Apro
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un presunto quebranto patrimonial por 67.3 millones de pesos en perjuicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
El daño patrimonial al organismo se cometió durante la gestión de Miguel Ángel Yunes.
Según la investigación realizada por la dependencia federal, en aquel entonces personal del ISSSTE adquirió de manera injustificada 200 mil botiquines de primeros auxilios, de los cuales 31 mil 265 fueron “donados indebidamente” a los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), así como a servidores públicos y derechohabientes.
La compra, dice la SFP, se llevó a cabo sin el soporte correspondiente:
“No existió justificación en el número adquirido (de botiquines) ni respecto al criterio tomado para determinar el contenido”.
Aparte de no cumplir con la normatividad, el objeto social de las tres empresas que participaron en la licitación no era la compra, venta y comercialización de botiquines.
Ahí no termina todo.
La empresa proveedora, Belensky SA de CV, dio como domicilio fiscal una dirección falsa.
En esa cadena de irregularidades, la SFP vinculó al exsubdirector de área “B” de Regulación y Atención Hospitalaria de la Dirección Médica, Miguel Iván Hernández Gutiérrez, quien ya fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo en el servicio público federal, además de que se le sancionó con una multa de 39.1 millones de pesos.
Dicha resolución fue emitida por la SFP apenas el 19 de agosto pasado.
Además, la SFP ya interpuso una querella penal en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un presunto quebranto patrimonial por 67.3 millones de pesos en perjuicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
El daño patrimonial al organismo se cometió durante la gestión de Miguel Ángel Yunes.
Según la investigación realizada por la dependencia federal, en aquel entonces personal del ISSSTE adquirió de manera injustificada 200 mil botiquines de primeros auxilios, de los cuales 31 mil 265 fueron “donados indebidamente” a los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), así como a servidores públicos y derechohabientes.
La compra, dice la SFP, se llevó a cabo sin el soporte correspondiente:
“No existió justificación en el número adquirido (de botiquines) ni respecto al criterio tomado para determinar el contenido”.
Aparte de no cumplir con la normatividad, el objeto social de las tres empresas que participaron en la licitación no era la compra, venta y comercialización de botiquines.
Ahí no termina todo.
La empresa proveedora, Belensky SA de CV, dio como domicilio fiscal una dirección falsa.
En esa cadena de irregularidades, la SFP vinculó al exsubdirector de área “B” de Regulación y Atención Hospitalaria de la Dirección Médica, Miguel Iván Hernández Gutiérrez, quien ya fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo en el servicio público federal, además de que se le sancionó con una multa de 39.1 millones de pesos.
Dicha resolución fue emitida por la SFP apenas el 19 de agosto pasado.
Además, la SFP ya interpuso una querella penal en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR).
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