Antonio Navalón
Menos mal que el PAN es el partido en el gobierno y que dice reconocer y apreciar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación al fuero militar.
Como sucedió en el momento fundacional del nuevo México, cuando Vasconcelos inició su particular revolución de cambiar los libros por las balas, estábamos sentando un precedente basado en la educación sin ningún otro antecedente tan claro en el mundo como pasa hoy con las deliberaciones públicas de la Corte. Ser un país donde las discusiones de la Suprema Corte se televisan en directo nos hace ser muy singulares y gozar de la justicia más transparente.
Una primera lectura sería que se acabó la impunidad militar; otra, más profunda, que el Ejército que no quiso salir en diciembre de 2006 conoció a su nuevo comandante en jefe y estrenaba relación con el general secretario cuando de golpe le llegó la orden: ¡a la calle, que ya es hora!
El Ejército obedeció el mandato constitucional y se fueron a la guerra-no guerra de Calderón.
De nada sirve decir que hubiera sido mejor comunicarle a Calderón: “necesitamos más tiempo para preparar los servicios de inteligencia; no podemos salir a las calles si no es con la seguridad de la victoria absoluta”. Esas discusiones técnicas no tienen sentido porque no existe el “hubiera”.
Según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, se producen dos quejas diarias en contra de la actuación de los militares y surgen nuevos testimonios de posibles desapariciones a cargo de ellos.
Lo único que falta es que después de que el Ejército Mexicano es una de las principales víctimas directas e indirectas de la falsa guerra contra el narco, entremos en un proceso de criminalización colectiva y de impunidad por el fuero militar.
Los recientes chispazos entre instituciones, motivados por la acusación presidencial con respecto a la existencia de jueces corruptos —que seguramente los hay— fue respondida con contundencia institucional por el presidente de la SCJN al decir “denos las pruebas que tenga, señor Presidente”.
Lo cierto es que enfrentamos problemas muy graves: la PGR no tiene credibilidad ni instrumentos efectivos y errores como el “Michoacanazo”, el “Hankazo” o el propio caso Salinas la colocan en entredicho. Además, los jueces necesitan ser mejor formados, pagados y controlados. El triunfo de nuestra democracia significará vivir en un país regido por las leyes donde todos seamos iguales ante la Constitución y los jueces.
Con el IFE logramos que no fuera tan fácil robarnos el voto, a cambio dejamos de exigir a quien votamos que nos devuelva lo que nos promete. Ahora, al mismo tiempo que hay que alegrase, hay que pedir recursos, control y seriedad al cuerpo judicial porque no sirve tener una SCJN que afronta los retos si los demás niveles de la instancia implicada no tienen un mínimo de exigencia y credibilidad.
Y naturalmente en la encerrona del PAN con Calderón, en la que se reconoció la decisión sobre el fuero militar, todos los polvos que han significado el empecinamiento y la cruzada por la violencia de los mil años pasó factura.
El Cordero del PAN parece muy alejado de poder quitar los votos y los pecados de nadie, por ello la reunión panista no sólo sirvió para constatar que no se gana lejos del pueblo, sino que además el futuro no pasa necesariamente por donde desee Calderón.
En este momento los 300 votos que designarán a su sucesor están divididos; Calderón tendrá a lo mucho 100 y la certeza de que elegir a alguien para sucederle deberá ser contra sí mismo.
El Presidente debería ser el primero en celebrar que caiga la duda sistemática y el terror a que los militares sólo respondan ante él, y él ante Dios.
La política tiene para todos un tiempo y cuando éste se pasó, se pasó. En este sexenio no se pasó el problema de las drogas, pero sí el enfoque que el Presidente le dio.
Su partido lo sabe. La mayor parte de sus integrantes busca ya el futuro no tan alejados de los votantes, aunque eso signifique estar más distantes de la razón divina que inspiró este sexenio.
Menos mal que el PAN es el partido en el gobierno y que dice reconocer y apreciar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación al fuero militar.
Como sucedió en el momento fundacional del nuevo México, cuando Vasconcelos inició su particular revolución de cambiar los libros por las balas, estábamos sentando un precedente basado en la educación sin ningún otro antecedente tan claro en el mundo como pasa hoy con las deliberaciones públicas de la Corte. Ser un país donde las discusiones de la Suprema Corte se televisan en directo nos hace ser muy singulares y gozar de la justicia más transparente.
Una primera lectura sería que se acabó la impunidad militar; otra, más profunda, que el Ejército que no quiso salir en diciembre de 2006 conoció a su nuevo comandante en jefe y estrenaba relación con el general secretario cuando de golpe le llegó la orden: ¡a la calle, que ya es hora!
El Ejército obedeció el mandato constitucional y se fueron a la guerra-no guerra de Calderón.
De nada sirve decir que hubiera sido mejor comunicarle a Calderón: “necesitamos más tiempo para preparar los servicios de inteligencia; no podemos salir a las calles si no es con la seguridad de la victoria absoluta”. Esas discusiones técnicas no tienen sentido porque no existe el “hubiera”.
Según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, se producen dos quejas diarias en contra de la actuación de los militares y surgen nuevos testimonios de posibles desapariciones a cargo de ellos.
Lo único que falta es que después de que el Ejército Mexicano es una de las principales víctimas directas e indirectas de la falsa guerra contra el narco, entremos en un proceso de criminalización colectiva y de impunidad por el fuero militar.
Los recientes chispazos entre instituciones, motivados por la acusación presidencial con respecto a la existencia de jueces corruptos —que seguramente los hay— fue respondida con contundencia institucional por el presidente de la SCJN al decir “denos las pruebas que tenga, señor Presidente”.
Lo cierto es que enfrentamos problemas muy graves: la PGR no tiene credibilidad ni instrumentos efectivos y errores como el “Michoacanazo”, el “Hankazo” o el propio caso Salinas la colocan en entredicho. Además, los jueces necesitan ser mejor formados, pagados y controlados. El triunfo de nuestra democracia significará vivir en un país regido por las leyes donde todos seamos iguales ante la Constitución y los jueces.
Con el IFE logramos que no fuera tan fácil robarnos el voto, a cambio dejamos de exigir a quien votamos que nos devuelva lo que nos promete. Ahora, al mismo tiempo que hay que alegrase, hay que pedir recursos, control y seriedad al cuerpo judicial porque no sirve tener una SCJN que afronta los retos si los demás niveles de la instancia implicada no tienen un mínimo de exigencia y credibilidad.
Y naturalmente en la encerrona del PAN con Calderón, en la que se reconoció la decisión sobre el fuero militar, todos los polvos que han significado el empecinamiento y la cruzada por la violencia de los mil años pasó factura.
El Cordero del PAN parece muy alejado de poder quitar los votos y los pecados de nadie, por ello la reunión panista no sólo sirvió para constatar que no se gana lejos del pueblo, sino que además el futuro no pasa necesariamente por donde desee Calderón.
En este momento los 300 votos que designarán a su sucesor están divididos; Calderón tendrá a lo mucho 100 y la certeza de que elegir a alguien para sucederle deberá ser contra sí mismo.
El Presidente debería ser el primero en celebrar que caiga la duda sistemática y el terror a que los militares sólo respondan ante él, y él ante Dios.
La política tiene para todos un tiempo y cuando éste se pasó, se pasó. En este sexenio no se pasó el problema de las drogas, pero sí el enfoque que el Presidente le dio.
Su partido lo sabe. La mayor parte de sus integrantes busca ya el futuro no tan alejados de los votantes, aunque eso signifique estar más distantes de la razón divina que inspiró este sexenio.
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