José Gil Olmos
En abril pasado fue encontrada en Durango la primera fosa clandestina, con cuatro cuerpos. Dos meses después se hallaron otras ocho, con 262 cadáveres en su interior, y aún faltan más por descubrir.
Durango se convirtió este año en la entidad con el mayor número de cadáveres hallados en fosas clandestinas en el país, incluso más que en San Fernando, Tamaulipas, donde sin bien se encontraron 47 fosas, la cifra de cuerpos descubiertos ascendió a 193, esto es, 69 menos que en territorio duranguense.
La leyenda negra de las fosas clandestinas pertenecía a los tiempos de la guerra sucia, cuando grupos militares o policiacos desaparecían a estudiantes, obreros, guerrilleros o todo aquel disidente del sistema autoritario encabezado por el PRI.
La historia más terrible en ese entonces fue la de aquella fosa que se encontró en una cueva de Taxco, Guerrero, en la década de los ochenta, con 38 cuerpos en su interior. En aquella época, ese descubrimiento fue un escándalo, pero hoy palidece ante las tumbas clandestinas utilizadas por el crimen organizado para desaparecer a miles de personas.
En junio de 2010, dos décadas después de ese terrible acontecimiento, 55 cuerpos fueron descubiertos en la mina La Concha, del mismo municipio. Los cadáveres fueron arrojados al fondo del respiradero por integrantes del crimen organizado. El hallazgo rompió récord en el número de muertos encontrados en una fosa clandestina… pero aún faltarían más.
De 2006 a la fecha, se han encontrado oficialmente 174 fosas en 19 estados, con mil 29 cadáveres. La mayoría de ellas fueron localizadas en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Durango y Chihuahua, donde se ha concentrado la violencia generada por el poder del narcotráfico y la guerra declarada por Felipe Calderón.
De acuerdo con Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional, “las fosas clandestinas halladas muestran de nuevo que el gobierno de México no está abordando la crisis de seguridad ni ocupándose de reducir la violencia que está haciendo que muchas poblaciones sean vulnerables a ataques, secuestros y homicidios”.
Además, sostiene que con demasiada frecuencia ese tipo de delitos contra los derechos humanos quedan impunes, y permiten que comunidades vulnerables, como los migrantes, “se conviertan en el objetivo de las bandas criminales y de los funcionarios que operan en connivencia con ellas.”
Por ello, dice, el gobierno de México debería tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de este nuevo “homicidio masivo”, y llevar ante la justicia a sus responsables.
Sin embargo, advierte, es fundamental que todas las medidas que tomen las autoridades sean completamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos, ya que es el único modo de proteger eficazmente a la población y garantizar la justicia en México.
Los muertos son muchos, la cifra sigue aumentando, y el descubrimiento de las fosas clandestinas nos muestra una de las caras más terribles de esta guerra entre narcotraficantes, y de éstos contra el gobierno federal, que hace cinco años decidió tomar el camino de la confrontación, antes de pensar en una estrategia integral de combate al crimen organizado.
Los miles de cadáveres encontrados en las tumbas clandestinas expresan la barbarie con la que actúan los distintos grupos criminales, pero también la impunidad con la que proceden, pues no es posible que asesinen a tanta gente y la desaparezcan, sin que las autoridades estén enteradas de tal holocausto.
Las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los cuerpos hallados en cada una de las fosas han sido deficientes. No hay protocolos confiables en el levantamiento de los cuerpos, muchos de los cuales incluso han sido mutilados por las palas mecánicas que en algunos casos de han utilizado para la exhumación.
Además, se teme que las 174 fosas localizadas en 19 estados sean apenas una pequeña parte de un número mayor de tumbas diseminadas en todo el país, que poco a poco serán descubiertas, pese a que desde hace años han sido utilizadas para desaparecer a la gente, y no sólo por parte del crimen organizado, sino también por policías y militares.
En abril pasado fue encontrada en Durango la primera fosa clandestina, con cuatro cuerpos. Dos meses después se hallaron otras ocho, con 262 cadáveres en su interior, y aún faltan más por descubrir.
Durango se convirtió este año en la entidad con el mayor número de cadáveres hallados en fosas clandestinas en el país, incluso más que en San Fernando, Tamaulipas, donde sin bien se encontraron 47 fosas, la cifra de cuerpos descubiertos ascendió a 193, esto es, 69 menos que en territorio duranguense.
La leyenda negra de las fosas clandestinas pertenecía a los tiempos de la guerra sucia, cuando grupos militares o policiacos desaparecían a estudiantes, obreros, guerrilleros o todo aquel disidente del sistema autoritario encabezado por el PRI.
La historia más terrible en ese entonces fue la de aquella fosa que se encontró en una cueva de Taxco, Guerrero, en la década de los ochenta, con 38 cuerpos en su interior. En aquella época, ese descubrimiento fue un escándalo, pero hoy palidece ante las tumbas clandestinas utilizadas por el crimen organizado para desaparecer a miles de personas.
En junio de 2010, dos décadas después de ese terrible acontecimiento, 55 cuerpos fueron descubiertos en la mina La Concha, del mismo municipio. Los cadáveres fueron arrojados al fondo del respiradero por integrantes del crimen organizado. El hallazgo rompió récord en el número de muertos encontrados en una fosa clandestina… pero aún faltarían más.
De 2006 a la fecha, se han encontrado oficialmente 174 fosas en 19 estados, con mil 29 cadáveres. La mayoría de ellas fueron localizadas en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Durango y Chihuahua, donde se ha concentrado la violencia generada por el poder del narcotráfico y la guerra declarada por Felipe Calderón.
De acuerdo con Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional, “las fosas clandestinas halladas muestran de nuevo que el gobierno de México no está abordando la crisis de seguridad ni ocupándose de reducir la violencia que está haciendo que muchas poblaciones sean vulnerables a ataques, secuestros y homicidios”.
Además, sostiene que con demasiada frecuencia ese tipo de delitos contra los derechos humanos quedan impunes, y permiten que comunidades vulnerables, como los migrantes, “se conviertan en el objetivo de las bandas criminales y de los funcionarios que operan en connivencia con ellas.”
Por ello, dice, el gobierno de México debería tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de este nuevo “homicidio masivo”, y llevar ante la justicia a sus responsables.
Sin embargo, advierte, es fundamental que todas las medidas que tomen las autoridades sean completamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos, ya que es el único modo de proteger eficazmente a la población y garantizar la justicia en México.
Los muertos son muchos, la cifra sigue aumentando, y el descubrimiento de las fosas clandestinas nos muestra una de las caras más terribles de esta guerra entre narcotraficantes, y de éstos contra el gobierno federal, que hace cinco años decidió tomar el camino de la confrontación, antes de pensar en una estrategia integral de combate al crimen organizado.
Los miles de cadáveres encontrados en las tumbas clandestinas expresan la barbarie con la que actúan los distintos grupos criminales, pero también la impunidad con la que proceden, pues no es posible que asesinen a tanta gente y la desaparezcan, sin que las autoridades estén enteradas de tal holocausto.
Las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los cuerpos hallados en cada una de las fosas han sido deficientes. No hay protocolos confiables en el levantamiento de los cuerpos, muchos de los cuales incluso han sido mutilados por las palas mecánicas que en algunos casos de han utilizado para la exhumación.
Además, se teme que las 174 fosas localizadas en 19 estados sean apenas una pequeña parte de un número mayor de tumbas diseminadas en todo el país, que poco a poco serán descubiertas, pese a que desde hace años han sido utilizadas para desaparecer a la gente, y no sólo por parte del crimen organizado, sino también por policías y militares.
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