AFP
La Suprema Corte de México limitó este martes por unanimidad el fuero militar al determinar que los militares acusados de delitos contra civiles sean juzgados por la justicia civil, en el marco de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Con este fallo, se limita el fuero militar. En adelante, los militares que sean acusados de cometer abusos contra civiles serán juzgados por tribunales civiles. Sólo cuando se trate exclusivamente de militares, pasará a una corte castrense" explicó a la AFP vía telefónica una fuente de la Suprema Corte.
Este fallo del máximo tribunal mexicano se enmarca en una resolución emitida en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición, en 1974, del líder social Rosendo Radilla, quien fue visto por última vez en un cuartel militar de Guerrero.
El caso pasó al fuero militar. La CIDH declaró violatorio de los tratados internacionales sobre derechos humanos el artículo 57 del Código de Justicia Militar mexicano, el cual establece que los delitos cometidos por militares en funciones deben ser procesados por el fuero castrense.
Tras el fallo de la CIDH, que demandaba al Estado mexicano a modificar el Código de Justicia Militar, la Suprema Corte resolvió la semana pasada que la sentencia del tribunal interamericano era obligatoria y dio inicio a las discusiones.
"Los jueces del Estado Mexicano deberán replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia Radilla y en aplicación del artículo lo constitucional", dijo en la sesión el ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza.
Tal artículo establece el respeto a los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.
Según la Comisión de Derechos Humanos, en 2010 las denuncias por abusos cometidos por militares aumentaron 300% en comparación a 2009.
Distintas organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición habían exigido restringir el fuero militar, sobre todo ante la multiplicación de las denuncias de abusos por parte de elementos del Ejército y la Marina de Guerra, que se encuentran desplegados en todo el país como parte de un operativo antidrogas.
Previo a que se produjera la votación, el director de Human Rights Watch México, José Miguel Vivanco, lanzó un llamado a los magistrados de la Corte a restringir la actuación de los tribunales castrenses.
"Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar", dijo Vivanco en un comunicado.
Esta organización, con sede en Washington, ha acusado a las Fuerzas Armadas mexicanas de cometer "graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales".
En otro comunicado, distintas organizaciones civiles manifestaron a la Suprema Corte que su preocupación de que "el número de violaciones a derechos humanos perpetuadas por miembros de las fuerzas armadas crece considerablemente cada día".
Más de 50.000 militares se encuentran desplegados en distintas partes de México en el marco de una estrategia de combate al narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006.
Desde esa fecha, más de 37.000 personas han muerto en hechos ligados al tráfico de drogas. Según un reporte entregado a una misión de la ONU en marzo de esos muertos casi 9.000 nunca fueron identificados, mientras que existen denuncias de más de 5.300 desaparecidos.
La Suprema Corte de México limitó este martes por unanimidad el fuero militar al determinar que los militares acusados de delitos contra civiles sean juzgados por la justicia civil, en el marco de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Con este fallo, se limita el fuero militar. En adelante, los militares que sean acusados de cometer abusos contra civiles serán juzgados por tribunales civiles. Sólo cuando se trate exclusivamente de militares, pasará a una corte castrense" explicó a la AFP vía telefónica una fuente de la Suprema Corte.
Este fallo del máximo tribunal mexicano se enmarca en una resolución emitida en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición, en 1974, del líder social Rosendo Radilla, quien fue visto por última vez en un cuartel militar de Guerrero.
El caso pasó al fuero militar. La CIDH declaró violatorio de los tratados internacionales sobre derechos humanos el artículo 57 del Código de Justicia Militar mexicano, el cual establece que los delitos cometidos por militares en funciones deben ser procesados por el fuero castrense.
Tras el fallo de la CIDH, que demandaba al Estado mexicano a modificar el Código de Justicia Militar, la Suprema Corte resolvió la semana pasada que la sentencia del tribunal interamericano era obligatoria y dio inicio a las discusiones.
"Los jueces del Estado Mexicano deberán replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia Radilla y en aplicación del artículo lo constitucional", dijo en la sesión el ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza.
Tal artículo establece el respeto a los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.
Según la Comisión de Derechos Humanos, en 2010 las denuncias por abusos cometidos por militares aumentaron 300% en comparación a 2009.
Distintas organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición habían exigido restringir el fuero militar, sobre todo ante la multiplicación de las denuncias de abusos por parte de elementos del Ejército y la Marina de Guerra, que se encuentran desplegados en todo el país como parte de un operativo antidrogas.
Previo a que se produjera la votación, el director de Human Rights Watch México, José Miguel Vivanco, lanzó un llamado a los magistrados de la Corte a restringir la actuación de los tribunales castrenses.
"Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar", dijo Vivanco en un comunicado.
Esta organización, con sede en Washington, ha acusado a las Fuerzas Armadas mexicanas de cometer "graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales".
En otro comunicado, distintas organizaciones civiles manifestaron a la Suprema Corte que su preocupación de que "el número de violaciones a derechos humanos perpetuadas por miembros de las fuerzas armadas crece considerablemente cada día".
Más de 50.000 militares se encuentran desplegados en distintas partes de México en el marco de una estrategia de combate al narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006.
Desde esa fecha, más de 37.000 personas han muerto en hechos ligados al tráfico de drogas. Según un reporte entregado a una misión de la ONU en marzo de esos muertos casi 9.000 nunca fueron identificados, mientras que existen denuncias de más de 5.300 desaparecidos.
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