Lydia Cacho / Plan B
Solíamos verles en restaurantes de Cancún, eran principios de los 90 y sus mesas reservadas no eran misterio para nadie. Los “empresarios” narcotraficantes como Ramiro Mireles, quien coordinaba el aterrizaje y despegue de avionetas cargadas de cocaína colombiana (traída de la isla de San Andrés) en pistas clandestinas entre Tulum y Cancún comían bien. Pedían botellas de buen vino a restauranteros que en aquel entonces creían que todo eso de que la delincuencia organizada en Cancún eran rumores.
Pero no lo eran. Hasta hace algunos años todo Cancún sabía que Ernesto “don Neto” Fonseca Carillo vivía en unas viejas villas frente al mar. Iban y venían Amado Carrillo Fuentes, “El Güero” Palma (antes de que se pelearan) junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, todos convivían con hoteleros en ciernes que no veían con malos ojos sentarse a departir con estos neomillonarios que viajaban con escoltas y hombres armados.
No había periodista ni editor que se atreviera a publicar sobre estos temas, de ello se aseguraba Adolfo Mondragón Aguirre, en aquel entonces responsable de la Policía Judicial Federal en Quintana Roo. En esos tiempos el gobernador Mario Villanueva y su vocero, con mano de hierro y publicidad oficial, controlaban a los medios. Los propietarios de periódicos justificaban su silencio “por el bien del turismo”. La sociedad se enteró demasiado tarde de cómo la delincuencia tomaba su ciudad, porque los medios eligieron omitir esa realidad.
Cuando por fin “La Crónica de Cancún” se atrevió a publicar sobre el tema, Villanueva simplemente se apropió del diario y lo quebró. Desde entonces hasta ahora, los gobernadores de Quintana Roo, al igual que los de casi todos los estados de la república, han establecido reglas no escritas sobre control de medios, con ello arrebatan la libertad de conocer su realidad a millones de personas y ayudan a las mafias a establecerse con libertad en nuestros barrios.
Las técnicas gubernamentales de censura consisten en pagar para silenciar y llegan al grado de ofrecer puestos públicos a directores de periódicos para evitar ser criticados; entre ambos poderes coludidos, quedan cientos de periodistas que creen en la ética y la libertad de expresión, y no encuentran dónde laborar con dignidad. La aparición de los nuevos medios periodísticos profesionales, exclusivamente electrónicos, da un vuelco al derecho de la sociedad no sólo a conocer sino a elegir en quién confiar para obtener su información. Pero ahora los gobiernos censores amenazan y contratan hackers.
Ante la denuncia penal sobre la censura, la respuesta del joven gobernador ha sido preocupante. Se creía que Borge podría no estar enterado de lo que en realidad sucede, pero su respuesta en Twitter infiere lo contrario: defiende a su vocero antes de dialogar e investigar.
Lo cierto es que los gobernadores y alcaldes han tejido redes de complicidades con algunos de los medios más poderosos de los 32 estados. Es verdad que el Gobierno debe recurrir a las campañas de publicidad en medios para dar a conocer programas públicos y asuntos de interés general, es vital que los gobernantes tengan que rendir cuentas y los medios publicar esa rendición. Por desgracia los criterios con los que se asignan los recursos públicos permanecen en la oscuridad.
El movimiento http://www.publicidadoficial.com busca legislar sobre los criterios de partidas de publicidad oficial para romper estas relaciones amafiadas que destruyen el buen periodismo y fomentan el engaño de la sociedad. Está claro que será difícil lograr que los senadores liberen a los partidos del arma censora que es la publicidad oficial a modo, pero habrá que seguir intentando. Mientras tanto la sociedad elige a quién creerle, y a las y los periodistas nos corresponde rescatar la dignidad y credibilidad de nuestro oficio a pesar de todo.
Solíamos verles en restaurantes de Cancún, eran principios de los 90 y sus mesas reservadas no eran misterio para nadie. Los “empresarios” narcotraficantes como Ramiro Mireles, quien coordinaba el aterrizaje y despegue de avionetas cargadas de cocaína colombiana (traída de la isla de San Andrés) en pistas clandestinas entre Tulum y Cancún comían bien. Pedían botellas de buen vino a restauranteros que en aquel entonces creían que todo eso de que la delincuencia organizada en Cancún eran rumores.
Pero no lo eran. Hasta hace algunos años todo Cancún sabía que Ernesto “don Neto” Fonseca Carillo vivía en unas viejas villas frente al mar. Iban y venían Amado Carrillo Fuentes, “El Güero” Palma (antes de que se pelearan) junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, todos convivían con hoteleros en ciernes que no veían con malos ojos sentarse a departir con estos neomillonarios que viajaban con escoltas y hombres armados.
No había periodista ni editor que se atreviera a publicar sobre estos temas, de ello se aseguraba Adolfo Mondragón Aguirre, en aquel entonces responsable de la Policía Judicial Federal en Quintana Roo. En esos tiempos el gobernador Mario Villanueva y su vocero, con mano de hierro y publicidad oficial, controlaban a los medios. Los propietarios de periódicos justificaban su silencio “por el bien del turismo”. La sociedad se enteró demasiado tarde de cómo la delincuencia tomaba su ciudad, porque los medios eligieron omitir esa realidad.
Cuando por fin “La Crónica de Cancún” se atrevió a publicar sobre el tema, Villanueva simplemente se apropió del diario y lo quebró. Desde entonces hasta ahora, los gobernadores de Quintana Roo, al igual que los de casi todos los estados de la república, han establecido reglas no escritas sobre control de medios, con ello arrebatan la libertad de conocer su realidad a millones de personas y ayudan a las mafias a establecerse con libertad en nuestros barrios.
Las técnicas gubernamentales de censura consisten en pagar para silenciar y llegan al grado de ofrecer puestos públicos a directores de periódicos para evitar ser criticados; entre ambos poderes coludidos, quedan cientos de periodistas que creen en la ética y la libertad de expresión, y no encuentran dónde laborar con dignidad. La aparición de los nuevos medios periodísticos profesionales, exclusivamente electrónicos, da un vuelco al derecho de la sociedad no sólo a conocer sino a elegir en quién confiar para obtener su información. Pero ahora los gobiernos censores amenazan y contratan hackers.
Ante la denuncia penal sobre la censura, la respuesta del joven gobernador ha sido preocupante. Se creía que Borge podría no estar enterado de lo que en realidad sucede, pero su respuesta en Twitter infiere lo contrario: defiende a su vocero antes de dialogar e investigar.
Lo cierto es que los gobernadores y alcaldes han tejido redes de complicidades con algunos de los medios más poderosos de los 32 estados. Es verdad que el Gobierno debe recurrir a las campañas de publicidad en medios para dar a conocer programas públicos y asuntos de interés general, es vital que los gobernantes tengan que rendir cuentas y los medios publicar esa rendición. Por desgracia los criterios con los que se asignan los recursos públicos permanecen en la oscuridad.
El movimiento http://www.publicidadoficial.com busca legislar sobre los criterios de partidas de publicidad oficial para romper estas relaciones amafiadas que destruyen el buen periodismo y fomentan el engaño de la sociedad. Está claro que será difícil lograr que los senadores liberen a los partidos del arma censora que es la publicidad oficial a modo, pero habrá que seguir intentando. Mientras tanto la sociedad elige a quién creerle, y a las y los periodistas nos corresponde rescatar la dignidad y credibilidad de nuestro oficio a pesar de todo.
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