra el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez y contra el vocero del Episcopado Hugo Valdemar por opiniones consideradas como violatorias del Estado laico, ¿cuándo se le aplicará la ley del Estado laico a Concha, Vera y Solalinde no por su acción de consuelo a creyentes sino por exigir la modificación del carácter del Estado y participar en actividades de confrontación contra el poder ejecutivo y el poder legislativo?
11.- La estrategia de Sicilia ha centrado el problema de las víctimas en la redefinición del Estado vía la ley de seguridad nacional. Sus reuniones públicas buscan comprometer a los interlocutores en reuniones abiertas: Lo hizo con el Presidente de la República y con el Congreso. Su decisión de recular en su ruptura con el congreso no tuvo que ver con algún indicio de reconsideración en los legisladores, sino porque esa actitud intolerante, autoritaria y fundamentalista le estaba cerrando las puertas de una reunión con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sicilia quiere también arrinconar a los ministros de la Corte en un tema que sólo deben conocer por procedimiento judicial.
12.- La ley de seguridad nacional definirá el carácter del Estado.
1.- La participación activa de tres sacerdotes en la dirección política del movimiento por la paz de Javier Sicilia y la asunción del propio poeta como la de un anarquista católico comprueban que su oposición a la ley de seguridad nacional representa un riesgo para el Estado laico.
2.- Para empezar, los religiosos no creen en la función del Estado. Es la hora en que la iglesia católica sigue negándose a reconocer la vigencia de la Constitución, lo mismo las corrientes conservadoras que las progresistas. De hecho, los sacerdotes no creen en la figura jurídica del Estado vaticano y su ordenación y designación en jerarquías depende de un Príncipe extranjero, el Papa como el Príncipe de la Iglesia. Por tanto, los sacerdotes le deben lealtad al Papa y no al Estado mexicano.
3.- El debate es de origen: El Estado es la conformación de un contrato civil terrenal y la iglesia y sus creencias dependen de la fe religiosa que tienen en Roma su centro motor. Los sacerdotes Raúl Vera, Alejandro Solalinde y Miguel Concha le deben obediencia a Roma y a sus leyes religiosas y derecho canónico. De ahí que su participación en el movimiento de Sicilia se base en el desprecio a la figura jurídica del Estado mexicano.
4.- El asunto también es jurídico. Cuando le entró al debate por la primera visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979, el presidente José López Portillo --profesor de teoría del Estado en la UNAM-- declaró que tenía razones jurídicas para demostrar la inexistencia del Estado vaticano; por tanto, en la doctrina jurídica la iglesia es una religión, un acto de fe. La historia de México se decantó en la lucha entre el poder civil y el clero que siempre ha querido colocarse por encima del Estado. Sicilia no esconde sus creencias políticas: Un anarquista es el que no reconoce la existencia, jerarquía y autoridad del Estado.
5.- Las propuestas de los sacerdotes en el movimiento de Sicilia afectan la conformación jurídica y política del Estado mexicano, actos por cierto prohibidos por el Estado laico. En la iglesia progresista --y no en la iglesia conservadora-- se localiza el peor peligro para el Estado laico porque esos sacerdotes progresistas quieren limitar el poder del Estado y someterlo al poder de la religión.
6.- La posición de los asesores religiosos de Sicilia y el propio silencio de Sicilia respecto a los crímenes del “Chapo” tiene que ver con el hecho de que los delincuentes también son víctimas del Estado como el Leviatán antirreligioso. Por ello Sicilia y su movimiento quieren atarle las manos al Estado pero sin ninguna exigencia o crítica a los cárteles de la droga.
7.- Al final de cuentas, la posición progresista de los sacerdotes radicales no es sino una variante de la iglesia conservadora porque la característica principal de las posiciones progresistas y de izquierda es la cientificidad del pensamiento y de la acción. La iglesia exige sumisión a la fe. La iglesia progresista es proclive a la organización de comunidades de base en el campo y las zonas indígenas porque implica una extraterritorialidad del Estado. Esa fue la razón de los legisladores en el 2001 para oponerse al reconocimiento de la autonomía indígena en los Acuerdos de San Andrés.
8.- Sicilia, sus sacerdotes activistas y sus asesores en derechos humanos han abierto el punto central del debate: ¿Tiene el Estado el monopolio de la fuerza y la represión para mantener la soberanía del Estado ante embates externos e internos de grupos que quieren instalar su poder hegemónico en partes territoriales de la república? Un Estado sin hegemonía de la fuerza ni de la represión no es un Estado sino
un intendente acotado.
9.- Más que el perdón a las víctimas de la lucha contra las bandas criminales que habían instalado su dominio en partes territoriales del Estado, Sicilia debió de haber exigido el castigo ejemplar a los cárteles del crimen organizado. Si se revisa la información, el hijo de Sicilia no fue asesinado por fuerzas públicas de seguridad sino por sicarios del Cartel del Pacífico Sur. La abrumadora mayoría de los 50 mil muertos --más del 90%-- fueron víctimas de cárteles criminales y no de las fuerzas de seguridad. ¿Cuándo decidirá Sicilia exigirle, con la misma vehemencia de las últimas semanas, al “Chapo” y a otros capos que pidan el perdón a las víctimas civiles de su violencia criminal? En casos extremos, el silencio es sinónimo de complicidad.
10.- Así como se han exigido medidas legales contra el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez y contra el vocero del Episcopado Hugo Valdemar por opiniones consideradas como violatorias del Estado laico, ¿cuándo se le aplicará la ley del Estado laico a Concha, Vera y Solalinde no por su acción de consuelo a creyentes sino por exigir la modificación del carácter del Estado y participar en actividades de confrontación contra el poder ejecutivo y el poder legislativo?
11.- La estrategia de Sicilia ha centrado el problema de las víctimas en la redefinición del Estado vía la ley de seguridad nacional. Sus reuniones públicas buscan comprometer a los interlocutores en reuniones abiertas: Lo hizo con el Presidente de la República y con el Congreso. Su decisión de recular en su ruptura con el congreso no tuvo que ver con algún indicio de reconsideración en los legisladores, sino porque esa actitud intolerante, autoritaria y fundamentalista le estaba cerrando las puertas de una reunión con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sicilia quiere también arrinconar a los ministros de la Corte en un tema que sólo deben conocer por procedimiento judicial.
12.- La ley de seguridad nacional definirá el carácter del Estado.
Comentarios