Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El asesinato de Facundo Cabral el fin de semana pasado en Guatemala despertó nuevamente las alertas por el avance del crimen organizado trasnacional. No fue un acto de solidaridad ante un caso de muy alto impacto en América Latina lo que llevó de inmediato al gobierno de Estados Unidos a ofrecer su absoluta colaboración en las investigaciones del atentado, sino el creciente temor de que la guerra entre los cárteles de la droga en México se extienda a Centroamérica.
Esa región ha sido vista en los últimos meses en Washington como el nuevo terreno de expansión de los cárteles mexicanos ante la debilidad institucional de sus gobiernos y los bajos costos para encontrar protección. Las organizaciones criminales han penetrado estructuras políticas, empresariales y policiales en la zona, que en el último año dejó de ser un territorio controlado exclusivamente por Los Zetas, y empezar a ser disputado por el Cártel del Pacífico, que ya tiene presencia en América Latina y el Caribe.
La muerte de Cabral puso el foco en Guatemala, pero la alarma fue prendida desde principios de año por el presidente Álvaro Colom, quien decretó estado de sitio en la zona de la Alta Verapaz, en el norte del país, que roza en algunos puntos con la frontera mexicana. Altos funcionarios guatemaltecos reconocen en privado que están totalmente desbordados por la violencia y que existen zonas de esa nación en poder de los criminales. Los Zetas, que eran la preocupación de Colom, parecen a enfrentar una incipiente competencia por la plaza, como sucede la muerte de Cabral.
Los Zetas empezaron a llegar a finales de 2007 y 2008 a Centroamérica con el propósito estratégico de buscar fuentes de abastecimiento de drogas, tras la embestida lanzada por las fuerzas federales mexicanas que los tuvo a ellos y sus viejos socios del Cártel del Golfo, en el umbral de la desaparición como cártel. Sin droga que vender, Los Zetas se desdoblaron en delitos del fueron común -secuestros, extorsión, piratería, protección y prostitución- mientras recuperaban liquidez para pagar a sus sicarios y ampliaban sus territorios criminales.
Su cabeza de playa fue Daniel Pérez Rojas, fundador de Los Zetas y que fue escolta del ex jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, quien reclutó a ex militares de élite como brazo armado de la organización tamaulipeca. Pérez Rojas, apodado “El Cachetes”, fue detenido en abril de 2008 tras un enfrentamiento entre narcotraficantes tres semanas antes en un balneario al este de Guatemala donde murieron 11 personas.
“El Cachetes” era un nombre que se había quedado en la memoria hasta este fin de semana, cuando su nombre volvió a salir en las investigaciones sobre el crimen de Cabral. La primera hipótesis sobre el atentado donde murió Cabral es que Pérez Rojas, quien se encuentra preso en Guatemala, ordenó la muerte de Henry Fariña, el empresario nicaragüense que contrato al artista argentino para dar conciertos en esa nación.
Cabral, en este contexto, estuvo en el peor lugar posible cuando se decidió la muerte de Fariña, cuyo vehículo fue atacado el sábado cuando lo llevaba al aeropuerto. El objetivo, según los investigadores, era Fariña, quien sobrevivió al atentado, no Cabral, que resultó un daño colateral de esta expansión de la guerra de los cárteles mexicanos.
Fariña, quien usualmente no hace negocios en Guatemala, es sujeto de una investigación de la DEA como presunto lavador de dinero del Cártel del Pacífico, que encabezan Ismael “El Mayo” Zambada, José “El Azul” Esparragosa y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Guatemala no había sido un centro de confrontación del Pacífico con Los Zetas, aunque desde hace casi 10 años los sinaloenses han operado en forma discreta en ese país, donde compraron a militares por 50 mil dólares para que los aterrizar aviones con cocaína procedente de Colombia e internarla en México. También fue el primer refugió de Guzmán cuando escapó de un atentado a mediados de los 90 en Guadalajara, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Aunque Los Zetas habían impuesto un reino de terror en Guatemala en los últimos meses, no se conocían antecedentes de que empezaran a actuar en contra de sus adversarios mexicanos, como sugiere la principal línea de investigación en el asesinato de Cabral. De ser correcta la presunción, el Cártel del Pacífico estaría ampliando su presencia en el norte de Centroamérica, en un acción de pinzas para quedarse, junto con los colombianos, de todas las operaciones en el Hemisferio Occidental.
El Cártel del Pacífico tiene operaciones en Cuba, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de haber establecido una ruta de tráfico hacia África Occidental, para abastecer junto con los colombianos el mercado europeo. En Centroamérica tienen operaciones en Panamá y Nicaragua, pero en Honduras y en Guatemala se había mantenido como territorio Zeta, en colaboración con las maras salvadoreñas.
El Salvador es un país gozne, pues las dos organizaciones criminales mexicanas trabajan estrechamente con el llamado Cártel de Texis, que operan el trasiego de cocaína en el corredor que conecta con Honduras, con la complicidad de empresarios, ganaderos, policías, alcaldes y diputados. Los Zetas trabajan con Roberto Herrera, un abogado apodado “El Burro”, y el Pacífico con el alcalde de Texistepeque, Armando Portillo, de acuerdo con investigaciones policiales que han sido reveladas por la prensa salvadoreña.
La alarma que provocó la intervención inmediata del gobierno de Estados Unidos es aparente consecuencia de una serie de informes críticos en los últimos meses del Senado y la Oficina de la Contraloría, el órgano fiscalizador del Capitolio, donde subrayaran el creciente peligro de la expansión de los cárteles mexicanos en Centroamérica y la urgente necesidad de instrumentar estrategias policiales como lo ha hecho en México.
Aunque violenta en sí mismo, Guatemala no había mostrado la contaminación mexicana de la lucha que se vive con y entre los cárteles de la droga. El asesinato de Facundo Cabral mostró una nueva realidad y una diferente faceta de una guerra que no se contiene dentro de las fronteras mexicanas, donde Washington parece listo a actuar directa e inmediatamente.
El asesinato de Facundo Cabral el fin de semana pasado en Guatemala despertó nuevamente las alertas por el avance del crimen organizado trasnacional. No fue un acto de solidaridad ante un caso de muy alto impacto en América Latina lo que llevó de inmediato al gobierno de Estados Unidos a ofrecer su absoluta colaboración en las investigaciones del atentado, sino el creciente temor de que la guerra entre los cárteles de la droga en México se extienda a Centroamérica.
Esa región ha sido vista en los últimos meses en Washington como el nuevo terreno de expansión de los cárteles mexicanos ante la debilidad institucional de sus gobiernos y los bajos costos para encontrar protección. Las organizaciones criminales han penetrado estructuras políticas, empresariales y policiales en la zona, que en el último año dejó de ser un territorio controlado exclusivamente por Los Zetas, y empezar a ser disputado por el Cártel del Pacífico, que ya tiene presencia en América Latina y el Caribe.
La muerte de Cabral puso el foco en Guatemala, pero la alarma fue prendida desde principios de año por el presidente Álvaro Colom, quien decretó estado de sitio en la zona de la Alta Verapaz, en el norte del país, que roza en algunos puntos con la frontera mexicana. Altos funcionarios guatemaltecos reconocen en privado que están totalmente desbordados por la violencia y que existen zonas de esa nación en poder de los criminales. Los Zetas, que eran la preocupación de Colom, parecen a enfrentar una incipiente competencia por la plaza, como sucede la muerte de Cabral.
Los Zetas empezaron a llegar a finales de 2007 y 2008 a Centroamérica con el propósito estratégico de buscar fuentes de abastecimiento de drogas, tras la embestida lanzada por las fuerzas federales mexicanas que los tuvo a ellos y sus viejos socios del Cártel del Golfo, en el umbral de la desaparición como cártel. Sin droga que vender, Los Zetas se desdoblaron en delitos del fueron común -secuestros, extorsión, piratería, protección y prostitución- mientras recuperaban liquidez para pagar a sus sicarios y ampliaban sus territorios criminales.
Su cabeza de playa fue Daniel Pérez Rojas, fundador de Los Zetas y que fue escolta del ex jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, quien reclutó a ex militares de élite como brazo armado de la organización tamaulipeca. Pérez Rojas, apodado “El Cachetes”, fue detenido en abril de 2008 tras un enfrentamiento entre narcotraficantes tres semanas antes en un balneario al este de Guatemala donde murieron 11 personas.
“El Cachetes” era un nombre que se había quedado en la memoria hasta este fin de semana, cuando su nombre volvió a salir en las investigaciones sobre el crimen de Cabral. La primera hipótesis sobre el atentado donde murió Cabral es que Pérez Rojas, quien se encuentra preso en Guatemala, ordenó la muerte de Henry Fariña, el empresario nicaragüense que contrato al artista argentino para dar conciertos en esa nación.
Cabral, en este contexto, estuvo en el peor lugar posible cuando se decidió la muerte de Fariña, cuyo vehículo fue atacado el sábado cuando lo llevaba al aeropuerto. El objetivo, según los investigadores, era Fariña, quien sobrevivió al atentado, no Cabral, que resultó un daño colateral de esta expansión de la guerra de los cárteles mexicanos.
Fariña, quien usualmente no hace negocios en Guatemala, es sujeto de una investigación de la DEA como presunto lavador de dinero del Cártel del Pacífico, que encabezan Ismael “El Mayo” Zambada, José “El Azul” Esparragosa y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Guatemala no había sido un centro de confrontación del Pacífico con Los Zetas, aunque desde hace casi 10 años los sinaloenses han operado en forma discreta en ese país, donde compraron a militares por 50 mil dólares para que los aterrizar aviones con cocaína procedente de Colombia e internarla en México. También fue el primer refugió de Guzmán cuando escapó de un atentado a mediados de los 90 en Guadalajara, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Aunque Los Zetas habían impuesto un reino de terror en Guatemala en los últimos meses, no se conocían antecedentes de que empezaran a actuar en contra de sus adversarios mexicanos, como sugiere la principal línea de investigación en el asesinato de Cabral. De ser correcta la presunción, el Cártel del Pacífico estaría ampliando su presencia en el norte de Centroamérica, en un acción de pinzas para quedarse, junto con los colombianos, de todas las operaciones en el Hemisferio Occidental.
El Cártel del Pacífico tiene operaciones en Cuba, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de haber establecido una ruta de tráfico hacia África Occidental, para abastecer junto con los colombianos el mercado europeo. En Centroamérica tienen operaciones en Panamá y Nicaragua, pero en Honduras y en Guatemala se había mantenido como territorio Zeta, en colaboración con las maras salvadoreñas.
El Salvador es un país gozne, pues las dos organizaciones criminales mexicanas trabajan estrechamente con el llamado Cártel de Texis, que operan el trasiego de cocaína en el corredor que conecta con Honduras, con la complicidad de empresarios, ganaderos, policías, alcaldes y diputados. Los Zetas trabajan con Roberto Herrera, un abogado apodado “El Burro”, y el Pacífico con el alcalde de Texistepeque, Armando Portillo, de acuerdo con investigaciones policiales que han sido reveladas por la prensa salvadoreña.
La alarma que provocó la intervención inmediata del gobierno de Estados Unidos es aparente consecuencia de una serie de informes críticos en los últimos meses del Senado y la Oficina de la Contraloría, el órgano fiscalizador del Capitolio, donde subrayaran el creciente peligro de la expansión de los cárteles mexicanos en Centroamérica y la urgente necesidad de instrumentar estrategias policiales como lo ha hecho en México.
Aunque violenta en sí mismo, Guatemala no había mostrado la contaminación mexicana de la lucha que se vive con y entre los cárteles de la droga. El asesinato de Facundo Cabral mostró una nueva realidad y una diferente faceta de una guerra que no se contiene dentro de las fronteras mexicanas, donde Washington parece listo a actuar directa e inmediatamente.
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