Miguel Ángel Granados Chapa
En traspiés sucesivos la Procuraduría General de la República, quien quiera que sea su titular, da muestra de una ineficacia abrumadora. O de algo todavía más grave: El uso político de sus atribuciones, o la corrupción de quienes las ejercen.
La semana pasada surgieron nuevas evidencias de la falibilidad del Ministerio Público Federal. Gregorio Sánchez, ex alcalde de Cancún (o del municipio de Benito Juárez, QR, para acatar la formalidad jurídica) salió del penal de san José del Rincón en Nayarit. No está en libertad plenamente, porque la PGR se las arregla para mantenerlo es una situación discutiblemente legal: Está detenido, y sujeto a un procedimiento que permite su localización, pero no está arraigado ni sujeto a un proceso penal ante la justicia penal federal. En los días siguientes, otro perseguido por el ministerio público, el legislador desaforado Julio César Godoy, se benefició de un amparo en que por cuestiones de forma se le protege contra la vetusta orden de aprehensión que ha sido puesta en entredicho por la defensa del hermano del gobernador de Michoacán.
Desde que el año pasado la PGR incriminó a Sánchez por diversos delitos y consiguió una orden de aprehensión que lo sacó del proceso político en que era candidato al gobierno de Quintana Roo, se barruntó que la actuación ministerial podría estar regida por una intención política, que afectaba medularmente las posibilidades de triunfo de la alianza del PRD, el PT y Convergencia. Ese móvil parece confirmado ahora, en que Sánchez ya es una figura políticamente inocua. Cierto es que la PGR no renuncia a hacerlo retornar a la prisión, y para no dejarlo enteramente libre –y claramente evidenciada su motivación extralegal—lo mantiene en un limbo jurídico, bajo acusaciones que aparecen con un perfil más opaco y aun oscuro que las que lo retuvieron por catorce meses en prisión.
Si hubo un diseño político en la aprehensión de Sánchez, sus metas se cumplieron puntualmente, pues su captura trastrocó completamente el escenario electoral quintanarroense. Sánchez era un candidato competitivo, y aunque no gozaba de universal buena fama y había en su trayectoria momentos que hacían dudar de su reputación, no era remoto que venciera al candidato priísta, Roberto Borge, un muchacho inexperto que forma parte de una presunta nueva clase política, que se diferencia de la antigua únicamente en que sus integrantes son casi púberes y ostentan una fachada convincente aunque el contenido de la cabeza respectiva no corresponda a las exigencias de los ciudadanos.
Sánchez era, o es, un empresario próspero, que hizo fortuna en apenas década y media de radicar en Cancún. Un enriquecimiento así de veloz no es inusual en un centro de atracción de turismo y de migrantes. Los priístas que han gobernado esa entidad ininterrumpidamente desde su creación hace casi cuatro décadas no han estado lejos de ese patrón, sin que se les hayan fincado nunca responsabilidades, salvo el caso de Mario Villanueva Madrid. Sánchez gozaba de fama y aun apreció público, entre otras razones por que aparecía como un predicador al gusto de las nuevas generaciones. Tanto asentimiento había logrado que ganó la alcaldía de Benito Juárez y después, no obstante estar preso, influyó en los resultados de los comicios en que se le impidió participar: Su reemplazante en la candidatura al gobierno estatal, Gerardo Mora, inscrito a última hora en la contienda, logró más de la cuarta parte de los votos emitidos (26.19), diez puntos arriba de la candidata del PAN, Alicia Ricalde Magaña. Y es indudable que el hermano de ésta, Julián Ricalde Magaña alcanzó la presidencia municipal de Cancún gracias a la huella que en ese cargo dejó Sánchez.
Al salir de la cárcel la semana pasada y no obstante la indefinición y el agravio a que halla sujeto, con el marcador electrónico que permite seguirle los pasos, Sánchez se ha mostrado muy conforme con su suerte. Parece un ex reo de algún sistema autoritario después del “lavado de cerebro” que es una de las prácticas abominables de ese tipo de regímenes, por cuyo efecto el ofendido alaba a su ofensor.
Por lo pronto, como ocurrió tras la detención de Jorge Hank Rohn –que se encuentra en la etapa de apelación, de la que la PGR confía en salir más airosamente que en la primera instancia--, el Ministerio Público se esconde tras una coartada, que consiste en atribuir las decisiones que le son adversas a la aplicación de un criterio jurídico distinto. Pretende que se olvide que en la averiguación previa y en el proceso, tras la consignación, no es un sujeto pasivo, sino una parte que tiene la capacidad y aun el deber de influir sobre los juzgadores ante los cuales actúa.
Por si fuera poco, en la misma semana en que se conoció su nuevo fracaso, la PGR sufrió otro revés, en el caso de Julio César Godoy. Éste, como Sánchez, fue candidato postulado por el PRD. A pesar de que la inicial orden de aprehensión fue expedida antes de la elección legislativa de la que Godoy emergió como diputado federal, la PGR no pudo evitar ese resultado, ni el que a la postre rindiera protesta. Logró en cambio que su Cámara privara del fuero al legislador inculpado. Ahora, una nueva decisión judicial favorable a Godoy ha puesto de manifiesto la fragilidad de las actuaciones ministeriales. No sólo ante los tribunales, sino ante la prensa la PGR muestra su ineficacia. Inicialmente se declaró vencida: “No hay elementos para continuar con el caso Godoy”, admitió el jueves 21. Pero se desdijo al día siguiente.
En traspiés sucesivos la Procuraduría General de la República, quien quiera que sea su titular, da muestra de una ineficacia abrumadora. O de algo todavía más grave: El uso político de sus atribuciones, o la corrupción de quienes las ejercen.
La semana pasada surgieron nuevas evidencias de la falibilidad del Ministerio Público Federal. Gregorio Sánchez, ex alcalde de Cancún (o del municipio de Benito Juárez, QR, para acatar la formalidad jurídica) salió del penal de san José del Rincón en Nayarit. No está en libertad plenamente, porque la PGR se las arregla para mantenerlo es una situación discutiblemente legal: Está detenido, y sujeto a un procedimiento que permite su localización, pero no está arraigado ni sujeto a un proceso penal ante la justicia penal federal. En los días siguientes, otro perseguido por el ministerio público, el legislador desaforado Julio César Godoy, se benefició de un amparo en que por cuestiones de forma se le protege contra la vetusta orden de aprehensión que ha sido puesta en entredicho por la defensa del hermano del gobernador de Michoacán.
Desde que el año pasado la PGR incriminó a Sánchez por diversos delitos y consiguió una orden de aprehensión que lo sacó del proceso político en que era candidato al gobierno de Quintana Roo, se barruntó que la actuación ministerial podría estar regida por una intención política, que afectaba medularmente las posibilidades de triunfo de la alianza del PRD, el PT y Convergencia. Ese móvil parece confirmado ahora, en que Sánchez ya es una figura políticamente inocua. Cierto es que la PGR no renuncia a hacerlo retornar a la prisión, y para no dejarlo enteramente libre –y claramente evidenciada su motivación extralegal—lo mantiene en un limbo jurídico, bajo acusaciones que aparecen con un perfil más opaco y aun oscuro que las que lo retuvieron por catorce meses en prisión.
Si hubo un diseño político en la aprehensión de Sánchez, sus metas se cumplieron puntualmente, pues su captura trastrocó completamente el escenario electoral quintanarroense. Sánchez era un candidato competitivo, y aunque no gozaba de universal buena fama y había en su trayectoria momentos que hacían dudar de su reputación, no era remoto que venciera al candidato priísta, Roberto Borge, un muchacho inexperto que forma parte de una presunta nueva clase política, que se diferencia de la antigua únicamente en que sus integrantes son casi púberes y ostentan una fachada convincente aunque el contenido de la cabeza respectiva no corresponda a las exigencias de los ciudadanos.
Sánchez era, o es, un empresario próspero, que hizo fortuna en apenas década y media de radicar en Cancún. Un enriquecimiento así de veloz no es inusual en un centro de atracción de turismo y de migrantes. Los priístas que han gobernado esa entidad ininterrumpidamente desde su creación hace casi cuatro décadas no han estado lejos de ese patrón, sin que se les hayan fincado nunca responsabilidades, salvo el caso de Mario Villanueva Madrid. Sánchez gozaba de fama y aun apreció público, entre otras razones por que aparecía como un predicador al gusto de las nuevas generaciones. Tanto asentimiento había logrado que ganó la alcaldía de Benito Juárez y después, no obstante estar preso, influyó en los resultados de los comicios en que se le impidió participar: Su reemplazante en la candidatura al gobierno estatal, Gerardo Mora, inscrito a última hora en la contienda, logró más de la cuarta parte de los votos emitidos (26.19), diez puntos arriba de la candidata del PAN, Alicia Ricalde Magaña. Y es indudable que el hermano de ésta, Julián Ricalde Magaña alcanzó la presidencia municipal de Cancún gracias a la huella que en ese cargo dejó Sánchez.
Al salir de la cárcel la semana pasada y no obstante la indefinición y el agravio a que halla sujeto, con el marcador electrónico que permite seguirle los pasos, Sánchez se ha mostrado muy conforme con su suerte. Parece un ex reo de algún sistema autoritario después del “lavado de cerebro” que es una de las prácticas abominables de ese tipo de regímenes, por cuyo efecto el ofendido alaba a su ofensor.
Por lo pronto, como ocurrió tras la detención de Jorge Hank Rohn –que se encuentra en la etapa de apelación, de la que la PGR confía en salir más airosamente que en la primera instancia--, el Ministerio Público se esconde tras una coartada, que consiste en atribuir las decisiones que le son adversas a la aplicación de un criterio jurídico distinto. Pretende que se olvide que en la averiguación previa y en el proceso, tras la consignación, no es un sujeto pasivo, sino una parte que tiene la capacidad y aun el deber de influir sobre los juzgadores ante los cuales actúa.
Por si fuera poco, en la misma semana en que se conoció su nuevo fracaso, la PGR sufrió otro revés, en el caso de Julio César Godoy. Éste, como Sánchez, fue candidato postulado por el PRD. A pesar de que la inicial orden de aprehensión fue expedida antes de la elección legislativa de la que Godoy emergió como diputado federal, la PGR no pudo evitar ese resultado, ni el que a la postre rindiera protesta. Logró en cambio que su Cámara privara del fuero al legislador inculpado. Ahora, una nueva decisión judicial favorable a Godoy ha puesto de manifiesto la fragilidad de las actuaciones ministeriales. No sólo ante los tribunales, sino ante la prensa la PGR muestra su ineficacia. Inicialmente se declaró vencida: “No hay elementos para continuar con el caso Godoy”, admitió el jueves 21. Pero se desdijo al día siguiente.
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