Francisco Garfias
A algunos gobernadores todavía les zumban los oídos por la “regañada” que el jueves pasado les puso doña Isabel Miranda de Wallace, en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad.
A otros no se les baja el coraje que les produjo el documento distribuido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el panista Juan Miguel Alcántara Soria, donde “arbitrariamente” se reparten semáforos –verde, amarillo y rojo—para calificar los resultados de las entidades en el combate al crimen.
“Había que verle la cara a Enrique Peña Nieto”, destacó uno de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. Y es que al Estado de México, uno de los que tienen mayor número de mandos policíacos, lo pusieron en rojo por el retraso en el control de confianza del personal de evaluación de Altos Mandos, aunque numéricamente este mejor que otras entidades más pequeñas.
En este hit parade del crimen, ilustrado con coloridas láminas, Durango, Sinaloa y Chihuahua, en ese orden, encabezan los secuestros; Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche, las denuncias de extorsión telefónica; Chihuahua, Estado de México y Baja California, el robo de vehículos.
Colima, Nuevo León y Veracruz ocupan los tres primeros lugares en robo con violencia a casas habitación; Nuevo León, Baja California y Morelos, en robos con violencia a negocios, Tabasco, DF y Nuevo León; en robos con violencia a transeúntes.
El anverso de la moneda: Tlaxcala y Yucatán, no registran denuncias por secuestro; en Puebla, Sonora e Hidalgo casi no hay extorsiones telefónicas; donde menos autos se roban es en Baja California Sur; Campeche y Yucatán.
Tabasco y Tlaxcala no registran denuncias de robos a casa habitación; Baja Sur, Guanajuato, Tabasco, y Yucatán tampoco en robos con violencia a negocios; lo mismo que Nayarit. Sinaloa y Sonora en robos a transeúntes.
No se ilusionen. Uno de los procuradores locales advierte que hay que tomarse con reservas la distribución de los semáforos verdes de Alcántara.
“Lo único que demuestran esas cifras es que las entidades no informan, y no que sean eficaces”, asegura.
El mismo procurador nos dice que el acuerdo más importante que se logró en el pasado Consejo es el que tiene que ver con la creación del grupo de análisis presupuestal.
A más tardar el 15 de agosto próximo deberán presentarse propuestas de acciones a cargo de la Federación y las distintas entidades, que impactarán el presupuesto del 2012, en materia de seguridad. “Por fin le pusieron cifra y fecha a los acuerdos”, celebró el hombre.
Y es que hay estados que no tienen recursos para montar los Centros de Control de Confianza, mucho menos para adquirir tecnología que les permita conectarse a Plataforma México.
* * *
Son muchos los riesgos de iniciar el proceso electoral del 2012, sin haber designado a los tres consejeros electorales que le faltan al IFE.
Los expertos advierten que estas ausencias generarán conflictos que pondrán en duda la legalidad de las actividades de los consejeros y la legitimidad de los resultados electorales.
De entrada las diremos que en todas las votaciones pueden darse empates de manera recurrente (el consejero presidente no tiene voto de calidad).
Los mecanismos legales no ofrecen una salida viable ante la integración, en número par, del Consejo General del Instituto. Varios reglamentos, acuerdos o resoluciones no podrían aprobarse, ni ejecutarse.
Un ejemplo: reiterados empates evitarían sanciones por violaciones a la Ley electoral (ya sucedió con el PVEM, en abril pasado.) estas sanciones tampoco podrían ser revisadas por el Tribunal Electoral puesto que el Consejo General no emitiría una resolución que pudiera impugnarse.
Existe también el riesgo de que se atore la designación de los 192 consejeros locales; y de que haya un seguimiento y planeación deficientes por la integración irregular de las seis comisiones.
Actualmente, solo uno de los consejeros, Marco Baños, limita su participación a dos comisiones, como marca la Ley.
Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa integran cuatro; Macarita Elizondo y Benito Nacif, tres. El presidente consejero, Leonardo Valdés, no puede formar parte de ellas.
Vamos a tomar unos días de reposo. La columna volverá a aparecer el 13 de julio.
* * *
Moraleja de la semana (cortesía de Francisco De Quevedo, escritor español): No vive quien no vive seguro.
A algunos gobernadores todavía les zumban los oídos por la “regañada” que el jueves pasado les puso doña Isabel Miranda de Wallace, en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad.
A otros no se les baja el coraje que les produjo el documento distribuido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el panista Juan Miguel Alcántara Soria, donde “arbitrariamente” se reparten semáforos –verde, amarillo y rojo—para calificar los resultados de las entidades en el combate al crimen.
“Había que verle la cara a Enrique Peña Nieto”, destacó uno de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. Y es que al Estado de México, uno de los que tienen mayor número de mandos policíacos, lo pusieron en rojo por el retraso en el control de confianza del personal de evaluación de Altos Mandos, aunque numéricamente este mejor que otras entidades más pequeñas.
En este hit parade del crimen, ilustrado con coloridas láminas, Durango, Sinaloa y Chihuahua, en ese orden, encabezan los secuestros; Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche, las denuncias de extorsión telefónica; Chihuahua, Estado de México y Baja California, el robo de vehículos.
Colima, Nuevo León y Veracruz ocupan los tres primeros lugares en robo con violencia a casas habitación; Nuevo León, Baja California y Morelos, en robos con violencia a negocios, Tabasco, DF y Nuevo León; en robos con violencia a transeúntes.
El anverso de la moneda: Tlaxcala y Yucatán, no registran denuncias por secuestro; en Puebla, Sonora e Hidalgo casi no hay extorsiones telefónicas; donde menos autos se roban es en Baja California Sur; Campeche y Yucatán.
Tabasco y Tlaxcala no registran denuncias de robos a casa habitación; Baja Sur, Guanajuato, Tabasco, y Yucatán tampoco en robos con violencia a negocios; lo mismo que Nayarit. Sinaloa y Sonora en robos a transeúntes.
No se ilusionen. Uno de los procuradores locales advierte que hay que tomarse con reservas la distribución de los semáforos verdes de Alcántara.
“Lo único que demuestran esas cifras es que las entidades no informan, y no que sean eficaces”, asegura.
El mismo procurador nos dice que el acuerdo más importante que se logró en el pasado Consejo es el que tiene que ver con la creación del grupo de análisis presupuestal.
A más tardar el 15 de agosto próximo deberán presentarse propuestas de acciones a cargo de la Federación y las distintas entidades, que impactarán el presupuesto del 2012, en materia de seguridad. “Por fin le pusieron cifra y fecha a los acuerdos”, celebró el hombre.
Y es que hay estados que no tienen recursos para montar los Centros de Control de Confianza, mucho menos para adquirir tecnología que les permita conectarse a Plataforma México.
* * *
Son muchos los riesgos de iniciar el proceso electoral del 2012, sin haber designado a los tres consejeros electorales que le faltan al IFE.
Los expertos advierten que estas ausencias generarán conflictos que pondrán en duda la legalidad de las actividades de los consejeros y la legitimidad de los resultados electorales.
De entrada las diremos que en todas las votaciones pueden darse empates de manera recurrente (el consejero presidente no tiene voto de calidad).
Los mecanismos legales no ofrecen una salida viable ante la integración, en número par, del Consejo General del Instituto. Varios reglamentos, acuerdos o resoluciones no podrían aprobarse, ni ejecutarse.
Un ejemplo: reiterados empates evitarían sanciones por violaciones a la Ley electoral (ya sucedió con el PVEM, en abril pasado.) estas sanciones tampoco podrían ser revisadas por el Tribunal Electoral puesto que el Consejo General no emitiría una resolución que pudiera impugnarse.
Existe también el riesgo de que se atore la designación de los 192 consejeros locales; y de que haya un seguimiento y planeación deficientes por la integración irregular de las seis comisiones.
Actualmente, solo uno de los consejeros, Marco Baños, limita su participación a dos comisiones, como marca la Ley.
Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa integran cuatro; Macarita Elizondo y Benito Nacif, tres. El presidente consejero, Leonardo Valdés, no puede formar parte de ellas.
Vamos a tomar unos días de reposo. La columna volverá a aparecer el 13 de julio.
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Moraleja de la semana (cortesía de Francisco De Quevedo, escritor español): No vive quien no vive seguro.
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