Jesusa Cervantes / Apro
La nueva Ley de Seguridad Nacional que confecciona la Cámara de Diputados, elimina las facultades que el Ejército cabildeó en primera instancia con legisladores del PRI para atacar el crimen organizado, además, subordina su trabajo a las autoridades civiles federales como el secretario de Seguridad Pública, así como a las autoridades ejecutivas locales.
El nuevo dictamen que elabora la Comisión de Gobernación encabezada por el panista Javier Corral, en colaboración con las diputadas perredistas Enoé Uranga y Teresa Encháustegui, así como un representante legal de la Policía Federal (PF), representa un revés para las pretensiones de las Fuerzas Armadas de legalizar las actividades que han venido realizando desde 2007, por órdenes de Felipe Calderón.
El nuevo documento consta de 78 artículos, 12 menos que la propuesta original elaborada por el PRI en colaboración con el Ejército, que contenía 90.
Uno de los principales cambios que afectan al Ejército es el que se refiere al fuero militar; la nueva propuesta regresa a lo planteado por el Senado de la República y que abre la posibilidad de que los militares sean juzgados por un tribunal civil cuando cometan un delito que afecte a la población.
En el predictamen se establece que tales actos cometidos por las fuerzas armadas “serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución”.
Los citados artículos constitucionales indican que México debe ceñirse al cumplimiento de los acuerdos internacionales; y entre ellos está la más reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llama al gobierno mexicano a que los actos de las Fuerzas Armadas en contra de la población sean juzgados por tribunales civiles.
Además, el predictamen establece otros cambios centrales: Se elimina la posibilidad de establecer un “Estado de sitio encubierto”, como se proponía en el texto anterior; en los movimientos sociales o políticos, así como los derivados de una resolución laboral o administrativa no podrá actuar el Ejército ni serán considerados como atentados a la seguridad interior del país.
Un tercer aspecto determinante y que demandaban las fuerzas armadas que ya no figura en este predictamen es que se elimina la responsabilidad que tiene el Ejecutivo federal de preservar la seguridad interior, es decir, se le exime de ello, razón por la cual no podrá tampoco decretar el estado de sitio.
Por lo que se refiere directamente al Ejército, existen dos puntos más que fueron eliminados: uno es que se le retira, al igual que a la Marina, la facultad de investigación y todo lo que ello conlleva como la intervención de comunicaciones privadas o la solicitud para que un juez pueda emitir, en 12 horas, órdenes de cateo e incluso utilizar para la investigación en contra del crimen organizado las denuncias anónimas.
Finalmente, se subordina a las Fuerzas Armadas a las autoridades locales con quienes se coordinarán.
Quienes llevarán a cabo la persecución de los delitos con esta nueva ley serán las policías federales y el Cisen.
De todas las demandas que hizo el Ejército, la comisión redactora sólo mantiene una: que 12 meses después de aprobada esta ley, el Congreso de la Unión emita la nueva Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza. Es decir, será el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y sólo en este campo se verá la forma en que las fuerzas armadas actuarán, como por ejemplo, se definirán ahí la legalidad o no de los retenes.
Este nuevo documento será la base para que los integrantes de las comisiones de Gobernación que preside el panista Javier Corral; de Derechos Humanos, que encabeza el priista mexiquense Manuel Cadena; y la Comisión de Defensa Nacional, que preside el priista neoleonés Rogelio Cerda, trabajen lo que resta de julio.
Se espera que para el 27 de julio las tres comisiones unidas entreguen el dictamen final a la Junta de Coordinación Política y a partir de ahí se podrá determinar si se convoca o no a un periodo extraordinario para el mes de agosto.
La nueva Ley de Seguridad Nacional que confecciona la Cámara de Diputados, elimina las facultades que el Ejército cabildeó en primera instancia con legisladores del PRI para atacar el crimen organizado, además, subordina su trabajo a las autoridades civiles federales como el secretario de Seguridad Pública, así como a las autoridades ejecutivas locales.
El nuevo dictamen que elabora la Comisión de Gobernación encabezada por el panista Javier Corral, en colaboración con las diputadas perredistas Enoé Uranga y Teresa Encháustegui, así como un representante legal de la Policía Federal (PF), representa un revés para las pretensiones de las Fuerzas Armadas de legalizar las actividades que han venido realizando desde 2007, por órdenes de Felipe Calderón.
El nuevo documento consta de 78 artículos, 12 menos que la propuesta original elaborada por el PRI en colaboración con el Ejército, que contenía 90.
Uno de los principales cambios que afectan al Ejército es el que se refiere al fuero militar; la nueva propuesta regresa a lo planteado por el Senado de la República y que abre la posibilidad de que los militares sean juzgados por un tribunal civil cuando cometan un delito que afecte a la población.
En el predictamen se establece que tales actos cometidos por las fuerzas armadas “serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución”.
Los citados artículos constitucionales indican que México debe ceñirse al cumplimiento de los acuerdos internacionales; y entre ellos está la más reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llama al gobierno mexicano a que los actos de las Fuerzas Armadas en contra de la población sean juzgados por tribunales civiles.
Además, el predictamen establece otros cambios centrales: Se elimina la posibilidad de establecer un “Estado de sitio encubierto”, como se proponía en el texto anterior; en los movimientos sociales o políticos, así como los derivados de una resolución laboral o administrativa no podrá actuar el Ejército ni serán considerados como atentados a la seguridad interior del país.
Un tercer aspecto determinante y que demandaban las fuerzas armadas que ya no figura en este predictamen es que se elimina la responsabilidad que tiene el Ejecutivo federal de preservar la seguridad interior, es decir, se le exime de ello, razón por la cual no podrá tampoco decretar el estado de sitio.
Por lo que se refiere directamente al Ejército, existen dos puntos más que fueron eliminados: uno es que se le retira, al igual que a la Marina, la facultad de investigación y todo lo que ello conlleva como la intervención de comunicaciones privadas o la solicitud para que un juez pueda emitir, en 12 horas, órdenes de cateo e incluso utilizar para la investigación en contra del crimen organizado las denuncias anónimas.
Finalmente, se subordina a las Fuerzas Armadas a las autoridades locales con quienes se coordinarán.
Quienes llevarán a cabo la persecución de los delitos con esta nueva ley serán las policías federales y el Cisen.
De todas las demandas que hizo el Ejército, la comisión redactora sólo mantiene una: que 12 meses después de aprobada esta ley, el Congreso de la Unión emita la nueva Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza. Es decir, será el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y sólo en este campo se verá la forma en que las fuerzas armadas actuarán, como por ejemplo, se definirán ahí la legalidad o no de los retenes.
Este nuevo documento será la base para que los integrantes de las comisiones de Gobernación que preside el panista Javier Corral; de Derechos Humanos, que encabeza el priista mexiquense Manuel Cadena; y la Comisión de Defensa Nacional, que preside el priista neoleonés Rogelio Cerda, trabajen lo que resta de julio.
Se espera que para el 27 de julio las tres comisiones unidas entreguen el dictamen final a la Junta de Coordinación Política y a partir de ahí se podrá determinar si se convoca o no a un periodo extraordinario para el mes de agosto.
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