Carlos Ramírez / Indicador Político
Ahora que de nueva cuenta la Corte Suprema de Justicia va a tratar el tema del fuero militar por un asunto que ocurrió en 1974, el debate debería darse en su punto medular: el papel del fuero de guerra en la hegemonía del Estado.
1.- El ejército es la primera línea de combate por la soberanía nacional y la última línea de defensa del Estado. Como su función es la de defender la integridad de la república, entonces su funcionamiento debe quedar al margen de los intereses de las autoridades civiles. Un tribunal civil puede minar a las fuerzas militares. El fuero militar sirve para castigar violaciones a la doctrina militar y poner en riesgo la soberanía; el derecho civil se basa en cómo eludir el castigo.
2.- Si un Estado no cuenta con una fuerza militar ajena a las consideraciones civiles, su capacidad de defensa y de salvaguarda de la soberanía y la integridad debilitaría la tutela del Estado. Modificar el fuero militar sería condenar a la república a pasar de Estado a protectorado de intereses militares extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos.
3.- El debate del fuero de guerra es, sin duda, la esencia del derecho público, es decir: Del Estado. Sin embargo, los argumentos de varios ministros de la Corte Suprema responden a su formación en el derecho privado o el derecho académico que se practica en las universidades privadas. La defensa de la soberanía del Estado significa la existencia misma de una república.
4.- El fuero de guerra fue trasladado a tribunales civiles en Argentina y su primer efecto ha sido la insubordinación de la tropa. La disciplina militar tiene que ser mucho más estricta que la civil.
5.- La Corte Suprema va a estudiar posibles cambios en el fuero militar en función de un caso de represión ocurrido en 1974, cuando el sistema político priísta, al cual pertenecía entonces la Corte Suprema como institución sometida, estaba definido en función de la estrategia de guerra fría, es decir, combate ideológico. La presunta desaparición de Rosendo Redilla Pacheco se dio en la lucha del Estado contra la guerrilla armada que quería derrocar con las armas al gobierno constitucional e instaurar un gobierno socialista. Varios Redilla pertenecían al Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y luchaban con las armas contra el gobierno constitucional, autoritario pero legítimo.
6.- Ese modelo de país y de Estado ya no existe en México. Terminó en 1985. Aunque quedó la herencia del PRI de una ola de represión que causó centenas de desaparecidos. Sólo que ese mismo PRI se prepara para regresar al poder presidencial, mientras las instituciones republicanas manipuladas por el PRI para reprimir están en peligro de desaparecer. El PRI siguió ganando elecciones pero sin ser juzgado, ni por la Corte Suprema, por sus acciones de represión. La Corte se negó a juzgar a Luis Echeverría, presidente de la república en 1974 y responsable del uso de las fuerzas armadas.
7.- El fuero de guerra no es un hecho de excepción ni sirve para proteger a delincuentes. Más aún, está acotado. Las resoluciones de los órganos de procuración y administración de justicia militar pueden ser revocadas o modificadas por autoridades civiles, desde juzgados de distrito hasta la Corte Suprema. Este acotamiento implica, de suyo, un mecanismo de control sobre las decisiones de los tribunales militares.
8.- La función de los militares no es la de un agente de tránsito. Su tarea primordial de salvaguarda de la soberanía y de mantenimiento de la paz es fundamental para el desarrollo y el bienestar. Por ser los garantes de la integridad del Estado requieren de un fuero especial para juzgar, no para encubrir. La soberanía nacional puede ser debilitada si los presuntos delitos militares pasan a tribunales civiles donde las puertas de escape son infinitas. Por eso los militares deben ser juzgados por militares en función de un código de honor militar. Por ejemplo, una juez como la que liberó a Jorge Hank Rhon no debería juzgar a militares con delitos. En los tribunales civiles no se juzgan sino se tasan y se negocian quebrantamientos de la ley.
9.- La intervención de ejército se ha dado siempre contra amenazas a la seguridad nacional y a la soberanía, no para perseguir carteristas. En el combate a la guerrilla en los setentas se dio una incapacidad de los civiles y del PRI para abrir la democracia y hoy los narcos quieren quitarle soberanía nacional al Estado, constituyen una fuerza armada superior a la policiaca, instalaron zonas francas en territorio del Estado nacional, se convirtieron en gobierno autónomo, desconocieron las leyes constitucionales y de hecho operan como grupo insurgente contra el Estado. Jurídicamente los narcos podrían vencer al ejército en tribunales.
10.- Sería paradójico que la Corte Suprema, que se negó a condenar a Luis Echeverría por la represión en Tlatelolco y en San Cosme, y que en el pasado como institución fue instrumento autoritario del Estado priísta, ahora vaya a castigar al ejército y al Estado desintegrando el principio rector de la defensa nacional.
11.- Y sería paradójico que la Corte Suprema de México se someta a las presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo por muchos años de juez internacional y presidente de la CIDH Sergio García Ramírez, quien era subsecretario de Gobernación el día en que presuntamente desaparecieron a Redilla, jefe de investigaciones políticas de la policía de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación en 1970 y procurador del DF el día del halconazo criminal contra estudiantes en junio de 1971, además de haber sido prominente miembro del PRI que reprimió. García Ramírez --que nunca rompió con el gobierno represor del PRI-- se excusó de participar en el juicio Radilla pero no por haber sido funcionario en 1974 y cómplice de la represión sino por ser mexicano en un juicio sobre un mexicano. Si fuera seria, la CIDH debería de incluir en su condena a García Ramírez como un funcionario corresponsable de la represión. Y la Corte mexicana miró a otro lado durante los años de la represión priísta. Y hoy las dos condenan lo que avalaron.
12.- A México le hace falta política de defensa nacional.
Ahora que de nueva cuenta la Corte Suprema de Justicia va a tratar el tema del fuero militar por un asunto que ocurrió en 1974, el debate debería darse en su punto medular: el papel del fuero de guerra en la hegemonía del Estado.
1.- El ejército es la primera línea de combate por la soberanía nacional y la última línea de defensa del Estado. Como su función es la de defender la integridad de la república, entonces su funcionamiento debe quedar al margen de los intereses de las autoridades civiles. Un tribunal civil puede minar a las fuerzas militares. El fuero militar sirve para castigar violaciones a la doctrina militar y poner en riesgo la soberanía; el derecho civil se basa en cómo eludir el castigo.
2.- Si un Estado no cuenta con una fuerza militar ajena a las consideraciones civiles, su capacidad de defensa y de salvaguarda de la soberanía y la integridad debilitaría la tutela del Estado. Modificar el fuero militar sería condenar a la república a pasar de Estado a protectorado de intereses militares extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos.
3.- El debate del fuero de guerra es, sin duda, la esencia del derecho público, es decir: Del Estado. Sin embargo, los argumentos de varios ministros de la Corte Suprema responden a su formación en el derecho privado o el derecho académico que se practica en las universidades privadas. La defensa de la soberanía del Estado significa la existencia misma de una república.
4.- El fuero de guerra fue trasladado a tribunales civiles en Argentina y su primer efecto ha sido la insubordinación de la tropa. La disciplina militar tiene que ser mucho más estricta que la civil.
5.- La Corte Suprema va a estudiar posibles cambios en el fuero militar en función de un caso de represión ocurrido en 1974, cuando el sistema político priísta, al cual pertenecía entonces la Corte Suprema como institución sometida, estaba definido en función de la estrategia de guerra fría, es decir, combate ideológico. La presunta desaparición de Rosendo Redilla Pacheco se dio en la lucha del Estado contra la guerrilla armada que quería derrocar con las armas al gobierno constitucional e instaurar un gobierno socialista. Varios Redilla pertenecían al Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y luchaban con las armas contra el gobierno constitucional, autoritario pero legítimo.
6.- Ese modelo de país y de Estado ya no existe en México. Terminó en 1985. Aunque quedó la herencia del PRI de una ola de represión que causó centenas de desaparecidos. Sólo que ese mismo PRI se prepara para regresar al poder presidencial, mientras las instituciones republicanas manipuladas por el PRI para reprimir están en peligro de desaparecer. El PRI siguió ganando elecciones pero sin ser juzgado, ni por la Corte Suprema, por sus acciones de represión. La Corte se negó a juzgar a Luis Echeverría, presidente de la república en 1974 y responsable del uso de las fuerzas armadas.
7.- El fuero de guerra no es un hecho de excepción ni sirve para proteger a delincuentes. Más aún, está acotado. Las resoluciones de los órganos de procuración y administración de justicia militar pueden ser revocadas o modificadas por autoridades civiles, desde juzgados de distrito hasta la Corte Suprema. Este acotamiento implica, de suyo, un mecanismo de control sobre las decisiones de los tribunales militares.
8.- La función de los militares no es la de un agente de tránsito. Su tarea primordial de salvaguarda de la soberanía y de mantenimiento de la paz es fundamental para el desarrollo y el bienestar. Por ser los garantes de la integridad del Estado requieren de un fuero especial para juzgar, no para encubrir. La soberanía nacional puede ser debilitada si los presuntos delitos militares pasan a tribunales civiles donde las puertas de escape son infinitas. Por eso los militares deben ser juzgados por militares en función de un código de honor militar. Por ejemplo, una juez como la que liberó a Jorge Hank Rhon no debería juzgar a militares con delitos. En los tribunales civiles no se juzgan sino se tasan y se negocian quebrantamientos de la ley.
9.- La intervención de ejército se ha dado siempre contra amenazas a la seguridad nacional y a la soberanía, no para perseguir carteristas. En el combate a la guerrilla en los setentas se dio una incapacidad de los civiles y del PRI para abrir la democracia y hoy los narcos quieren quitarle soberanía nacional al Estado, constituyen una fuerza armada superior a la policiaca, instalaron zonas francas en territorio del Estado nacional, se convirtieron en gobierno autónomo, desconocieron las leyes constitucionales y de hecho operan como grupo insurgente contra el Estado. Jurídicamente los narcos podrían vencer al ejército en tribunales.
10.- Sería paradójico que la Corte Suprema, que se negó a condenar a Luis Echeverría por la represión en Tlatelolco y en San Cosme, y que en el pasado como institución fue instrumento autoritario del Estado priísta, ahora vaya a castigar al ejército y al Estado desintegrando el principio rector de la defensa nacional.
11.- Y sería paradójico que la Corte Suprema de México se someta a las presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo por muchos años de juez internacional y presidente de la CIDH Sergio García Ramírez, quien era subsecretario de Gobernación el día en que presuntamente desaparecieron a Redilla, jefe de investigaciones políticas de la policía de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación en 1970 y procurador del DF el día del halconazo criminal contra estudiantes en junio de 1971, además de haber sido prominente miembro del PRI que reprimió. García Ramírez --que nunca rompió con el gobierno represor del PRI-- se excusó de participar en el juicio Radilla pero no por haber sido funcionario en 1974 y cómplice de la represión sino por ser mexicano en un juicio sobre un mexicano. Si fuera seria, la CIDH debería de incluir en su condena a García Ramírez como un funcionario corresponsable de la represión. Y la Corte mexicana miró a otro lado durante los años de la represión priísta. Y hoy las dos condenan lo que avalaron.
12.- A México le hace falta política de defensa nacional.
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