Lydia Cacho / Plan B
El comandante de la 34 Zona Militar, Anastasio García Rodríguez se mostró harto e indignado. Aseguró que el 80 por ciento de los narcomenudistas detenidos en flagrancia, en Quintana Roo, son liberados por los jueces. De los 39 detenidos por militares, 31 salieron libres. Este comandante no logra comprender por qué su labor policiaca en una de las entradas estratégicas para la droga, que llega desde Colombia hasta el sureste mexicano, no rinde frutos. Declaró que las Fuerzas Armadas ya no saben qué requisito se tiene que cumplir “para que este tipo de delincuentes sean sentenciados”. “Son miles de requisitos para poder asegurar a alguien en la cárcel, creo que a veces afecta también el estado de la luna o algo porque hay muchos pretextos y se siguen dando estos casos”. Él como la mayoría de militares que llevan a cabo tareas policíacas, asegura que el problema no son las leyes, sino cómo las “tuercen” y “encima llaman a declarar a los soldados”.
Este jefe de la zona militar de Quintana Roo no es el único miembro del ejército que, junto a sus brigadas, acumula enojo y resentimiento contra el Sistema y contra los medios. Tampoco es el único que hace abstracción de que, al llevar a cabo arrestos, los soldados violan procedimientos de ley que estipulan que los detenidos deberán ser informados por la policía de por qué se les detiene, y se debe evitar el uso de la violencia. Para los policías la tortura constituye un delito, para los militares es un método natural de la guerra.
Un juez de Chetumal asegura que nueve de cada 10 detenidos por el Ejército aparecen severamente golpeados, que entran en los hogares sin órdenes de aprehensión, se llevan a todos los hombres de la familia y los interrogan con videocámaras, sin policía ministerial presente. Lo hacen frente a testigos que les identifican y toman fotografías y videos con sus celulares para demostrar que utilizan técnicas de guerra. La sociedad lo documenta, los medios lo evidencian, los jueces lo ratifican y ellos lo niegan.
Una cosa son las suposiciones y otra los hechos concretos. Genaro García Luna asegura que el Ejército no controla las policías, pero Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) ha documentado que en 25 estados de la República son el Ejército y la Marina quienes controlan los cuerpos de seguridad locales. Los expertos aseguran que los militares no transforman a los cuerpos policíacos, sino los endurecen. El gobernador de Colima, Mario Anguiano, aseguró que el hecho de que un general brigadier encabece la dirección de la Policía Estatal Preventiva y un almirante dirija el Comando C-4, “no es militarización”.
No se trata de generalizar, sino de documentar y escuchar atentamente a aquellos secretarios de Seguridad Pública que, emanados del Ejército, toman la decisión de torturar en lugar de presentar ante el Ministerio Público, de asesinar en lugar de arrestar; que se niegan a obedecer los procedimientos de ley que permitirán reconstruir una policía efectiva, profesional y confiable, porque “no tienen tiempo para eso”.
Más allá de la ironía sobre cómo las fases lunares afectan el cumplimiento de la ley, esta nueva generación de militares a cargo de los cuerpos policíacos está amasando la ira y desarrollando sus propios argumentos para ganar la batalla que les ordenó el Presidente. Como dijo el general Bibiano Villa “¿pa qué los interrogo? mejor los mato”. Desde su perspectiva los jueces les dan la coartada perfecta, porque no son civiles y en la guerra la Constitución puede ser sólo un estorbo.
El comandante de la 34 Zona Militar, Anastasio García Rodríguez se mostró harto e indignado. Aseguró que el 80 por ciento de los narcomenudistas detenidos en flagrancia, en Quintana Roo, son liberados por los jueces. De los 39 detenidos por militares, 31 salieron libres. Este comandante no logra comprender por qué su labor policiaca en una de las entradas estratégicas para la droga, que llega desde Colombia hasta el sureste mexicano, no rinde frutos. Declaró que las Fuerzas Armadas ya no saben qué requisito se tiene que cumplir “para que este tipo de delincuentes sean sentenciados”. “Son miles de requisitos para poder asegurar a alguien en la cárcel, creo que a veces afecta también el estado de la luna o algo porque hay muchos pretextos y se siguen dando estos casos”. Él como la mayoría de militares que llevan a cabo tareas policíacas, asegura que el problema no son las leyes, sino cómo las “tuercen” y “encima llaman a declarar a los soldados”.
Este jefe de la zona militar de Quintana Roo no es el único miembro del ejército que, junto a sus brigadas, acumula enojo y resentimiento contra el Sistema y contra los medios. Tampoco es el único que hace abstracción de que, al llevar a cabo arrestos, los soldados violan procedimientos de ley que estipulan que los detenidos deberán ser informados por la policía de por qué se les detiene, y se debe evitar el uso de la violencia. Para los policías la tortura constituye un delito, para los militares es un método natural de la guerra.
Un juez de Chetumal asegura que nueve de cada 10 detenidos por el Ejército aparecen severamente golpeados, que entran en los hogares sin órdenes de aprehensión, se llevan a todos los hombres de la familia y los interrogan con videocámaras, sin policía ministerial presente. Lo hacen frente a testigos que les identifican y toman fotografías y videos con sus celulares para demostrar que utilizan técnicas de guerra. La sociedad lo documenta, los medios lo evidencian, los jueces lo ratifican y ellos lo niegan.
Una cosa son las suposiciones y otra los hechos concretos. Genaro García Luna asegura que el Ejército no controla las policías, pero Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) ha documentado que en 25 estados de la República son el Ejército y la Marina quienes controlan los cuerpos de seguridad locales. Los expertos aseguran que los militares no transforman a los cuerpos policíacos, sino los endurecen. El gobernador de Colima, Mario Anguiano, aseguró que el hecho de que un general brigadier encabece la dirección de la Policía Estatal Preventiva y un almirante dirija el Comando C-4, “no es militarización”.
No se trata de generalizar, sino de documentar y escuchar atentamente a aquellos secretarios de Seguridad Pública que, emanados del Ejército, toman la decisión de torturar en lugar de presentar ante el Ministerio Público, de asesinar en lugar de arrestar; que se niegan a obedecer los procedimientos de ley que permitirán reconstruir una policía efectiva, profesional y confiable, porque “no tienen tiempo para eso”.
Más allá de la ironía sobre cómo las fases lunares afectan el cumplimiento de la ley, esta nueva generación de militares a cargo de los cuerpos policíacos está amasando la ira y desarrollando sus propios argumentos para ganar la batalla que les ordenó el Presidente. Como dijo el general Bibiano Villa “¿pa qué los interrogo? mejor los mato”. Desde su perspectiva los jueces les dan la coartada perfecta, porque no son civiles y en la guerra la Constitución puede ser sólo un estorbo.
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