Rubén Cortés
El plan de Jorge Carpizo para modificar la estrategia de lucha contra el crimen llega con cinco años de retraso. En realidad debió diseñarlo el equipo del presidente electo Felipe Calderón durante los cinco meses de periodo de transición para asumir la presidencia.
La guerra anti narco no fue tema de campaña ni del periodo de transición de Calderón, quien la anunció 10 días después de instalarse en Los Pinos, y sólo con el Ejército para ejecutarla, sin el soporte de un consenso político, social ni judicial.
Pongamos que, por diversos motivos, no pudo armar una táctica integral. Pero, ¿no pudo esperar y dedicar sus primeros meses en el poder para trazarla adecuadamente?
No. Y tampoco la arropó con una base suficientemente legal: cinco años después el Congreso no aprueba la Ley de Seguridad Nacional que Calderón mandó en 2009 para regularizar la participación del Ejército.
¿Resultado? Más de 50 mil muertos y el Ejército, la institución más respetada de nuestro entramado constitucional, en tela de juicio por arbitrariedades cometidas al operar sin un marco jurídico ni una coordinación precisa con los otros actores de la sociedad.
¿Consecuencias? Grupos de presión preparan el enjuiciamiento del Presidente al fin de su mandato. Por ejemplo, la activista Lydia Cacho lo acusa de un supuesto “plan de limpieza social”.
Según Cacho, “especialistas investigan si estos asesinatos se vinculan con una limpieza social intencional por parte del Estado”.
Para demostrar que el escenario podría haber sido diferente apareció ayer Carpizo, con su propuesta de cambio de fondo en la estrategia, en nombre de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Carpizo involucra y responsabiliza a toda la sociedad para ejecutar 36 puntos (http://www.razon.com.mx/IMG/mk/propuestaunam.pdf) desde un concepto parecido al empleado el ex alcalde Rudolph Giuliani para regresar la seguridad a Nueva York de 1994 a 2001.
El plan no rechaza las balas, pero advierte que deben acompañarse de detalles aparentemente nimios, pero determinantes: diseñar espacios públicos seguros, prestar atención a la iluminación, tránsito peatonal, acceso a transporte público…
De hecho, el retorno de la seguridad a Nueva York se debió a la “teoría de la ventana rota” y no tan marcadamente a la tolerancia cero contra la delincuencia: si una ventana se rompe y no es arreglada, las otras pronto estarán igual, como señal de que a nadie le importa.
Carpizo propone retirar al Ejército de las calles, pero gradualmente. Y eso es importantísimo, porque la urgencia ahora es precisamente cuidar el prestigio de nuestros soldados, que no regresen derrotados a los cuarteles.
Recordemos que Estados Unidos no recupera todavía la moral perdida con aquella imagen de los 11 últimos marines huyendo de Saigón colgados de la puerta de un helicóptero Chinook.
El plan de Jorge Carpizo para modificar la estrategia de lucha contra el crimen llega con cinco años de retraso. En realidad debió diseñarlo el equipo del presidente electo Felipe Calderón durante los cinco meses de periodo de transición para asumir la presidencia.
La guerra anti narco no fue tema de campaña ni del periodo de transición de Calderón, quien la anunció 10 días después de instalarse en Los Pinos, y sólo con el Ejército para ejecutarla, sin el soporte de un consenso político, social ni judicial.
Pongamos que, por diversos motivos, no pudo armar una táctica integral. Pero, ¿no pudo esperar y dedicar sus primeros meses en el poder para trazarla adecuadamente?
No. Y tampoco la arropó con una base suficientemente legal: cinco años después el Congreso no aprueba la Ley de Seguridad Nacional que Calderón mandó en 2009 para regularizar la participación del Ejército.
¿Resultado? Más de 50 mil muertos y el Ejército, la institución más respetada de nuestro entramado constitucional, en tela de juicio por arbitrariedades cometidas al operar sin un marco jurídico ni una coordinación precisa con los otros actores de la sociedad.
¿Consecuencias? Grupos de presión preparan el enjuiciamiento del Presidente al fin de su mandato. Por ejemplo, la activista Lydia Cacho lo acusa de un supuesto “plan de limpieza social”.
Según Cacho, “especialistas investigan si estos asesinatos se vinculan con una limpieza social intencional por parte del Estado”.
Para demostrar que el escenario podría haber sido diferente apareció ayer Carpizo, con su propuesta de cambio de fondo en la estrategia, en nombre de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Carpizo involucra y responsabiliza a toda la sociedad para ejecutar 36 puntos (http://www.razon.com.mx/IMG/mk/propuestaunam.pdf) desde un concepto parecido al empleado el ex alcalde Rudolph Giuliani para regresar la seguridad a Nueva York de 1994 a 2001.
El plan no rechaza las balas, pero advierte que deben acompañarse de detalles aparentemente nimios, pero determinantes: diseñar espacios públicos seguros, prestar atención a la iluminación, tránsito peatonal, acceso a transporte público…
De hecho, el retorno de la seguridad a Nueva York se debió a la “teoría de la ventana rota” y no tan marcadamente a la tolerancia cero contra la delincuencia: si una ventana se rompe y no es arreglada, las otras pronto estarán igual, como señal de que a nadie le importa.
Carpizo propone retirar al Ejército de las calles, pero gradualmente. Y eso es importantísimo, porque la urgencia ahora es precisamente cuidar el prestigio de nuestros soldados, que no regresen derrotados a los cuarteles.
Recordemos que Estados Unidos no recupera todavía la moral perdida con aquella imagen de los 11 últimos marines huyendo de Saigón colgados de la puerta de un helicóptero Chinook.
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