Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Con políticas públicas operadas de forma discrecional, la visión de un enfoque “asistencialista” en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con leyes restrictivas que criminalizan a quienes abortan, los países de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tienen más similitudes que diferencias.
Reunidas durante la semana pasada en el taller “Por una maternidad libre y voluntaria”, que se realizó en la Ciudad de México, especialistas de estos cuatro países abordaron la temática en la región centroamericana con el fin de concretar una agenda común de defensa y protección de los derechos sexuales y reproductivos.
María Teresa Blandón, de la organización La Corriente, con sede en Nicaragua, señaló que en Centroamérica prevalece un enfoque sanitario “asistencialista” en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dirigidas al binomio “materno-infantil” y en el combate a su mortalidad.
“Las políticas públicas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala coinciden en que parten de que todas las mujeres van a ser madres”, sostuvo la activista.
Durante reunión plenaria las activistas de estos países coincidieron en que las políticas públicas son omisas a la referencia del placer erótico como un derecho, principalmente en el caso de las y los adolescentes y en lugar de garantizar el acceso a anticonceptivos para que puedan ejercer una sexualidad sin riesgo, prevenir un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual (ITS), los gobiernos de estas naciones promueven la “abstinencia sexual”.
Señalaron que las políticas públicas están fragmentadas y su aplicación es discrecional, ya que su operación depende de la voluntad del funcionario y detrás subyace la aplicación de la política pública desde una moral “religiosa” presente en todos los gobiernos.
En este sentido, las políticas dirigidas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres las ven “como beneficiarias y no como sujetas de derechos, es por ello que no atienden sus necesidades específicas”, coincidieron.
A diferencia de El Salvador y Nicaragua, donde el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia, en Guatemala hay un programa que brinda atención médica en 36 hospitales a mujeres de ese país que hayan tenido un aborto incompleto, independientemente de si fue espontáneo o inducido.
En El Salvador se calcula que existen alrededor de 70 casos de mujeres presas “por aborto”, pero existe un subregistro, dijo Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
Desde 1997, con la reforma constitucional que reconoce la vida desde la concepción “se penaliza absolutamente el aborto” y se establece la obligación del personal de las instituciones de salud pública de denunciar este hecho.
Las acusadas, dice Moisa, casi siempre jóvenes y pobres, “han perdido la presunción de inocencia, son consideradas culpables y van directamente del hospital a la cárcel”.
Desde hace casi un lustro, la Agrupación Ciudadana ha acompañado procesos jurídicos de mujeres en prisión acusadas inicialmente de aborto, pero que “en el camino” fueron sentenciadas de homicidio agravado, aumentando la pena de 7 a 30 años.
En Nicaragua las mujeres organizadas han sostenido un movimiento que exige la despenalización del aborto terapéutico (el cual consiste en la interrupción de un embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer), “trabajamos juntas, solas no podemos porque es una problemática muy compleja”, abundó Teresa Blandón.
En ese país, como en El Salvador y Guatemala, los partidos políticos rechazan la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, “son indiferentes a la problemática”, las organizaciones no tienen interlocución, incluso los consideran “adversarios”.
En el caso de México con 18 constituciones locales reformadas para proteger la vida desde el momento de la “concepción-fecundación” y la Iglesia católica y grupos de derecha detrás de esta criminalización, las políticas públicas también son de carácter discrecional, consideró Leticia Burgos Ochoa, de la Red Feminista Sonorense.
La ex legisladora perredista refirió que en el Congreso de Sonora recién se aprobó una ley de paternidad responsable, la cual posibilita la intervención de los hombres de esa entidad para determinar si sus cónyuges continúan o no con un embarazo. Este hecho, dijo Burgos, “condiciona el cuerpo y la decisión de las mujeres, al dicho de sus parejas”.
Insistió en que en México, como en la región, el ejercicio de la política pública es discrecional, resultado de ello, es que “en Sonora el embarazo adolescente se disparó 30 por ciento en los últimos 5 años”, mencionó.
“Persiste una involución de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas” y de las mujeres de la región en general, refirió.
En el tema de criminalización, Guanajuato es un claro ejemplo. Las irregularidades en los procesos jurídicos que se llevan a cabo en contra de las mujeres acusadas de aborto o de homicidio en razón de parentesco, ha ocasionado que más de seis mujeres hayan sido encarceladas en esta entidad conservadora.
Verónica Cruz, integrante de la organización Las Libres, la cual junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), logró la liberación de 9 mujeres presas acusadas de homicidio en razón de parentesco, en septiembre de 2010, sostuvo que el encarcelamiento de mexicanas por aborto o acusadas de homicidio en razón de parentesco es una constante.
En Guerrero, dijo, tienen registro de dos mujeres acusadas de homicidio en razón de parentesco, una de ellas “ni siquiera tiene sentencia y ya lleva 3 años en prisión, y la otra está sentenciada por el mismo delito a 30 años de prisión. En su caso, dijo Cruz, apelamos la sentencia y “ya estamos agotando el recurso de amparo”.
Asimismo, Las Libres tienen conocimiento de otros casos en Querétaro, Veracruz, Michoacán, Guerrero, San Luís Potosí e Hidalgo, Puebla y Aguascalientes, de mujeres criminalizadas por aborto.
Con políticas públicas operadas de forma discrecional, la visión de un enfoque “asistencialista” en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con leyes restrictivas que criminalizan a quienes abortan, los países de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tienen más similitudes que diferencias.
Reunidas durante la semana pasada en el taller “Por una maternidad libre y voluntaria”, que se realizó en la Ciudad de México, especialistas de estos cuatro países abordaron la temática en la región centroamericana con el fin de concretar una agenda común de defensa y protección de los derechos sexuales y reproductivos.
María Teresa Blandón, de la organización La Corriente, con sede en Nicaragua, señaló que en Centroamérica prevalece un enfoque sanitario “asistencialista” en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dirigidas al binomio “materno-infantil” y en el combate a su mortalidad.
“Las políticas públicas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala coinciden en que parten de que todas las mujeres van a ser madres”, sostuvo la activista.
Durante reunión plenaria las activistas de estos países coincidieron en que las políticas públicas son omisas a la referencia del placer erótico como un derecho, principalmente en el caso de las y los adolescentes y en lugar de garantizar el acceso a anticonceptivos para que puedan ejercer una sexualidad sin riesgo, prevenir un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual (ITS), los gobiernos de estas naciones promueven la “abstinencia sexual”.
Señalaron que las políticas públicas están fragmentadas y su aplicación es discrecional, ya que su operación depende de la voluntad del funcionario y detrás subyace la aplicación de la política pública desde una moral “religiosa” presente en todos los gobiernos.
En este sentido, las políticas dirigidas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres las ven “como beneficiarias y no como sujetas de derechos, es por ello que no atienden sus necesidades específicas”, coincidieron.
A diferencia de El Salvador y Nicaragua, donde el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia, en Guatemala hay un programa que brinda atención médica en 36 hospitales a mujeres de ese país que hayan tenido un aborto incompleto, independientemente de si fue espontáneo o inducido.
En El Salvador se calcula que existen alrededor de 70 casos de mujeres presas “por aborto”, pero existe un subregistro, dijo Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
Desde 1997, con la reforma constitucional que reconoce la vida desde la concepción “se penaliza absolutamente el aborto” y se establece la obligación del personal de las instituciones de salud pública de denunciar este hecho.
Las acusadas, dice Moisa, casi siempre jóvenes y pobres, “han perdido la presunción de inocencia, son consideradas culpables y van directamente del hospital a la cárcel”.
Desde hace casi un lustro, la Agrupación Ciudadana ha acompañado procesos jurídicos de mujeres en prisión acusadas inicialmente de aborto, pero que “en el camino” fueron sentenciadas de homicidio agravado, aumentando la pena de 7 a 30 años.
En Nicaragua las mujeres organizadas han sostenido un movimiento que exige la despenalización del aborto terapéutico (el cual consiste en la interrupción de un embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer), “trabajamos juntas, solas no podemos porque es una problemática muy compleja”, abundó Teresa Blandón.
En ese país, como en El Salvador y Guatemala, los partidos políticos rechazan la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, “son indiferentes a la problemática”, las organizaciones no tienen interlocución, incluso los consideran “adversarios”.
En el caso de México con 18 constituciones locales reformadas para proteger la vida desde el momento de la “concepción-fecundación” y la Iglesia católica y grupos de derecha detrás de esta criminalización, las políticas públicas también son de carácter discrecional, consideró Leticia Burgos Ochoa, de la Red Feminista Sonorense.
La ex legisladora perredista refirió que en el Congreso de Sonora recién se aprobó una ley de paternidad responsable, la cual posibilita la intervención de los hombres de esa entidad para determinar si sus cónyuges continúan o no con un embarazo. Este hecho, dijo Burgos, “condiciona el cuerpo y la decisión de las mujeres, al dicho de sus parejas”.
Insistió en que en México, como en la región, el ejercicio de la política pública es discrecional, resultado de ello, es que “en Sonora el embarazo adolescente se disparó 30 por ciento en los últimos 5 años”, mencionó.
“Persiste una involución de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas” y de las mujeres de la región en general, refirió.
En el tema de criminalización, Guanajuato es un claro ejemplo. Las irregularidades en los procesos jurídicos que se llevan a cabo en contra de las mujeres acusadas de aborto o de homicidio en razón de parentesco, ha ocasionado que más de seis mujeres hayan sido encarceladas en esta entidad conservadora.
Verónica Cruz, integrante de la organización Las Libres, la cual junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), logró la liberación de 9 mujeres presas acusadas de homicidio en razón de parentesco, en septiembre de 2010, sostuvo que el encarcelamiento de mexicanas por aborto o acusadas de homicidio en razón de parentesco es una constante.
En Guerrero, dijo, tienen registro de dos mujeres acusadas de homicidio en razón de parentesco, una de ellas “ni siquiera tiene sentencia y ya lleva 3 años en prisión, y la otra está sentenciada por el mismo delito a 30 años de prisión. En su caso, dijo Cruz, apelamos la sentencia y “ya estamos agotando el recurso de amparo”.
Asimismo, Las Libres tienen conocimiento de otros casos en Querétaro, Veracruz, Michoacán, Guerrero, San Luís Potosí e Hidalgo, Puebla y Aguascalientes, de mujeres criminalizadas por aborto.
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