Carlos Ramírez / Indicador Político
En plena guerra sucia en Argentina, los operativos de represión eran indiscriminados:
Un grupo de sicarios oficiales al mando de militares llegaba a una cafetería, cualquiera, entraba con armas y el jefe decía luego de trazar una línea imaginaria:
De la mitad a mi derecha, están libres; de la mitad a mi izquierda, están detenidos. Y los arrestados sin orden de aprehensión desaparecían.
De ahí la insensatez de Amnistía Internacional al señalar que México está en una situación similar a la de las dictaduras militares latinoamericanas de los setenta. Pero en lugar de encontrar aquí reacciones de serenidad, los grupos activistas se han colgado del brazo de AI para repetir argumentaciones.
El debate de la ley de seguridad nacional en la cámara de diputados se ha politizado, ha entrado en la pugna 2012 entre el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el senador priísta Manlio Fabio Beltrones y carece de una visión realista --aunque sea crítica-- de la realidad:
1.- Los 50 mil muertos no fueron provocados por el Ejército; hasta ahora, con datos comprobables, el ejército ha tenido en estos cuatro y medio años centenas de enfrentamientos con las bandas criminales y ahí han muerto menos de mil 500 delincuentes, apenas 3% del total, además de decenas de soldados.
2.- Las estadísticas señalan que en Michoacán, donde comenzó el operativo militar, el número de muertos era alto y la llegada del Ejército los disminuyó.
Lo mismo ocurrió en Tamaulipas. En la zona de La Laguna, donde el Ejército aún no ha intervenido, ha habido de 2007 a 2010 más de mil 600 muertos.
3.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió limitar el fuero militar por el caso Rosendo Radilla, un activista desaparecido en 1974 bajo el régimen del PRI, no por casos actuales vinculados a la estrategia de lucha contra el crimen organizado.
4.- Si los 50 mil muertos no deben acreditársele al Ejército, entonces la ley de seguridad debiera de incluir en su análisis lo que sí debiera reconocérsele al ejército: El 90% en promedio del total de los decomisos de armas, plantíos de mariguana y cocaína y mariguana cosechada.
5.- Hasta ahora, la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado ha permitido el decomiso de 111 mil armas, 42 mil 57 detenidos, 3.5 millones de toneladas de mariguana y más de 42 mil vehículos. El dato de los 50 mil muertos debiera cruzarse con el de los 42.5 mil delincuentes arrestados. Sin la participación del Ejército, esos decomisos y esos delincuentes continuarían al servicio de los cárteles contra la sociedad.
6.- Los debates sobre la ley de seguridad nacional y la participación del Ejército se han centrado en los derechos humanos, aunque sin reconocer la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de juzgar y castigar a muchos acusados de exceso en el uso de la fuerza. Frente a las denuncias de abusos de fuerza realizados por militares existen los datos duros de los resultados de la labor del Ejército en los arrestos de miembros del crimen organizado, según se revela en el cuadro adjunto.
7.- La función del ejército no se reduce a labores de seguridad interior y de seguridad nacional --los cárteles forman parte de bandas internacionales-- sino que es la pieza clave del escudo de seguridad nacional parta la defensa de la soberanía. Por tanto, la ley de seguridad nacional debiera ser la oportunidad para definir la política de defensa nacional y la doctrina de seguridad nacional en el escenario del papel del Ejército en la defensa de la soberanía y de la paz interior ante acciones criminales que afectan la estabilidad nacional.
Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento deben exigir directamente la rendición incondicional a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Servando Gómez “La Tuta”, Juan José “El Azul” Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y demandar la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.
En plena guerra sucia en Argentina, los operativos de represión eran indiscriminados:
Un grupo de sicarios oficiales al mando de militares llegaba a una cafetería, cualquiera, entraba con armas y el jefe decía luego de trazar una línea imaginaria:
De la mitad a mi derecha, están libres; de la mitad a mi izquierda, están detenidos. Y los arrestados sin orden de aprehensión desaparecían.
De ahí la insensatez de Amnistía Internacional al señalar que México está en una situación similar a la de las dictaduras militares latinoamericanas de los setenta. Pero en lugar de encontrar aquí reacciones de serenidad, los grupos activistas se han colgado del brazo de AI para repetir argumentaciones.
El debate de la ley de seguridad nacional en la cámara de diputados se ha politizado, ha entrado en la pugna 2012 entre el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el senador priísta Manlio Fabio Beltrones y carece de una visión realista --aunque sea crítica-- de la realidad:
1.- Los 50 mil muertos no fueron provocados por el Ejército; hasta ahora, con datos comprobables, el ejército ha tenido en estos cuatro y medio años centenas de enfrentamientos con las bandas criminales y ahí han muerto menos de mil 500 delincuentes, apenas 3% del total, además de decenas de soldados.
2.- Las estadísticas señalan que en Michoacán, donde comenzó el operativo militar, el número de muertos era alto y la llegada del Ejército los disminuyó.
Lo mismo ocurrió en Tamaulipas. En la zona de La Laguna, donde el Ejército aún no ha intervenido, ha habido de 2007 a 2010 más de mil 600 muertos.
3.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió limitar el fuero militar por el caso Rosendo Radilla, un activista desaparecido en 1974 bajo el régimen del PRI, no por casos actuales vinculados a la estrategia de lucha contra el crimen organizado.
4.- Si los 50 mil muertos no deben acreditársele al Ejército, entonces la ley de seguridad debiera de incluir en su análisis lo que sí debiera reconocérsele al ejército: El 90% en promedio del total de los decomisos de armas, plantíos de mariguana y cocaína y mariguana cosechada.
5.- Hasta ahora, la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado ha permitido el decomiso de 111 mil armas, 42 mil 57 detenidos, 3.5 millones de toneladas de mariguana y más de 42 mil vehículos. El dato de los 50 mil muertos debiera cruzarse con el de los 42.5 mil delincuentes arrestados. Sin la participación del Ejército, esos decomisos y esos delincuentes continuarían al servicio de los cárteles contra la sociedad.
6.- Los debates sobre la ley de seguridad nacional y la participación del Ejército se han centrado en los derechos humanos, aunque sin reconocer la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de juzgar y castigar a muchos acusados de exceso en el uso de la fuerza. Frente a las denuncias de abusos de fuerza realizados por militares existen los datos duros de los resultados de la labor del Ejército en los arrestos de miembros del crimen organizado, según se revela en el cuadro adjunto.
7.- La función del ejército no se reduce a labores de seguridad interior y de seguridad nacional --los cárteles forman parte de bandas internacionales-- sino que es la pieza clave del escudo de seguridad nacional parta la defensa de la soberanía. Por tanto, la ley de seguridad nacional debiera ser la oportunidad para definir la política de defensa nacional y la doctrina de seguridad nacional en el escenario del papel del Ejército en la defensa de la soberanía y de la paz interior ante acciones criminales que afectan la estabilidad nacional.
Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento deben exigir directamente la rendición incondicional a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Servando Gómez “La Tuta”, Juan José “El Azul” Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y demandar la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.
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