Vía: Univisión
Zona fronteriza
El Gobierno mexicano expresó el lunes su beneplácito por la decisión de Estados Unidos de obligar a las armerías en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo Mexico, fronterizos con México, a reportar ventas múltiples de armas de asalto.
Al saludar la medida, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el Gobierno de México seguirá trabajando de manera estrecha con el de Estados Unidos para "mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades de ambos lados de la frontera".
Corresponsabilidad
Esa colaboración, sostiene el documento, será bajo el principio de corresponsabilidad, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país.
México, que vive una ola de violencia, ha denunciado que los cárteles de las drogas mexicanos se abastecen en el mercado estadounidense de armas largas, con las que están matando a cientos de personas, principalmente rivales, policías y militares, en una guerra que ha dejado un saldo de 40,000 muertos en casi cinco años.
El Departamento de Justicia de EU pretende con esta medida reforzar la vigilancia sobre las armas que circulan ilegalmente desde Estados Unidos a México.
La medida se aplicará "sólo a las ventas múltiples" de esos tipos de rifles a la misma persona durante un periodo de cinco días.
El requisito es aplicable a compras de rifles semiautomáticos que tengan cargadores desmontables y un calibre superior a .22.
Dar información a ATF
Los puntos de venta de armas de Arizona, California, Nuevo México y Texas estarán obligados a transmitir esa información a la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
La ATF ampliará así su capacidad para detectar y acabar con las redes de tráfico ilegal de armas responsables de desviar la venta de armas del comercio legal a las organizaciones criminales.
La tensión en el Congreso estadounidense sobre la venta ilegal de armas a México se acentuó el mes pasado, cuando los legisladores recibieron un informe que declaraba fallido el operativo "Rápido y Furioso", en el que Estados Unidos perdió el rastro a unas 2,000 armas.
Un arma estadounidense vendida en Texas fue la utilizada por presuntos sicarios mexicanos para asesinar al agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata el 15 de febrero pasado en el estado mexicano de San Luis Potosí.
Polémica por 'Rápido y Furioso'
La nueva política se anuncia en momentos en que hay fuertes críticas a la fallida investigación federal denominada Operación Rápido y Furioso, cuyo fin era desmantelar redes de tráfico de armas a gran escala en la frontera de Arizona con México.
En esa investigación, varios agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) dijeron que sus superiores les ordenaron detener el seguimiento de algunos compradores de poca monta, quienes adquirieron un gran número de armas aparentemente destinadas a cárteles de narcotraficantes.
Veinte compradores de armas de bajo nivel han sido acusados en la operación. En diciembre, dos rifles de asalto, comprados en una tienda de armas en Glendale, Arizona, por uno de los compradores de poca monta ahora acusados, aparecieron en la escena de un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En un reciente testimonio ante el Congreso, el agente de la ATF John Dodson estimó que 1.800 armas de fuego de la operación Rápido y Furioso fueron dadas por desaparecidas, y que alrededor de dos terceras partes están probablemente en México.
La ATF estima que la nueva norma generará 18.000 reportes al año.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dijo la semana pasada que un reporte de su oficina documenta que un 70% de las armas vendidas en los estados de California, Texas y Arizona terminan en México.
El mes pasado, tres senadores estadounidenses divulgaron un reporte en el que señalaron que el 70% de las armas confiscadas en México y sometidas a un programa de rastreo provenían de Estados Unidos.
Zona fronteriza
El Gobierno mexicano expresó el lunes su beneplácito por la decisión de Estados Unidos de obligar a las armerías en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo Mexico, fronterizos con México, a reportar ventas múltiples de armas de asalto.
Al saludar la medida, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el Gobierno de México seguirá trabajando de manera estrecha con el de Estados Unidos para "mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades de ambos lados de la frontera".
Corresponsabilidad
Esa colaboración, sostiene el documento, será bajo el principio de corresponsabilidad, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país.
México, que vive una ola de violencia, ha denunciado que los cárteles de las drogas mexicanos se abastecen en el mercado estadounidense de armas largas, con las que están matando a cientos de personas, principalmente rivales, policías y militares, en una guerra que ha dejado un saldo de 40,000 muertos en casi cinco años.
El Departamento de Justicia de EU pretende con esta medida reforzar la vigilancia sobre las armas que circulan ilegalmente desde Estados Unidos a México.
La medida se aplicará "sólo a las ventas múltiples" de esos tipos de rifles a la misma persona durante un periodo de cinco días.
El requisito es aplicable a compras de rifles semiautomáticos que tengan cargadores desmontables y un calibre superior a .22.
Dar información a ATF
Los puntos de venta de armas de Arizona, California, Nuevo México y Texas estarán obligados a transmitir esa información a la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
La ATF ampliará así su capacidad para detectar y acabar con las redes de tráfico ilegal de armas responsables de desviar la venta de armas del comercio legal a las organizaciones criminales.
La tensión en el Congreso estadounidense sobre la venta ilegal de armas a México se acentuó el mes pasado, cuando los legisladores recibieron un informe que declaraba fallido el operativo "Rápido y Furioso", en el que Estados Unidos perdió el rastro a unas 2,000 armas.
Un arma estadounidense vendida en Texas fue la utilizada por presuntos sicarios mexicanos para asesinar al agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata el 15 de febrero pasado en el estado mexicano de San Luis Potosí.
Polémica por 'Rápido y Furioso'
La nueva política se anuncia en momentos en que hay fuertes críticas a la fallida investigación federal denominada Operación Rápido y Furioso, cuyo fin era desmantelar redes de tráfico de armas a gran escala en la frontera de Arizona con México.
En esa investigación, varios agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) dijeron que sus superiores les ordenaron detener el seguimiento de algunos compradores de poca monta, quienes adquirieron un gran número de armas aparentemente destinadas a cárteles de narcotraficantes.
Veinte compradores de armas de bajo nivel han sido acusados en la operación. En diciembre, dos rifles de asalto, comprados en una tienda de armas en Glendale, Arizona, por uno de los compradores de poca monta ahora acusados, aparecieron en la escena de un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En un reciente testimonio ante el Congreso, el agente de la ATF John Dodson estimó que 1.800 armas de fuego de la operación Rápido y Furioso fueron dadas por desaparecidas, y que alrededor de dos terceras partes están probablemente en México.
La ATF estima que la nueva norma generará 18.000 reportes al año.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dijo la semana pasada que un reporte de su oficina documenta que un 70% de las armas vendidas en los estados de California, Texas y Arizona terminan en México.
El mes pasado, tres senadores estadounidenses divulgaron un reporte en el que señalaron que el 70% de las armas confiscadas en México y sometidas a un programa de rastreo provenían de Estados Unidos.
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