Miguel Ángel Granados Chapa
Por si no bastaran las cruentas batallas entre bandas delincuenciales, otros choques de intereses impiden la coordinación de esfuerzos para devolver a Ciudad Juárez la tranquilidad que merecen sus habitantes. No fue jamás una región idílica, pues no suelen serlo las ciudades fronterizas, cuyo crecimiento desordenado producto de la migración es factor de tensiones y altos riesgos sociales. Pero es reciente su calificación de ciudad más peligrosa del mundo.
Se recrudece en estos días un enfrentamiento entre autoridades locales y federales, alimentado por la desconfianza que Los Pinos tiene al Gobierno Municipal priista. El 19 de marzo de 2009, ante un público estupefacto de banqueros que lo había convidado (como al resto de los líderes partidarios) a su convención anual, el dirigente panista Germán Martínez dijo que la DEA investigaba a Héctor Murguía, exalcalde de aquella urbe chihuahuense por presuntos vínculos con el narcotráfico. Lanzar el dato era impertinente y tenía visos electorales. De haber conocido datos que fundaran su aserto, única circunstancia que explicara que lo hiciera público, Martínez debió formular denuncia ante el Ministerio Público, y no lo hizo. Se trataba de deturpar al PRI, que ya se avizoraba como una fuerza imbatible de cara a las elecciones de julio siguiente, poniendo un ejemplo concreto en la persona de Murguía. A la sazón éste se preparaba para contender por la diputación del segundo distrito juarense, que ganó sin dificultades. No perseveró en la Cámara, pues antes de un año solicitó licencia para contender de nuevo por la alcaldía, que ya había ejercido de 2004 a 2007 y a la que volvió en octubre pasado.
No sé si por formar parte de una familia acaudalada, o merced a su propio esfuerzo, Murguía es un empresario próspero desde los años setenta. Sus negocios principales consisten en la fabricación y comercialización de pintura, y en la compra-venta de bienes raíces. También en política fue rápidamente afortunado. En su primera incursión electoral fue senador (candidatura que probablemente le fue otorgada en recompensa a su activismo financiero a favor del PRI, entre los empresarios) y se instaló entre los cuadros dirigentes de su partido.
El Gobierno Federal, según parece, lo tiene en la mira. No es extraño por eso que haya recibido distintas agresiones de la Policía Federal. Si no hay la intención de hostigarlo, en los hechos así ha ocurrido. Un miembro de su escolta murió a manos de un agente de aquella corporación y él mismo se hizo de palabras, en otra ocasión, con otros agentes federales que lo encañonaron. El nivel de tensión llegó a su máximo la semana pasada, cuando en un retén de la propia Policía Federal fue baleado, con riesgo para su vida, un colaborador cercano del alcalde, el secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola, quien denunció formalmente la agresión presentándola como tentativa de homicidio.
Por si algo faltara, inmediatamente después de ese enfrentamiento (que pudo haber tenido un desenlace delicadísimo, pues Leyzaola circula protegido por una escolta armada) el Sistema Nacional de Seguridad Pública avisó que dejaría de entregar al ayuntamiento juarense cincuenta y siete millones de pesos, sesenta por ciento de un subsidio especial para la mejoría y fortalecimiento de los cuerpos policíacos municipales. Alegó la autoridad federal que el cabildo de Juárez ha incumplido requisitos de que depende el ejercicio de esos recursos. El alcalde negó de inmediato que hubiera negligencia en ese gasto, y además de ofrecer documentos que contradicen las afirmaciones del SNSP (emitidas a través de la Secretaría de Gobernación, que carece de atribuciones en esta materia) expuso que haber recibido la primera partida de 38 millones de pesos significa que ha cumplido con las normas vigentes.
Murguía no puede, sin embargo, negar el desastroso manejo de su propia secretaría de Seguridad Pública. Encandilado tal vez por el ambiguo prestigio del teniente coronel Leyzaola, le encargó esa dependencia a partir de marzo pasado. El teniente coronel circula con la imagen de haber devuelto a Tijuana un clima de convivencia que Juárez anhela, aunque se le imputa haber llegado a esa meta mediante procedimientos heterodoxos (o que fueron normales en otras épocas) como la fabricación de culpables a partir de la tortura). Entre sus responsabilidades, además del mando de la Policía Municipal, se encuentra la cárcel de la localidad. Sobrepoblado como todos los penales del país, el reclusorio juarense está fuera de control o sujeto a un régimen nacido de la corrupción en que los propios reos hacen cuanto les place. Con base en esa estructura viciada, todo está podrido, por todo se cobra, aun por ejercer derechos como el de visita que está admitido y regulado.
Allí conviven dos bandas de sicarios de que se dio noticia pública con motivo del tristemente célebre asesinato colectivo en Salvárcar, Los aztecas y Artistas anónimos. Uno de los dos grupos organizó el domingo, ayer hizo ocho días una fiesta, con visitas que no deberían estar allí, que terminó en la matanza de diecisiete presos. La sola posesión de armas en el reclusorio indica la ausencia de la disciplina allí.
Leyzaola se demoró en llegar, de manera que la Policía Federal había tendido ya un cerco de seguridad en torno al penal que el funcionario quiso eludir para cumplir su responsabilidad. Se convirtió así en blanco de una corporación que es enemiga y no aliada de la autoridad municipal.
Por si no bastaran las cruentas batallas entre bandas delincuenciales, otros choques de intereses impiden la coordinación de esfuerzos para devolver a Ciudad Juárez la tranquilidad que merecen sus habitantes. No fue jamás una región idílica, pues no suelen serlo las ciudades fronterizas, cuyo crecimiento desordenado producto de la migración es factor de tensiones y altos riesgos sociales. Pero es reciente su calificación de ciudad más peligrosa del mundo.
Se recrudece en estos días un enfrentamiento entre autoridades locales y federales, alimentado por la desconfianza que Los Pinos tiene al Gobierno Municipal priista. El 19 de marzo de 2009, ante un público estupefacto de banqueros que lo había convidado (como al resto de los líderes partidarios) a su convención anual, el dirigente panista Germán Martínez dijo que la DEA investigaba a Héctor Murguía, exalcalde de aquella urbe chihuahuense por presuntos vínculos con el narcotráfico. Lanzar el dato era impertinente y tenía visos electorales. De haber conocido datos que fundaran su aserto, única circunstancia que explicara que lo hiciera público, Martínez debió formular denuncia ante el Ministerio Público, y no lo hizo. Se trataba de deturpar al PRI, que ya se avizoraba como una fuerza imbatible de cara a las elecciones de julio siguiente, poniendo un ejemplo concreto en la persona de Murguía. A la sazón éste se preparaba para contender por la diputación del segundo distrito juarense, que ganó sin dificultades. No perseveró en la Cámara, pues antes de un año solicitó licencia para contender de nuevo por la alcaldía, que ya había ejercido de 2004 a 2007 y a la que volvió en octubre pasado.
No sé si por formar parte de una familia acaudalada, o merced a su propio esfuerzo, Murguía es un empresario próspero desde los años setenta. Sus negocios principales consisten en la fabricación y comercialización de pintura, y en la compra-venta de bienes raíces. También en política fue rápidamente afortunado. En su primera incursión electoral fue senador (candidatura que probablemente le fue otorgada en recompensa a su activismo financiero a favor del PRI, entre los empresarios) y se instaló entre los cuadros dirigentes de su partido.
El Gobierno Federal, según parece, lo tiene en la mira. No es extraño por eso que haya recibido distintas agresiones de la Policía Federal. Si no hay la intención de hostigarlo, en los hechos así ha ocurrido. Un miembro de su escolta murió a manos de un agente de aquella corporación y él mismo se hizo de palabras, en otra ocasión, con otros agentes federales que lo encañonaron. El nivel de tensión llegó a su máximo la semana pasada, cuando en un retén de la propia Policía Federal fue baleado, con riesgo para su vida, un colaborador cercano del alcalde, el secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola, quien denunció formalmente la agresión presentándola como tentativa de homicidio.
Por si algo faltara, inmediatamente después de ese enfrentamiento (que pudo haber tenido un desenlace delicadísimo, pues Leyzaola circula protegido por una escolta armada) el Sistema Nacional de Seguridad Pública avisó que dejaría de entregar al ayuntamiento juarense cincuenta y siete millones de pesos, sesenta por ciento de un subsidio especial para la mejoría y fortalecimiento de los cuerpos policíacos municipales. Alegó la autoridad federal que el cabildo de Juárez ha incumplido requisitos de que depende el ejercicio de esos recursos. El alcalde negó de inmediato que hubiera negligencia en ese gasto, y además de ofrecer documentos que contradicen las afirmaciones del SNSP (emitidas a través de la Secretaría de Gobernación, que carece de atribuciones en esta materia) expuso que haber recibido la primera partida de 38 millones de pesos significa que ha cumplido con las normas vigentes.
Murguía no puede, sin embargo, negar el desastroso manejo de su propia secretaría de Seguridad Pública. Encandilado tal vez por el ambiguo prestigio del teniente coronel Leyzaola, le encargó esa dependencia a partir de marzo pasado. El teniente coronel circula con la imagen de haber devuelto a Tijuana un clima de convivencia que Juárez anhela, aunque se le imputa haber llegado a esa meta mediante procedimientos heterodoxos (o que fueron normales en otras épocas) como la fabricación de culpables a partir de la tortura). Entre sus responsabilidades, además del mando de la Policía Municipal, se encuentra la cárcel de la localidad. Sobrepoblado como todos los penales del país, el reclusorio juarense está fuera de control o sujeto a un régimen nacido de la corrupción en que los propios reos hacen cuanto les place. Con base en esa estructura viciada, todo está podrido, por todo se cobra, aun por ejercer derechos como el de visita que está admitido y regulado.
Allí conviven dos bandas de sicarios de que se dio noticia pública con motivo del tristemente célebre asesinato colectivo en Salvárcar, Los aztecas y Artistas anónimos. Uno de los dos grupos organizó el domingo, ayer hizo ocho días una fiesta, con visitas que no deberían estar allí, que terminó en la matanza de diecisiete presos. La sola posesión de armas en el reclusorio indica la ausencia de la disciplina allí.
Leyzaola se demoró en llegar, de manera que la Policía Federal había tendido ya un cerco de seguridad en torno al penal que el funcionario quiso eludir para cumplir su responsabilidad. Se convirtió así en blanco de una corporación que es enemiga y no aliada de la autoridad municipal.
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