Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Persiste la equivocada idea de que corrupción e impunidad en política, en administración pública son exclusivamente pecuniarias, que el dinero determina procederes y actitudes en el ámbito gubernamental. No se considera en el análisis la anidada en la iniciativa privada, que es el área que fundamentalmente se beneficia de las debilidades humanas de los supuestos servidores públicos. Muchos de los administradores de los poderes fácticos son esencialmente corruptores, pero encantados se dejan corromper; los profesionistas, los liberales, en su mayoría nada entre dos aguas: son corruptibles, pero dan mordida a la menor provocación, para ahorrarse un engorroso trámite, o esconder una vergüenza.
Hoy otra corrupción, perniciosa, perversa, sutil. Si fuese una enfermedad sería equiparable a la hipertensión, conocida como la muerte silenciosa. La corrupción profesional, la ética, la que tuerce valores y destruye el contrato social, la que modifica la percepción que la sociedad tiene de jueces, magistrados y ministros, o aquella tan terrible que se manifiesta en la pederastia de los prelados y da al traste con los fundamentos de la fe de los creyentes; es peor con esa simonía eclesial, que nulifica un matrimonio con tal de bienquistarse con un gobierno o un poderoso. La corrupción, pues, es inherente al ser humano, es una segunda piel, que lo mismo permanece en estado latente toda la vida, porque nunca le llegan al precio a la presa, o porque ésta vivió en olor de santidad.
¿Cómo clasificar a los padres que entregan a sus hijas a cambio de favores políticos? Quizá el paradigma es Tomás Bolena, pero no se puede olvidar al Papa Borgia que encantado favorecía y toleraba los adulterios de Lucrecia, su hija, en la idea de acrecentar su poder. Recientemente todos aquellos que cerraron los ojos ante la lascivia de José López Portillo, porque supieron que al comportarse como los tres monos sabios se verían inundados de favores y canonjías. Esa corrupción que prostituye a las mujeres u hombres de la familia es tan antigua como el ser humano.
Los mexicanos no son ni más ni menos corruptos que los nacionales de otros países. Los estadounidenses y los europeos lo hacen de manera discreta, pero cuando los escándalos estallan, son épicos en su cobertura informativa. Allí está Christine Lagarde, sucesora de Dominique Strauss Kahn en el cargo en el FMI, en las notas informativas que la descubren como una corrupta o corruptora.
La sociedad no debe rasgarse las vestiduras cuando, gracias a la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas de la UNAM, se le informa que la corrupción, impunidad e intereses extra-legales impiden que la procuración y administración de justicia funcionen en México.
Los resultados indican que las relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un rediseño del Estado.
Los mecanismos de control del sistema político como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, permean el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde su cumplimiento puede tolerar o alentar la impunidad.
El estudio fue dirigido por el doctor en derecho Héctor Fix-Fierro, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y coordinado por Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto; participaron los investigadores Diego Valadés y Sergio López Ayllón, además de los expertos del Área de Investigación Aplicada y Opinión.
La gravedad del tema trasciende el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hiciese públicas las inconsistencias en la evolución patrimonial del juez de Distrito en Materia Administrativa Álvaro Tovilla León, quien tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que alcanza 129 mil pesos.
Lo que pesa en el ánimo de la población no es tanto que se embolsen la lana por vender una sentencia, sino que tuerzan su conciencia y se humillen ante el Poder Ejecutivo, cuando festinan, cada vez que pueden, su independencia y mandato constitucional, inexistentes ante la necesidad de dictar una sentencia política, como ocurre cuando así conviene a los llamados intereses de Estado. Quizá esta es la corrupción que más lesiona, la de mayor impunidad.
La situación actual del país es calificada como muy negativa por los encuestados. Siete de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas para 2012, año electoral.
Los encuestados por la UNAM sostienen que la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. 47.7 por ciento señalaron que su funcionamiento no es el idóneo, y el 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en la administración de justicia.
El 36.3 por ciento considera que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con un 21.9 por ciento de opiniones en contra. Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Naturalmente no es una situación que merezca aplauso, debe cambiar. La corrupción y la impunidad no desaparecerán como por ensalmo, pero su práctica puede reducirse a lo mínimo. Para ello habría que cambiar todo el modelo político, proponer un proyecto de transición e iniciarla, de lo contrario, la rueda del molino continuará con su tarea sin cambio alguno.
Persiste la equivocada idea de que corrupción e impunidad en política, en administración pública son exclusivamente pecuniarias, que el dinero determina procederes y actitudes en el ámbito gubernamental. No se considera en el análisis la anidada en la iniciativa privada, que es el área que fundamentalmente se beneficia de las debilidades humanas de los supuestos servidores públicos. Muchos de los administradores de los poderes fácticos son esencialmente corruptores, pero encantados se dejan corromper; los profesionistas, los liberales, en su mayoría nada entre dos aguas: son corruptibles, pero dan mordida a la menor provocación, para ahorrarse un engorroso trámite, o esconder una vergüenza.
Hoy otra corrupción, perniciosa, perversa, sutil. Si fuese una enfermedad sería equiparable a la hipertensión, conocida como la muerte silenciosa. La corrupción profesional, la ética, la que tuerce valores y destruye el contrato social, la que modifica la percepción que la sociedad tiene de jueces, magistrados y ministros, o aquella tan terrible que se manifiesta en la pederastia de los prelados y da al traste con los fundamentos de la fe de los creyentes; es peor con esa simonía eclesial, que nulifica un matrimonio con tal de bienquistarse con un gobierno o un poderoso. La corrupción, pues, es inherente al ser humano, es una segunda piel, que lo mismo permanece en estado latente toda la vida, porque nunca le llegan al precio a la presa, o porque ésta vivió en olor de santidad.
¿Cómo clasificar a los padres que entregan a sus hijas a cambio de favores políticos? Quizá el paradigma es Tomás Bolena, pero no se puede olvidar al Papa Borgia que encantado favorecía y toleraba los adulterios de Lucrecia, su hija, en la idea de acrecentar su poder. Recientemente todos aquellos que cerraron los ojos ante la lascivia de José López Portillo, porque supieron que al comportarse como los tres monos sabios se verían inundados de favores y canonjías. Esa corrupción que prostituye a las mujeres u hombres de la familia es tan antigua como el ser humano.
Los mexicanos no son ni más ni menos corruptos que los nacionales de otros países. Los estadounidenses y los europeos lo hacen de manera discreta, pero cuando los escándalos estallan, son épicos en su cobertura informativa. Allí está Christine Lagarde, sucesora de Dominique Strauss Kahn en el cargo en el FMI, en las notas informativas que la descubren como una corrupta o corruptora.
La sociedad no debe rasgarse las vestiduras cuando, gracias a la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas de la UNAM, se le informa que la corrupción, impunidad e intereses extra-legales impiden que la procuración y administración de justicia funcionen en México.
Los resultados indican que las relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un rediseño del Estado.
Los mecanismos de control del sistema político como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, permean el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde su cumplimiento puede tolerar o alentar la impunidad.
El estudio fue dirigido por el doctor en derecho Héctor Fix-Fierro, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y coordinado por Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto; participaron los investigadores Diego Valadés y Sergio López Ayllón, además de los expertos del Área de Investigación Aplicada y Opinión.
La gravedad del tema trasciende el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hiciese públicas las inconsistencias en la evolución patrimonial del juez de Distrito en Materia Administrativa Álvaro Tovilla León, quien tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que alcanza 129 mil pesos.
Lo que pesa en el ánimo de la población no es tanto que se embolsen la lana por vender una sentencia, sino que tuerzan su conciencia y se humillen ante el Poder Ejecutivo, cuando festinan, cada vez que pueden, su independencia y mandato constitucional, inexistentes ante la necesidad de dictar una sentencia política, como ocurre cuando así conviene a los llamados intereses de Estado. Quizá esta es la corrupción que más lesiona, la de mayor impunidad.
La situación actual del país es calificada como muy negativa por los encuestados. Siete de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas para 2012, año electoral.
Los encuestados por la UNAM sostienen que la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. 47.7 por ciento señalaron que su funcionamiento no es el idóneo, y el 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en la administración de justicia.
El 36.3 por ciento considera que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con un 21.9 por ciento de opiniones en contra. Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Naturalmente no es una situación que merezca aplauso, debe cambiar. La corrupción y la impunidad no desaparecerán como por ensalmo, pero su práctica puede reducirse a lo mínimo. Para ello habría que cambiar todo el modelo político, proponer un proyecto de transición e iniciarla, de lo contrario, la rueda del molino continuará con su tarea sin cambio alguno.
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