Alberto Aguilar
Hace unos días le comentaba del malestar que ha generado entre las constructoras mexicanas, la laxitud que muestra SCT que encabeza Dionisio Pérez-Jácome, respecto a la participación de empresas españolas en licitaciones de obra pública en las que debiera privilegiarse a las constructoras mexicanas, ya que se involucran dineros públicos.
En muchos países, incluido España, esto es una realidad, sin que formalmente haya reglas.
De por sí la dinámica de la industria de la construcción no ha sido boyante, dada la crisis de 2009 y la lenta recuperación que muestra el mercado interno, con obras de infraestructura cuya puesta en marcha por parte de SCT se ha dado con agobiante lentitud.
La semana pasada la hispana ACS de Florentino Pérez se quedó con la subasta para suministrar el sistema de tecnología electrónica y ventilación de la autopista Mazatlán-Durango con una oferta de un millón 475 mil pesos, que se estima está por debajo de precios mínimos o ‘dumping’.
Aunque la licitación no es ni por mucho de las más importantes, lo relevante fue la copiosa participación de empresas hispanas como reflejo de la apretada situación que vive España.
Algunas constructoras mexicanas que participaron, como ADM con Enram; Prodemex de Antonio Boullosa y Olegario Vázquez Raña; Tradeco, de Federico Martínez, se aprestan a inconformarse ante la SFP de Salvador Vega, aunque con pocas probabilidades de que prospere su recurso.
Este asunto se ha discutido al interior de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que comanda Eduardo Correa, ya que se cree que las españolas van a continuar muy agresivas en las subastas públicas aquí.
Se conoce que Correa y su mesa directiva han llevado el tema a Pérez-Jácome y al subsecretario de Infraestructura Fausto Barajas, sin encontrar respuesta.
Algunos constructores consideran que el propio Gobierno federal promociona la participación de las españolas, sin distinguir que su presencia se dé en concesiones en donde aporten recursos para que esas obras se destraben.
En licitaciones públicas, salvo 3 o 4 compañías con escala global, caso de ICA de Bernardo Quintana o IDEAL de Carlos Slim Helú, para la generalidad de las constructoras mexicanas competir con las grandes españolas se da una circunstancia de inequidad, ya que éstas acceden a financiamientos más baratos.
SCT esgrime en su defensa incapacidad legal para bloquear en esos procesos a las hispanas. De hecho Barajas hasta pidió a la CMIC propuestas factibles de implementar. El asunto nada tiene que ver con nacionalismo, sino con una realidad que incluso ya motivó acciones en España. Apenas en junio el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vía el Ministerio de Economía y Hacienda, que lleva José Blanco, instrumentó cambios en la contratación de obra pública, para castigar a las constructoras de ese país que implementen técnicas de precios bajos o de ‘dumping’ y luego modifiquen.
Las autoridades se dieron cuenta que los participantes en esos concursos pujaban con precios castigados y luego al ejecutar, modificaban los presupuestos por diversos motivos, generando dos sobreprecios que en algunos casos son superiores al 20 por ciento.
Ahora el gobierno español rescindirá contratos a las constructoras que realicen modificaciones a los presupuestos por encima de más de 10 por ciento.
La Asociación Nacional de Constructores Independientes de España, de la que forman parte empresas como Aldeasa, ha llamado al gremio a “autorregularse” y a estudiar sus proyectos antes de las ofertas.
El riesgo es que esas prácticas se corrijan en España y se reproduzcan en México, ante la negligencia de SCT, que con Pérez-Jácome y su nuevo equipo está lejos de dar el ancho en más de un expediente.
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HOY SE REUNIRÁN el equipo de Altus Pro a cargo de Francisco Lanz Duret con los titulares de SCT, Ernesto Cordero de SHCP y Javier Lozano del Trabajo, para presentarles su avance en torno al esquema ya discutido con algunos bancos para acreditar al conciliador Gerardo Badín, al menos unos 250 millones de dólares que se requieren para rescatar a Mexicana.
Hasta ahora ni este grupo, ni el minero Iván Barona han podido convencer de que contarán con los fondos para garantizar un proyecto exitoso. Aunque recién se habla de la participación de otro actor conformado por Fernando Fernández de Córdoba y Enrique Sada, supuestamente vinculados a grupos hoteleros españoles, se ve improbable que tengan tiempo para realizar un “due diligence”, puesto que el 9 de agosto llega a su fin el plazo legal para el concurso mercantil. Según esto, otro inversionista que estuvo con Barona, en este caso Christian Cadena de los Hoteles Blue Bay, con un servicio de mediana calidad, también habría sondeado por su parte, con la ventaja de que cuenta con toda la información.
Como quiera, el candidato más firme sería Altus. Su presentación podría ser determinante, de cara a este martes cuando Mexicana cumple su 90 aniversario. Parece que la intención del gobierno de Felipe Calderón es aprovechar para realizar algún anuncio respecto a la evolución de un proceso a estas alturas muy viciado, politizado y con grandes intereses en contra.
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AUNQUE SARA LEE, que lleva en lo global Marcel H. M. Smits, ya calienta la venta de su panificadora Bimbo en España, dando por bueno el interés de la mexicana Bimbo, le puedo confirmar que Daniel Servitje y su equipo aún no deciden si estarán en ese proceso. Y es que las invitaciones ni siquiera se han girado y mucho menos las reglas. Se trata de una compañía con ventas por unos 400 millones de dólares y con presencia adicional en Portugal, Francia y Australia. Obvio, el mercado español es el más relevante. Vale señalar que Bimbo España se ha vendido en más de una ocasión. Fue fundada por Jaime Jorba, ex accionista de Bimbo México, a quien se le dieron en los 60 los avales para utilizar la marca, logo y patentes de productos. Debido a ello, la nula modernización de los conceptos que remontan a los que utilizó hace muchos años Bimbo aquí.
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SE ESPERA QUE hacia finales de agosto se presente en la SCJN un segundo proyecto para analizar si procede o no la suspensión de los Acuerdos de Equivalencia como lo solicitó la Cámara de Senadores.
Como sabe, estos los empuja Economía de Bruno Ferrari y aunque a finales de junio el proyecto del ministro Arturo Saldívar se desechó, hoy se sabe que el tema de fondo sigue pendiente. De ahí este segundo análisis que está a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Hace unos días le comentaba del malestar que ha generado entre las constructoras mexicanas, la laxitud que muestra SCT que encabeza Dionisio Pérez-Jácome, respecto a la participación de empresas españolas en licitaciones de obra pública en las que debiera privilegiarse a las constructoras mexicanas, ya que se involucran dineros públicos.
En muchos países, incluido España, esto es una realidad, sin que formalmente haya reglas.
De por sí la dinámica de la industria de la construcción no ha sido boyante, dada la crisis de 2009 y la lenta recuperación que muestra el mercado interno, con obras de infraestructura cuya puesta en marcha por parte de SCT se ha dado con agobiante lentitud.
La semana pasada la hispana ACS de Florentino Pérez se quedó con la subasta para suministrar el sistema de tecnología electrónica y ventilación de la autopista Mazatlán-Durango con una oferta de un millón 475 mil pesos, que se estima está por debajo de precios mínimos o ‘dumping’.
Aunque la licitación no es ni por mucho de las más importantes, lo relevante fue la copiosa participación de empresas hispanas como reflejo de la apretada situación que vive España.
Algunas constructoras mexicanas que participaron, como ADM con Enram; Prodemex de Antonio Boullosa y Olegario Vázquez Raña; Tradeco, de Federico Martínez, se aprestan a inconformarse ante la SFP de Salvador Vega, aunque con pocas probabilidades de que prospere su recurso.
Este asunto se ha discutido al interior de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que comanda Eduardo Correa, ya que se cree que las españolas van a continuar muy agresivas en las subastas públicas aquí.
Se conoce que Correa y su mesa directiva han llevado el tema a Pérez-Jácome y al subsecretario de Infraestructura Fausto Barajas, sin encontrar respuesta.
Algunos constructores consideran que el propio Gobierno federal promociona la participación de las españolas, sin distinguir que su presencia se dé en concesiones en donde aporten recursos para que esas obras se destraben.
En licitaciones públicas, salvo 3 o 4 compañías con escala global, caso de ICA de Bernardo Quintana o IDEAL de Carlos Slim Helú, para la generalidad de las constructoras mexicanas competir con las grandes españolas se da una circunstancia de inequidad, ya que éstas acceden a financiamientos más baratos.
SCT esgrime en su defensa incapacidad legal para bloquear en esos procesos a las hispanas. De hecho Barajas hasta pidió a la CMIC propuestas factibles de implementar. El asunto nada tiene que ver con nacionalismo, sino con una realidad que incluso ya motivó acciones en España. Apenas en junio el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vía el Ministerio de Economía y Hacienda, que lleva José Blanco, instrumentó cambios en la contratación de obra pública, para castigar a las constructoras de ese país que implementen técnicas de precios bajos o de ‘dumping’ y luego modifiquen.
Las autoridades se dieron cuenta que los participantes en esos concursos pujaban con precios castigados y luego al ejecutar, modificaban los presupuestos por diversos motivos, generando dos sobreprecios que en algunos casos son superiores al 20 por ciento.
Ahora el gobierno español rescindirá contratos a las constructoras que realicen modificaciones a los presupuestos por encima de más de 10 por ciento.
La Asociación Nacional de Constructores Independientes de España, de la que forman parte empresas como Aldeasa, ha llamado al gremio a “autorregularse” y a estudiar sus proyectos antes de las ofertas.
El riesgo es que esas prácticas se corrijan en España y se reproduzcan en México, ante la negligencia de SCT, que con Pérez-Jácome y su nuevo equipo está lejos de dar el ancho en más de un expediente.
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HOY SE REUNIRÁN el equipo de Altus Pro a cargo de Francisco Lanz Duret con los titulares de SCT, Ernesto Cordero de SHCP y Javier Lozano del Trabajo, para presentarles su avance en torno al esquema ya discutido con algunos bancos para acreditar al conciliador Gerardo Badín, al menos unos 250 millones de dólares que se requieren para rescatar a Mexicana.
Hasta ahora ni este grupo, ni el minero Iván Barona han podido convencer de que contarán con los fondos para garantizar un proyecto exitoso. Aunque recién se habla de la participación de otro actor conformado por Fernando Fernández de Córdoba y Enrique Sada, supuestamente vinculados a grupos hoteleros españoles, se ve improbable que tengan tiempo para realizar un “due diligence”, puesto que el 9 de agosto llega a su fin el plazo legal para el concurso mercantil. Según esto, otro inversionista que estuvo con Barona, en este caso Christian Cadena de los Hoteles Blue Bay, con un servicio de mediana calidad, también habría sondeado por su parte, con la ventaja de que cuenta con toda la información.
Como quiera, el candidato más firme sería Altus. Su presentación podría ser determinante, de cara a este martes cuando Mexicana cumple su 90 aniversario. Parece que la intención del gobierno de Felipe Calderón es aprovechar para realizar algún anuncio respecto a la evolución de un proceso a estas alturas muy viciado, politizado y con grandes intereses en contra.
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AUNQUE SARA LEE, que lleva en lo global Marcel H. M. Smits, ya calienta la venta de su panificadora Bimbo en España, dando por bueno el interés de la mexicana Bimbo, le puedo confirmar que Daniel Servitje y su equipo aún no deciden si estarán en ese proceso. Y es que las invitaciones ni siquiera se han girado y mucho menos las reglas. Se trata de una compañía con ventas por unos 400 millones de dólares y con presencia adicional en Portugal, Francia y Australia. Obvio, el mercado español es el más relevante. Vale señalar que Bimbo España se ha vendido en más de una ocasión. Fue fundada por Jaime Jorba, ex accionista de Bimbo México, a quien se le dieron en los 60 los avales para utilizar la marca, logo y patentes de productos. Debido a ello, la nula modernización de los conceptos que remontan a los que utilizó hace muchos años Bimbo aquí.
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SE ESPERA QUE hacia finales de agosto se presente en la SCJN un segundo proyecto para analizar si procede o no la suspensión de los Acuerdos de Equivalencia como lo solicitó la Cámara de Senadores.
Como sabe, estos los empuja Economía de Bruno Ferrari y aunque a finales de junio el proyecto del ministro Arturo Saldívar se desechó, hoy se sabe que el tema de fondo sigue pendiente. De ahí este segundo análisis que está a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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