Notimex
Ante los hechos de violencia registrados este lunes en Mérida, Yucatán, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la gobernadora Ivonne Ortega investigar los hechos y que explique el por qué de la tardanza de la autoridad local para intervenir.
A través del oficio SAJDH/900/1075/2011 el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, le demandó a la gobernadora que se den las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la libre manifestación.
El lunes pasado, recordó, se suscitó un enfrentamiento entre habitantes de la capital yucateca quienes están en contra de la construcción de un paso a desnivel en la prolongación de Paseo Montejo.
Según testimonios de los inconformes, quienes se plantaron en la zona destinada a la obra, la madrugada del lunes 4 llegó personal de seguridad contratado por la constructora acompañados de golpeadores a tratar de desalojarlos por la fuerza, lo que originó un zafarrancho.
Más tarde, ya con la presencia de legisladores locales y la senadora del PAN, Beatriz Zavala Peniche, se dio un segundo enfrentamiento en el que resultaron varias personas lesionadas que requirieron hospitalización, y en donde también resultó agredida la legisladora.
A raíz de estos hechos, la Segob hizo llegar a la gobernadora Ortega Pacheco la solicitud de información de los acontecimientos con detalles.
“Me permito solicitar a usted la intervención de las autoridades estatales competentes a efecto de que se les garantice a los ciudadanos de Mérida, Yucatán, el ejercicio de la garantía y derecho a la libre manifestación de las ideas consagrado en el Artículo sexto constitucional”, destacó.
El documento agregó que también han solicitado que se realice “la necesaria investigación sobre los hechos ocurridos y el deslinde de responsabilidades”.
Además se debe incluir “una explicación a esta autoridad, respecto de la presunta tardanza para la intervención de la fuerza pública estatal, en protección de los ciudadanos agredidos”, precisó.
El texto fue entregado a la gobernadora Ivonne Ortega y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, Jorge Alfonso Victoria Maldonado.
Ante los hechos de violencia registrados este lunes en Mérida, Yucatán, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la gobernadora Ivonne Ortega investigar los hechos y que explique el por qué de la tardanza de la autoridad local para intervenir.
A través del oficio SAJDH/900/1075/2011 el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, le demandó a la gobernadora que se den las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la libre manifestación.
El lunes pasado, recordó, se suscitó un enfrentamiento entre habitantes de la capital yucateca quienes están en contra de la construcción de un paso a desnivel en la prolongación de Paseo Montejo.
Según testimonios de los inconformes, quienes se plantaron en la zona destinada a la obra, la madrugada del lunes 4 llegó personal de seguridad contratado por la constructora acompañados de golpeadores a tratar de desalojarlos por la fuerza, lo que originó un zafarrancho.
Más tarde, ya con la presencia de legisladores locales y la senadora del PAN, Beatriz Zavala Peniche, se dio un segundo enfrentamiento en el que resultaron varias personas lesionadas que requirieron hospitalización, y en donde también resultó agredida la legisladora.
A raíz de estos hechos, la Segob hizo llegar a la gobernadora Ortega Pacheco la solicitud de información de los acontecimientos con detalles.
“Me permito solicitar a usted la intervención de las autoridades estatales competentes a efecto de que se les garantice a los ciudadanos de Mérida, Yucatán, el ejercicio de la garantía y derecho a la libre manifestación de las ideas consagrado en el Artículo sexto constitucional”, destacó.
El documento agregó que también han solicitado que se realice “la necesaria investigación sobre los hechos ocurridos y el deslinde de responsabilidades”.
Además se debe incluir “una explicación a esta autoridad, respecto de la presunta tardanza para la intervención de la fuerza pública estatal, en protección de los ciudadanos agredidos”, precisó.
El texto fue entregado a la gobernadora Ivonne Ortega y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, Jorge Alfonso Victoria Maldonado.
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