Enrique Gutiérrez / Corresponsal La Jornada
Una movilización de 150 mil estudiantes de nivel medio y superior, profesores, padres de familia, mineros, empleados públicos y de otros rubros, fue interrumpida cuando casi llegaba a su término, por decenas de encapuchados que provocaron disturbios en el centro de la capital chilena, al continuar las protestas iniciadas hace dos meses para exigir al gobierno del presidente Sebastián Piñera reformas de fondo en la educación.
La movilización se extendió a otras regiones como Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Talca, Iquique, donde también se reportaron incidentes violentos.
El viceministro del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que el balance de la jornada fue de 273 detenidos, 72 de ellos en Santiago, además de 23 policías lesionados.
Los disturbios en esta capital ocurrieron en las inmediaciones de la plaza Almagro, a unas cuadras del presidencial palacio de La Moneda, en momentos en que culminaba un multitudinario mitin con discursos de dirigentes estudiantiles y actos cívico-culturales.
A unos metros del lugar de concentración, decenas de jóvenes encapuchados montaron barricadas para obstruir el tránsito vehicular e incluso un grupo atacó con piedras y palos un edificio residencial de esa céntrica zona.
Los estudiantes indicaron que los encapuchados eran policías, informó Telesur.
Los manifestantes denunciaron la infiltración de cuerpos policiales que provocaron a los estudiantes y generaron disturbios para después, obviamente, poder dispersar a la multitud, reportó la televisora en su sitio de Internet.
Más aún, el comandante de la guardia de carabineros del Congreso Nacional, Hernán Silva, admitió la infiltración de un agente vestido de civil en la manifestación que hoy se realizó en Valparaíso.
El comandante agregó que la presencia del efectivo infiltrado fue denunciada por dos diputados comunistas, luego que los estudiantes lo descubrieron en la marcha de Valparaíso, y hubo que proteger al agente en el Parlamento.
Se le tuvo que brindar apoyo para no exponerlo a una agresión, lo que implicó su salida del Congreso en un vehículo policial, y sin que se diera a conocer su identidad, relató el jefe de carabineros.
La multitudinaria protesta inició la mañana de este martes en las afueras de la Universidad de Santiago y avanzó a lo largo de la avenida Alameda, principal arteria del centro de la capital, hasta desviarse hacia el sur antes de pasar frente al palacio de La Moneda.
El tono pacífico cambió casi al final de la manifestación, cuando decenas de encapuchados se enfrentaron con piedras y palos a agentes policiales sobre el céntrico Paseo Bulnes, a unas cuantas cuadras de La Moneda. Otros más, que montaron barricadas para obstruir el tránsito, arremetieron contra semáforos o señales de tránsito y en medio de la revuelta ocurrió el incendio de dos automóviles.
La policía militarizada intervino con carros lanza-agua y bombas lacrimógenas para dispersar a los responsables de los ataques, lo que derivó en enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, aclaró que los participantes en la marcha son pacíficos, y rechazó todos los actos de violencia que se suscitaron después de la caminata pacífica y exitosa.
Afirmó que los actos vandálicos perpetrados después de la movilización fueron responsabilidad de encapuchados totalmente ajenos a los alumnos. Los disturbios no lograron opacar la magnitud de la manifestación que, de acuerdo con Vallejo, reunió a más 150 mil personas, en el contexto de una huelga nacional de escolares y profesores.
Por la noche se informó que miles de personas realizaron un cacerolazo en el centro y la peeriferia de Santiago, en apoyo a los manifestantes.
Los estudiantes calificaron la marcha de éxito y emplazaron al gobierno a dar una respuesta clara a sus demandas. Con esta demostración de apoyo y solidaridad, es necesario que el gobierno dé una respuesta clara a nuestras demandas, dijo la líder estudiantil, que planteó convocar a un plebiscito para resolver el futuro de la educación chilena, medida que no existe en la actual legislación.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó una vez más a los dirigentes de los movimientos de estudiantes y de profesores a terminar con las marchas y a sentarse a trabajar en los proyectos de ley sobre educación. Ha llegado el momento de que reflexionen hasta qué punto están convocando a marchas que no controlan los líderes y eso también supone responsabilidad, dijo.
Añadió que los resultados deben llamar a la reflexión al país entero, especialmente a los dirigentes y al Colegio de Profesores, para ver hasta qué punto las marchas han resultado dañinas para la convivencia social.
Las convocatorias estudiantiles han sido las más tumultuosas desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, luego de los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación y promovió su privatización.
En respuesta a las protestas, el gobierno ha hecho dos propuestas: primero, un gran acuerdo nacional de educación, y luego un programa de 21 puntos, pero ambas han sido consideradas insuficientes por los estudiantes, que exigen educación universitaria gratuita para quienes no puedan pagarla, que el Estado se responsabilice de la calidad de la educación y que las universidades privadas no tengan ganancias.
Una movilización de 150 mil estudiantes de nivel medio y superior, profesores, padres de familia, mineros, empleados públicos y de otros rubros, fue interrumpida cuando casi llegaba a su término, por decenas de encapuchados que provocaron disturbios en el centro de la capital chilena, al continuar las protestas iniciadas hace dos meses para exigir al gobierno del presidente Sebastián Piñera reformas de fondo en la educación.
La movilización se extendió a otras regiones como Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Talca, Iquique, donde también se reportaron incidentes violentos.
El viceministro del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que el balance de la jornada fue de 273 detenidos, 72 de ellos en Santiago, además de 23 policías lesionados.
Los disturbios en esta capital ocurrieron en las inmediaciones de la plaza Almagro, a unas cuadras del presidencial palacio de La Moneda, en momentos en que culminaba un multitudinario mitin con discursos de dirigentes estudiantiles y actos cívico-culturales.
A unos metros del lugar de concentración, decenas de jóvenes encapuchados montaron barricadas para obstruir el tránsito vehicular e incluso un grupo atacó con piedras y palos un edificio residencial de esa céntrica zona.
Los estudiantes indicaron que los encapuchados eran policías, informó Telesur.
Los manifestantes denunciaron la infiltración de cuerpos policiales que provocaron a los estudiantes y generaron disturbios para después, obviamente, poder dispersar a la multitud, reportó la televisora en su sitio de Internet.
Más aún, el comandante de la guardia de carabineros del Congreso Nacional, Hernán Silva, admitió la infiltración de un agente vestido de civil en la manifestación que hoy se realizó en Valparaíso.
El comandante agregó que la presencia del efectivo infiltrado fue denunciada por dos diputados comunistas, luego que los estudiantes lo descubrieron en la marcha de Valparaíso, y hubo que proteger al agente en el Parlamento.
Se le tuvo que brindar apoyo para no exponerlo a una agresión, lo que implicó su salida del Congreso en un vehículo policial, y sin que se diera a conocer su identidad, relató el jefe de carabineros.
La multitudinaria protesta inició la mañana de este martes en las afueras de la Universidad de Santiago y avanzó a lo largo de la avenida Alameda, principal arteria del centro de la capital, hasta desviarse hacia el sur antes de pasar frente al palacio de La Moneda.
El tono pacífico cambió casi al final de la manifestación, cuando decenas de encapuchados se enfrentaron con piedras y palos a agentes policiales sobre el céntrico Paseo Bulnes, a unas cuantas cuadras de La Moneda. Otros más, que montaron barricadas para obstruir el tránsito, arremetieron contra semáforos o señales de tránsito y en medio de la revuelta ocurrió el incendio de dos automóviles.
La policía militarizada intervino con carros lanza-agua y bombas lacrimógenas para dispersar a los responsables de los ataques, lo que derivó en enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, aclaró que los participantes en la marcha son pacíficos, y rechazó todos los actos de violencia que se suscitaron después de la caminata pacífica y exitosa.
Afirmó que los actos vandálicos perpetrados después de la movilización fueron responsabilidad de encapuchados totalmente ajenos a los alumnos. Los disturbios no lograron opacar la magnitud de la manifestación que, de acuerdo con Vallejo, reunió a más 150 mil personas, en el contexto de una huelga nacional de escolares y profesores.
Por la noche se informó que miles de personas realizaron un cacerolazo en el centro y la peeriferia de Santiago, en apoyo a los manifestantes.
Los estudiantes calificaron la marcha de éxito y emplazaron al gobierno a dar una respuesta clara a sus demandas. Con esta demostración de apoyo y solidaridad, es necesario que el gobierno dé una respuesta clara a nuestras demandas, dijo la líder estudiantil, que planteó convocar a un plebiscito para resolver el futuro de la educación chilena, medida que no existe en la actual legislación.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó una vez más a los dirigentes de los movimientos de estudiantes y de profesores a terminar con las marchas y a sentarse a trabajar en los proyectos de ley sobre educación. Ha llegado el momento de que reflexionen hasta qué punto están convocando a marchas que no controlan los líderes y eso también supone responsabilidad, dijo.
Añadió que los resultados deben llamar a la reflexión al país entero, especialmente a los dirigentes y al Colegio de Profesores, para ver hasta qué punto las marchas han resultado dañinas para la convivencia social.
Las convocatorias estudiantiles han sido las más tumultuosas desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, luego de los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación y promovió su privatización.
En respuesta a las protestas, el gobierno ha hecho dos propuestas: primero, un gran acuerdo nacional de educación, y luego un programa de 21 puntos, pero ambas han sido consideradas insuficientes por los estudiantes, que exigen educación universitaria gratuita para quienes no puedan pagarla, que el Estado se responsabilice de la calidad de la educación y que las universidades privadas no tengan ganancias.
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