Miguel Ángel Granados Chapa
Acudir al Tribunal electoral del poder judicial de la Federación ha solido generar conflictos en el PRD. Esa instancia judicial resolvió que Jesús Ortega fuera el presidente del partido hace cuatro años, en vez de decretar la nulidad del proceso interno. Y con ello radicalizó las rivalidades entre los grupos contendientes. El propio tribunal resolvió que la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, hace dos años, no fuera Clara Brugada, lo que dio origen a nuevas pugnas internas. Sin embargo, merced al activismo de Andrés Manuel López Obrador y tras complicadas maniobras políticas, Brugada quedó al frente de esa demarcación. Antes, el Trife (como sigue llamándosele por economía de esfuerzo) había obligado al PRD a presentar en Tlaxcala una candidatura que no quería impulsar.
Ahora ese partido se enfrenta a serias dificultades, derivadas de nuevo de otro fallo de la sala superior del TEPJF. El jueves pasado ese órgano resolvió a favor de militantes encabezados por el senador Carlos Sotelo, que son inválidos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional perredista, que prorrogaron indebidamente el mandato de sus consejos, congresos y direcciones. Los integrantes de esos órganos deberían ser sustituidos en marzo pasado, pero se alargó la vigencia de su elección hasta diciembre próximo. El tribunal electoral dispuso que no sea así, y fijó el 15 de noviembre como límite para la integración de nuevos órganos. Paradójicamente, autorizó al consejo nacional, declarado ilegal, que restaure la legalidad interna mediante la convocatoria a elecciones.
Anteayer lunes, la comisión política nacional acordó acatar (no le quedaba otra salida) la resolución del tribunal, aunque hacerlo no será sencillo. La dificultad consiste en que conforme a los estatutos de partido son los comités seccionales los que deben elegir a consejeros y congresistas, y no existen tales comités. De modo que, a marchas forzadas, deberán organizarse esos órganos, cuyo número es apabullante: Como su nombre lo indica, debe funcionar uno por cada sección electoral, que suman 65 mil en total. Ante la gigantesca labor de organización que ello implica, la dirección perredista podría optar por una elección directa de sus líderes estatales y nacionales. Pero el PRD ha vivido experiencias amargas en ese tipo de comicios, y seguramente se llegará a ese extremo sólo en caso de necesidad última.
El tiempo de que dispone el PRD está regido por la legislación electoral, es decir que no puede ya aplazar la integración de nuevos órganos. En el colmo de la desorganización, si no sale bien librado de este brete, ese partido podría quedar inhabilitado para participar en los comicios del año próximo. Es una posibilidad remota, pero las querellas interiores y la desorganización que priva en ese partido podrían generar ese desenlace extremo.
Aunque a las corrientes que con Sotelo a la cabeza le asistía la razón jurídica y el tribunal así lo reconoció, el legislador colimense actúa movido por fines personales y de grupo, no en aras del imperio de la ley en su partido. Sotelo fue durante largo tiempo uno de los dirigentes de nueva izquierda, la corriente hasta ahora mayoritaria. Pero rompió con los chuchos y formó su propia tribu, a cuyos intereses conviene una recomposición de los órganos directivos, a efecto de contar en ellos con alguna representación. Su propósito era impedir la realización del Congreso nacional citado para el 20 de agosto. El tribunal hacía programado el desahogo del caso en fecha previa, pero a última hora lo aplazó para el viernes pasado. Con esa demora el tribunal generó nuevos problemas, pues si el Congreso se reunió fuera de la ley, sus acuerdos son nulos. Y cuando el procedimiento se reponga, al filo de la contienda interna por la candidatura presidencial, la cuestión de la validez de los acuerdos congresionales significará un nuevo escollo para el partido.
Otro asunto de interés para el PRD aguarda en el tribunal. Alejandro Encinas inició el 19 de agosto, junto con los dirigentes de la coalición que lo postuló al gobierno del estado de México, un juicio de revisión constitucional sobre la legalidad de los comicios del 2 de julio en esa entidad, en un proceso que formalmente ha concluido al punto de que el candidato del PRI, Eruviel Ávila, es gobernador electo y se dispone a relevar a Enrique Peña Nieto en el primer minuto del próximo 16 de septiembre.
Encinas ha organizado una argumentación sólida que muestra la inequidad del proceso electoral, por la intervención abierta del gobierno estatal, la parcialidad de los medios de comunicación y, lo que es más importante, del consejo general del Instituto electoral del estado de México. Pero quizá la pieza más contundente de su alegato consiste en mostrar el exceso de gasto en que incurrió la coalición Unidos por ti, integrada por el PRI, el Partido
Verde y el Panal. Sólo en materia de propaganda esa alianza habría superado el tope fijado por la autoridad electoral en 180 por ciento. Y conforme datos ofrecidos por la propia coalición, el monto del gasto en total sobrepasó en 680 por ciento el límite autorizado, y llegó a 1,600 millones de pesos.
La sala superior pone el acento en establecer si esos abusos son o no determinantes del resultado final. Es fácil decretar que no lo son, por más abultado que sea el exceso. Pero al resolver en esa dirección, se consagra el principio antidemocrático de que es “más rentable violar la ley que cumplirla”, según ha escrito el propio Encinas.
Acudir al Tribunal electoral del poder judicial de la Federación ha solido generar conflictos en el PRD. Esa instancia judicial resolvió que Jesús Ortega fuera el presidente del partido hace cuatro años, en vez de decretar la nulidad del proceso interno. Y con ello radicalizó las rivalidades entre los grupos contendientes. El propio tribunal resolvió que la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, hace dos años, no fuera Clara Brugada, lo que dio origen a nuevas pugnas internas. Sin embargo, merced al activismo de Andrés Manuel López Obrador y tras complicadas maniobras políticas, Brugada quedó al frente de esa demarcación. Antes, el Trife (como sigue llamándosele por economía de esfuerzo) había obligado al PRD a presentar en Tlaxcala una candidatura que no quería impulsar.
Ahora ese partido se enfrenta a serias dificultades, derivadas de nuevo de otro fallo de la sala superior del TEPJF. El jueves pasado ese órgano resolvió a favor de militantes encabezados por el senador Carlos Sotelo, que son inválidos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional perredista, que prorrogaron indebidamente el mandato de sus consejos, congresos y direcciones. Los integrantes de esos órganos deberían ser sustituidos en marzo pasado, pero se alargó la vigencia de su elección hasta diciembre próximo. El tribunal electoral dispuso que no sea así, y fijó el 15 de noviembre como límite para la integración de nuevos órganos. Paradójicamente, autorizó al consejo nacional, declarado ilegal, que restaure la legalidad interna mediante la convocatoria a elecciones.
Anteayer lunes, la comisión política nacional acordó acatar (no le quedaba otra salida) la resolución del tribunal, aunque hacerlo no será sencillo. La dificultad consiste en que conforme a los estatutos de partido son los comités seccionales los que deben elegir a consejeros y congresistas, y no existen tales comités. De modo que, a marchas forzadas, deberán organizarse esos órganos, cuyo número es apabullante: Como su nombre lo indica, debe funcionar uno por cada sección electoral, que suman 65 mil en total. Ante la gigantesca labor de organización que ello implica, la dirección perredista podría optar por una elección directa de sus líderes estatales y nacionales. Pero el PRD ha vivido experiencias amargas en ese tipo de comicios, y seguramente se llegará a ese extremo sólo en caso de necesidad última.
El tiempo de que dispone el PRD está regido por la legislación electoral, es decir que no puede ya aplazar la integración de nuevos órganos. En el colmo de la desorganización, si no sale bien librado de este brete, ese partido podría quedar inhabilitado para participar en los comicios del año próximo. Es una posibilidad remota, pero las querellas interiores y la desorganización que priva en ese partido podrían generar ese desenlace extremo.
Aunque a las corrientes que con Sotelo a la cabeza le asistía la razón jurídica y el tribunal así lo reconoció, el legislador colimense actúa movido por fines personales y de grupo, no en aras del imperio de la ley en su partido. Sotelo fue durante largo tiempo uno de los dirigentes de nueva izquierda, la corriente hasta ahora mayoritaria. Pero rompió con los chuchos y formó su propia tribu, a cuyos intereses conviene una recomposición de los órganos directivos, a efecto de contar en ellos con alguna representación. Su propósito era impedir la realización del Congreso nacional citado para el 20 de agosto. El tribunal hacía programado el desahogo del caso en fecha previa, pero a última hora lo aplazó para el viernes pasado. Con esa demora el tribunal generó nuevos problemas, pues si el Congreso se reunió fuera de la ley, sus acuerdos son nulos. Y cuando el procedimiento se reponga, al filo de la contienda interna por la candidatura presidencial, la cuestión de la validez de los acuerdos congresionales significará un nuevo escollo para el partido.
Otro asunto de interés para el PRD aguarda en el tribunal. Alejandro Encinas inició el 19 de agosto, junto con los dirigentes de la coalición que lo postuló al gobierno del estado de México, un juicio de revisión constitucional sobre la legalidad de los comicios del 2 de julio en esa entidad, en un proceso que formalmente ha concluido al punto de que el candidato del PRI, Eruviel Ávila, es gobernador electo y se dispone a relevar a Enrique Peña Nieto en el primer minuto del próximo 16 de septiembre.
Encinas ha organizado una argumentación sólida que muestra la inequidad del proceso electoral, por la intervención abierta del gobierno estatal, la parcialidad de los medios de comunicación y, lo que es más importante, del consejo general del Instituto electoral del estado de México. Pero quizá la pieza más contundente de su alegato consiste en mostrar el exceso de gasto en que incurrió la coalición Unidos por ti, integrada por el PRI, el Partido
Verde y el Panal. Sólo en materia de propaganda esa alianza habría superado el tope fijado por la autoridad electoral en 180 por ciento. Y conforme datos ofrecidos por la propia coalición, el monto del gasto en total sobrepasó en 680 por ciento el límite autorizado, y llegó a 1,600 millones de pesos.
La sala superior pone el acento en establecer si esos abusos son o no determinantes del resultado final. Es fácil decretar que no lo son, por más abultado que sea el exceso. Pero al resolver en esa dirección, se consagra el principio antidemocrático de que es “más rentable violar la ley que cumplirla”, según ha escrito el propio Encinas.
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