Martha Anaya / Crónica de Política
La propuesta del ministro José Ramón Cossío en torno a qué hacer con el caso de El Encino (que llevó al desafuero de Andrés Manuel López Obrador hace seis años) dividió ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proyecto de sentencia del ministro ponente plantea que ante la imposibilidad de restituir el predio El Encino a la empresa a la que le fue expropiado, se le indemnice y dar así “cumplimiento sustituto” al amparo que ordena la devolución del terreno.
La respuesta de los hombres y mujeres de toga, aún y cuando nunca se mencionó el nombre de López Obrador y todo aquello que políticamente el caso de El Encino propició, comenzó a delinearse como si de una manera u otra enfrentasen la sombra del tabasqueño.
De entrada, rechazaron la propuesta Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoita, Margarita Luna Ramos y Jorge María Pardo.
Desde su punto de vista –y a pesar de todas las consideraciones técnicas que se presentaron tres especialistas de la UNAM para demostrar las situación en que se encuentra actualmente–, El Encino debía ser restituido a sus dueños originales puesto que el gobierno del Distrito Federal no logró demostrar en su momento la causa de utilidad pública para expropiar el terreno.
A favor de la indemnización alegaron el propio ponente, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Sergio Valls.
La discusión bordeó primero con lo que sucedió con la expropiación, que si tuvo causa de utilidad pública o no, que si era cosa juzgada o no, y tal y cual.
Fue el ministro Franco González quien de plano pidió distinguir lo pasado con la expropiación y lo que ahora se estaba discutiendo: el cumplimiento sustituto de la resolución.
“A diferencia –dijo– de lo que aquí se ha manifestado y con el mayor respeto a las opiniones en contrario, a mí me parece que se pone en evidencia con el estudio de manera clara, que los daños que se le causan a la sociedad son mayores que el beneficio económico que pueda percibir el particular.
Yo creo, siguió, que los datos que contiene el estudio son concluyentes “y tenemos suficientes elementos para considerar que de no permitirse que se puedan abrir esas vías de comunicación —lo cual implicará obviamente que no se restituya al particular de esos terrenos— sí afecta seriamente, gravemente a un conjunto de la sociedad, que es la que vive en ese entorno de manea grave. Y es mucho más grave que el beneficio económico que obtendría el particular puesto que el particular va a ser indemnizado en daños y perjuicios”.
Es más, agregó el ministro Franco, hay que analizar el problema en el contexto que se presenta y no retrotrayéndolo al momento de la expropiación hace diez años: “Tenemos que valuar el daño que se le causa a la sociedad hoy si se reintegra ese predio o si no se reintegra”.
Las manos de distintos ministros se levantaron solicitando la palabra. Faltaban unos minutos para las dos de la tarde. La sesión se detuvo ahí y quedó para el próximo jueves su conclusión.
Pero más allá de las consideraciones jurídicas del caso, lo interesante era cómo en el caso de El Encino –aparejada ya de manera indeleble a la historia de López Obrador—volvía a asomarse la sombra de Andrés Manuel y a desatar las fobias de antaño.
La propuesta del ministro José Ramón Cossío en torno a qué hacer con el caso de El Encino (que llevó al desafuero de Andrés Manuel López Obrador hace seis años) dividió ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proyecto de sentencia del ministro ponente plantea que ante la imposibilidad de restituir el predio El Encino a la empresa a la que le fue expropiado, se le indemnice y dar así “cumplimiento sustituto” al amparo que ordena la devolución del terreno.
La respuesta de los hombres y mujeres de toga, aún y cuando nunca se mencionó el nombre de López Obrador y todo aquello que políticamente el caso de El Encino propició, comenzó a delinearse como si de una manera u otra enfrentasen la sombra del tabasqueño.
De entrada, rechazaron la propuesta Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoita, Margarita Luna Ramos y Jorge María Pardo.
Desde su punto de vista –y a pesar de todas las consideraciones técnicas que se presentaron tres especialistas de la UNAM para demostrar las situación en que se encuentra actualmente–, El Encino debía ser restituido a sus dueños originales puesto que el gobierno del Distrito Federal no logró demostrar en su momento la causa de utilidad pública para expropiar el terreno.
A favor de la indemnización alegaron el propio ponente, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Sergio Valls.
La discusión bordeó primero con lo que sucedió con la expropiación, que si tuvo causa de utilidad pública o no, que si era cosa juzgada o no, y tal y cual.
Fue el ministro Franco González quien de plano pidió distinguir lo pasado con la expropiación y lo que ahora se estaba discutiendo: el cumplimiento sustituto de la resolución.
“A diferencia –dijo– de lo que aquí se ha manifestado y con el mayor respeto a las opiniones en contrario, a mí me parece que se pone en evidencia con el estudio de manera clara, que los daños que se le causan a la sociedad son mayores que el beneficio económico que pueda percibir el particular.
Yo creo, siguió, que los datos que contiene el estudio son concluyentes “y tenemos suficientes elementos para considerar que de no permitirse que se puedan abrir esas vías de comunicación —lo cual implicará obviamente que no se restituya al particular de esos terrenos— sí afecta seriamente, gravemente a un conjunto de la sociedad, que es la que vive en ese entorno de manea grave. Y es mucho más grave que el beneficio económico que obtendría el particular puesto que el particular va a ser indemnizado en daños y perjuicios”.
Es más, agregó el ministro Franco, hay que analizar el problema en el contexto que se presenta y no retrotrayéndolo al momento de la expropiación hace diez años: “Tenemos que valuar el daño que se le causa a la sociedad hoy si se reintegra ese predio o si no se reintegra”.
Las manos de distintos ministros se levantaron solicitando la palabra. Faltaban unos minutos para las dos de la tarde. La sesión se detuvo ahí y quedó para el próximo jueves su conclusión.
Pero más allá de las consideraciones jurídicas del caso, lo interesante era cómo en el caso de El Encino –aparejada ya de manera indeleble a la historia de López Obrador—volvía a asomarse la sombra de Andrés Manuel y a desatar las fobias de antaño.
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