Francisco Rodríguez / Índice Político
Los últimos acontecimientos parecen estar evidenciando los problemas de la fallida Administración para hacer frente a la crisis de seguridad por la que atraviesa.
Para los menos pesimistas, tal sería un problema de inflexión dentro del proceso de gobernar que, tras cinco años de ejercicio, aún no dominan los calderonistas –once, si consideramos en conjunto a los panistas.
Para otros menos autocomplacientes, de agotamiento del diseño de gobierno que se expresaría en el desplome de las expectativas creadas por “el cambio”, en el 2000, y “el empleo”, en 2006.
Dos son las estrategias que se debaten al seno del blanquiazul y, en la derecha de manera más general, como salida para esta crisis de seguridad pública que ya ha llegado a los estadios de espectáculos deportivos.
Lo complejo es que la imposición de una de esas estrategias significa el descarte de la otra.
Y es que todo indica que Los Pinos ha diseñado una estrategia centrada en dos ejes.
En primer lugar busca ampliar las responsabilidades –más allá de la Administración– planteando que el problema del deterioro de la seguridad pública es colectivo y por lo tanto, no sólo responsabilidad de Calderón y de los panistas, sino del conjunto de los actores políticos e institucionales, cual si todos hubiesen abierto de par en par las puertas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, y también todos lo toleráramos e incluso impulsáramos para que fuese el único proveedor de droga a los adictos de Estados Unidos.
Consolarse con el deterioro colectivo, entonces, no parece ser un buen camino. Al intentar explicar los exiguos resultados de la fallida Administración, no hay funcionario disfuncional ni periodista en la nómina pública que no colectivice la responsabilidad de 50 mil muertos, las Fuerzas Armadas en las calles, la constante violación de los derechos humanos… y un largo etcétera de calamidades que en los últimos ya casi cinco años hemos sufrido los mexicanos.
Ante ello, la oposición priísta, incluso la lópezobradorista, no han sabido capitalizar del todo la situación.
El problema no fue creado por todos. Ergo, la solución no puede ser aportada por todos.
Hay que ser claros: a quien le corresponde gobernar no es a la oposición sino a los panistas instalados –“haiga sido como haiga sido”– en Los Pinos.
Los gobiernos son evaluados en función de su capacidad para enfrentar y procesar problemas que son de manera ineludible e inexcusable su responsabilidad.
Y es aquí precisamente donde la Administración calderonista hasta ahora ha fracasado y, por ende, ha resultado fallida.
En relación con el segundo eje, desde Los Pinos se busca levantar una nueva agenda gubernamental centrada en el combate de las desigualdades y los abusos.
Esta apuesta tiene como dificultad que varias de las medidas carecen de consenso y legitimidad al interior del oficialismo y de los sectores afines al gobierno. No sólo por la aplicación de las políticas asistencialistas, pero sobre todo por ellas, ha provocado que al seno del partido de la derecha haya quienes cuestionen que se gobierna con las banderas del PRI y hasta de aquel original PRD –el de antes de “Los chuchos”–, en el sentido de apostar por políticas públicas ajenas al ideario de la derecha o que signifiquen una alteración de las reglas del juego impuestas por el mercado.
La otra estrategia es consecuencia de los temores que despierta el fantasma populista y la adicción a la popularidad de Calderón, quien a través de spots se ha paseado por todo el dial de la radio y todos los canales de televisión, incluida la restringida, presumiendo obras y hechos que no’más no se ven, precisamente por no ser ciertos.
Esta estrategia, vale aclarar, no surge de Los Pinos sino en los circuitos extrainstitucionales del poder –políticos, sociales, económicos– tan caros para de la derecha: cámaras de la iniciativa privada, Iglesia, sindicatos patronales, etc.
Este diseño busca, en primer término promover medidas tendientes a “amarrar” al electorado de la derecha. En segundo lugar, y de cara al ciclo electoral que se avecina, se comienza a instalar la idea de que ya es necesario dar por terminado el gobierno de Calderón para comenzar a jugarse por los precandidatos que hoy aparecen con una mejor performance en las encuestas.
En los hechos –para quienes comienzan a pensar en la viabilidad de esta estrategia– la fallida Administración de Calderón ya se habría acabado y, en virtud de un necesario pragmatismo, pensar en cómo mantener los diques en el Congreso y en una carta presidencial para el 2012 que asegure que no se toquen las bases esenciales del modelo aplicado desde el 2000.
Ciertamente ambas estrategias son incompatibles entre sí. En las dos hay intereses y apuestas distintas y por lo tanto los resultados de las mismas no dan lo mismo. Habrá que esperar entonces a los próximos meses para ver cuál de estas dos estrategias será la que se impondrá.
Por lo pronto, Calderón ya debería estar buscando una estrategia de salida ante los que ya se ven cual embates de la propia derecha en contra suya.
Índice Flamígero: En la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones, se pretende reformar el marco legal de la política comercial en materia arancelaria, con el objetivo de normar las condiciones de participación del Legislativo en política arancelaria en defensa de la industria, el empleo y el desarrollo económico nacional. Para tal efecto, el diputado Melchor Sánchez De La Fuente, presidente de la Comisión Especial de la Industria Siderúrgica de la Comisión de Economía, presentó una iniciativa de reforma para modificar la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de garantizar la participación contundente del Legislativo en esta materia.
Los últimos acontecimientos parecen estar evidenciando los problemas de la fallida Administración para hacer frente a la crisis de seguridad por la que atraviesa.
Para los menos pesimistas, tal sería un problema de inflexión dentro del proceso de gobernar que, tras cinco años de ejercicio, aún no dominan los calderonistas –once, si consideramos en conjunto a los panistas.
Para otros menos autocomplacientes, de agotamiento del diseño de gobierno que se expresaría en el desplome de las expectativas creadas por “el cambio”, en el 2000, y “el empleo”, en 2006.
Dos son las estrategias que se debaten al seno del blanquiazul y, en la derecha de manera más general, como salida para esta crisis de seguridad pública que ya ha llegado a los estadios de espectáculos deportivos.
Lo complejo es que la imposición de una de esas estrategias significa el descarte de la otra.
Y es que todo indica que Los Pinos ha diseñado una estrategia centrada en dos ejes.
En primer lugar busca ampliar las responsabilidades –más allá de la Administración– planteando que el problema del deterioro de la seguridad pública es colectivo y por lo tanto, no sólo responsabilidad de Calderón y de los panistas, sino del conjunto de los actores políticos e institucionales, cual si todos hubiesen abierto de par en par las puertas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, y también todos lo toleráramos e incluso impulsáramos para que fuese el único proveedor de droga a los adictos de Estados Unidos.
Consolarse con el deterioro colectivo, entonces, no parece ser un buen camino. Al intentar explicar los exiguos resultados de la fallida Administración, no hay funcionario disfuncional ni periodista en la nómina pública que no colectivice la responsabilidad de 50 mil muertos, las Fuerzas Armadas en las calles, la constante violación de los derechos humanos… y un largo etcétera de calamidades que en los últimos ya casi cinco años hemos sufrido los mexicanos.
Ante ello, la oposición priísta, incluso la lópezobradorista, no han sabido capitalizar del todo la situación.
El problema no fue creado por todos. Ergo, la solución no puede ser aportada por todos.
Hay que ser claros: a quien le corresponde gobernar no es a la oposición sino a los panistas instalados –“haiga sido como haiga sido”– en Los Pinos.
Los gobiernos son evaluados en función de su capacidad para enfrentar y procesar problemas que son de manera ineludible e inexcusable su responsabilidad.
Y es aquí precisamente donde la Administración calderonista hasta ahora ha fracasado y, por ende, ha resultado fallida.
En relación con el segundo eje, desde Los Pinos se busca levantar una nueva agenda gubernamental centrada en el combate de las desigualdades y los abusos.
Esta apuesta tiene como dificultad que varias de las medidas carecen de consenso y legitimidad al interior del oficialismo y de los sectores afines al gobierno. No sólo por la aplicación de las políticas asistencialistas, pero sobre todo por ellas, ha provocado que al seno del partido de la derecha haya quienes cuestionen que se gobierna con las banderas del PRI y hasta de aquel original PRD –el de antes de “Los chuchos”–, en el sentido de apostar por políticas públicas ajenas al ideario de la derecha o que signifiquen una alteración de las reglas del juego impuestas por el mercado.
La otra estrategia es consecuencia de los temores que despierta el fantasma populista y la adicción a la popularidad de Calderón, quien a través de spots se ha paseado por todo el dial de la radio y todos los canales de televisión, incluida la restringida, presumiendo obras y hechos que no’más no se ven, precisamente por no ser ciertos.
Esta estrategia, vale aclarar, no surge de Los Pinos sino en los circuitos extrainstitucionales del poder –políticos, sociales, económicos– tan caros para de la derecha: cámaras de la iniciativa privada, Iglesia, sindicatos patronales, etc.
Este diseño busca, en primer término promover medidas tendientes a “amarrar” al electorado de la derecha. En segundo lugar, y de cara al ciclo electoral que se avecina, se comienza a instalar la idea de que ya es necesario dar por terminado el gobierno de Calderón para comenzar a jugarse por los precandidatos que hoy aparecen con una mejor performance en las encuestas.
En los hechos –para quienes comienzan a pensar en la viabilidad de esta estrategia– la fallida Administración de Calderón ya se habría acabado y, en virtud de un necesario pragmatismo, pensar en cómo mantener los diques en el Congreso y en una carta presidencial para el 2012 que asegure que no se toquen las bases esenciales del modelo aplicado desde el 2000.
Ciertamente ambas estrategias son incompatibles entre sí. En las dos hay intereses y apuestas distintas y por lo tanto los resultados de las mismas no dan lo mismo. Habrá que esperar entonces a los próximos meses para ver cuál de estas dos estrategias será la que se impondrá.
Por lo pronto, Calderón ya debería estar buscando una estrategia de salida ante los que ya se ven cual embates de la propia derecha en contra suya.
Índice Flamígero: En la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones, se pretende reformar el marco legal de la política comercial en materia arancelaria, con el objetivo de normar las condiciones de participación del Legislativo en política arancelaria en defensa de la industria, el empleo y el desarrollo económico nacional. Para tal efecto, el diputado Melchor Sánchez De La Fuente, presidente de la Comisión Especial de la Industria Siderúrgica de la Comisión de Economía, presentó una iniciativa de reforma para modificar la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de garantizar la participación contundente del Legislativo en esta materia.
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