Carmen Aristegui
La Suprema Corte de Justicia concluyó el histórico debate sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosendo Radilla vs. el Estado mexicano, el caso del ciudadano desaparecido forzadamente por miembros del Ejército Mexicano en 1974.
Los ministros aprobaron seis efectos concretos para el sistema de justicia nacional de enorme trascendencia, producto de esta sentencia condenatoria y de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Lo más destacado, por su trascendencia e implicaciones, tiene que ver con la restricción del fuero militar en casos de afectación a civiles y lo que se ha denominado como “control difuso”, que no es otra cosa que la obligación, a partir de esta interpretación de la CIDH que causa el efecto, que tendrán todos los jueces del país de inaplicar, a los casos concretos, las leyes que violen la Constitución -recién reformada en esa materia-, empatándola con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Tal y como lo dijo el ministro presidente, Juan Silva Meza, en un inusual pero pertinente discurso de cierre: “Esto debe entenderse como parte de un proceso de cambio cultural, estructural, de nuestro régimen constitucional”.
Algo que no hubiera sido posible sin la actividad constante de la sociedad civil -incluyendo a las víctimas, como Tita Radilla, la hija de Rosendo, cuyo caso fue llevado magistralmente por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dirigida por Juan Carlos Gutiérrez a lo largo de una década, y que se convirtió en paradigma.
La decisión unánime sobre la restricción al fuero militar se da en momentos en que se agolpan los señalamientos sobre abusos y violaciones cometidos desde el ámbito castrense en contra de población civil. No a consecuencia, sino en coincidencia con ello es que se da la decisión de los ministros.
El inevitable juicio de la historia, como se dice comúnmente para hablar de la memoria que se tendrá de un Gobierno y de su actuación, ha empezado a construirse en torno a la figura de quien ocupa la Presidencia, y todo apunta a que será implacable por las decisiones políticas y por los altos costos en materia de derechos humanos que ha tenido que pagar la sociedad.
La grave y costosa decisión, tomada desde la Presidencia, de militarizar al país, de la manera en que hoy lo está, para librar una guerra no calculada, no discutida y mal instrumentada, impulsada además para obtener el grado de legitimidad que no se obtuvo desde las urnas, será el signo trágico que acompañe la memoria de este tiempo y de este periodo sexenal. La dimensión de los efectos causados a raíz de esta determinación gubernamental ha llegado a niveles inimaginables.
Lo inconmensurable del daño apenas asoma un siniestro rostro. El semanario “Zeta” documentó, con información oficial, que al mes de julio de 2011 se han registrado por lo menos 50 mil 490 asesinatos relacionados con el crimen organizado.
De los cuales, 24 mil 651 muertos son clasificados por el gobierno federal en los rubros de “otros y “sin datos”. La otra mitad ocupa los casilleros de muertos por “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.
Lo indecible, pues, en materia de horror e impunidad. Cierto, pero debemos pensar, en algún momento de nuestra historia y de alguna manera, esos crímenes deberán ser procesados en el marco de un sistema de justicia nacional que, por lo pronto, cruza por un delicado proceso de redefinición institucional. Un estado de derecho bien establecido -soportado desde los derechos humanos como parece enfilarse- debería llevar a cada uno de estos crímenes -aunque hoy parezca imposible imaginarlo- a un camino para saber de cada víctima y de su identidad, de sus victimarios y de los juicios necesarios para abatir la impunidad.
La historia nos dice que para que un país reconduzca su destino debe necesariamente pasar por la instauración o restauración de un Estado de Derecho. Cuando eso suceda, los civiles responsables de delitos deberán ser enjuiciados en el marco de la justicia civil como hoy se establece.
No pocos piensan que deberán venir también los enjuiciamientos políticos para quienes las decisiones tomaron. Cuando de militares se trate en materia de violación a derechos humanos, ya no hay discusión posible, deberán ser juzgados lejos del fuero militar. Esto beneficia a la sociedad, a la justicia y, sin duda, también, a las Fuerzas Armadas de la nación.
La Suprema Corte de Justicia concluyó el histórico debate sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosendo Radilla vs. el Estado mexicano, el caso del ciudadano desaparecido forzadamente por miembros del Ejército Mexicano en 1974.
Los ministros aprobaron seis efectos concretos para el sistema de justicia nacional de enorme trascendencia, producto de esta sentencia condenatoria y de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Lo más destacado, por su trascendencia e implicaciones, tiene que ver con la restricción del fuero militar en casos de afectación a civiles y lo que se ha denominado como “control difuso”, que no es otra cosa que la obligación, a partir de esta interpretación de la CIDH que causa el efecto, que tendrán todos los jueces del país de inaplicar, a los casos concretos, las leyes que violen la Constitución -recién reformada en esa materia-, empatándola con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Tal y como lo dijo el ministro presidente, Juan Silva Meza, en un inusual pero pertinente discurso de cierre: “Esto debe entenderse como parte de un proceso de cambio cultural, estructural, de nuestro régimen constitucional”.
Algo que no hubiera sido posible sin la actividad constante de la sociedad civil -incluyendo a las víctimas, como Tita Radilla, la hija de Rosendo, cuyo caso fue llevado magistralmente por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dirigida por Juan Carlos Gutiérrez a lo largo de una década, y que se convirtió en paradigma.
La decisión unánime sobre la restricción al fuero militar se da en momentos en que se agolpan los señalamientos sobre abusos y violaciones cometidos desde el ámbito castrense en contra de población civil. No a consecuencia, sino en coincidencia con ello es que se da la decisión de los ministros.
El inevitable juicio de la historia, como se dice comúnmente para hablar de la memoria que se tendrá de un Gobierno y de su actuación, ha empezado a construirse en torno a la figura de quien ocupa la Presidencia, y todo apunta a que será implacable por las decisiones políticas y por los altos costos en materia de derechos humanos que ha tenido que pagar la sociedad.
La grave y costosa decisión, tomada desde la Presidencia, de militarizar al país, de la manera en que hoy lo está, para librar una guerra no calculada, no discutida y mal instrumentada, impulsada además para obtener el grado de legitimidad que no se obtuvo desde las urnas, será el signo trágico que acompañe la memoria de este tiempo y de este periodo sexenal. La dimensión de los efectos causados a raíz de esta determinación gubernamental ha llegado a niveles inimaginables.
Lo inconmensurable del daño apenas asoma un siniestro rostro. El semanario “Zeta” documentó, con información oficial, que al mes de julio de 2011 se han registrado por lo menos 50 mil 490 asesinatos relacionados con el crimen organizado.
De los cuales, 24 mil 651 muertos son clasificados por el gobierno federal en los rubros de “otros y “sin datos”. La otra mitad ocupa los casilleros de muertos por “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.
Lo indecible, pues, en materia de horror e impunidad. Cierto, pero debemos pensar, en algún momento de nuestra historia y de alguna manera, esos crímenes deberán ser procesados en el marco de un sistema de justicia nacional que, por lo pronto, cruza por un delicado proceso de redefinición institucional. Un estado de derecho bien establecido -soportado desde los derechos humanos como parece enfilarse- debería llevar a cada uno de estos crímenes -aunque hoy parezca imposible imaginarlo- a un camino para saber de cada víctima y de su identidad, de sus victimarios y de los juicios necesarios para abatir la impunidad.
La historia nos dice que para que un país reconduzca su destino debe necesariamente pasar por la instauración o restauración de un Estado de Derecho. Cuando eso suceda, los civiles responsables de delitos deberán ser enjuiciados en el marco de la justicia civil como hoy se establece.
No pocos piensan que deberán venir también los enjuiciamientos políticos para quienes las decisiones tomaron. Cuando de militares se trate en materia de violación a derechos humanos, ya no hay discusión posible, deberán ser juzgados lejos del fuero militar. Esto beneficia a la sociedad, a la justicia y, sin duda, también, a las Fuerzas Armadas de la nación.
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