Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Nada como sentirse humillado, abandonado, desprotegido, maltratado por las instituciones de las cuales, confiadamente, se espera protección, seguridad, justicia. Las respuestas dadas a la sociedad por el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Distrito Federal, son claro ejemplo de corrupción, impunidad que abusa de los mexicanos, e indefensión en que se les deja, con la complacencia silenciosa y sonriente de jueces, magistrados, consejeros y ministros, todos ellos inocentes, al parecer.
¿Qué habrá pasado por la mente de los integrantes del Poder Judicial del Distrito Federal y de su consejo de la judicatura, cuando decidieron ratificar como juez de lo penal a Héctor Palomares Medina, actor principal del documental Presunto culpable?
La impunidad sólo puede garantizarse cuando los integrantes de la casta, de la profesión, del cuerpo de élite burocrático se protegen entre ellos mismos. Abrir la puerta a las sanciones, por pequeñas que éstas puedan ser, es -con toda seguridad así lo piensan ellos- el principio del fin, es permitir la transparencia, es perder las sinecuras, las canonjías, los privilegios que únicamente pueden obtenerse cuando se es parte de ese selecto grupo que decide quién sí y quién no es culpable, lo demás son pamplinas, por no usar de las palabras adecuadas que el magistrado Édgar Elías Azar y sus corifeos merecen.
Sólo con evocar el rostro del juez Palomares Medina, con constatar de nueva cuenta que no necesitó revisar las pruebas a él presentadas y no le interesó escuchar a la defensa, como sí lo hizo con los policías y el supuesto testigo, se tienen los elementos suficientes para determinar el nivel de complicidad existente entre los juzgadores del fuero común del Distrito Federal. Por pudor y elemental decencia debieron no ratificar a Héctor Palomares Medina, ya que no considerarían el documental una prueba válida de su insuficiente capacidad para ser juzgador, por carecer de inteligencia o la mínima motivación laboral. Mostró ser un flojo, por decir lo menos.
Si merece ratificación, José Antonio Zúñiga debe regresar a la cárcel, pero con toda seguridad el juez Palomares Medina ni siquiera pensó en apelar la decisión del tribunal que revocó la suya, sino en acogerse a la complicidad que le facilita Édgar Elías Azar.
El caso del Poder Judicial de la Federación es de mayor gravedad y trascendencia, por las consecuencias de su inacción y por el flagrante -aquí sí hay flagrancia- incumplimiento del mandato constitucional, pues en una cómoda y poltrona posición burocrática, consideran los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -son o debieran comportarse como la conciencia ética, jurídica, moral y constitucional de México- que cumplir con lo ordenado por norma y mandado por la Constitución es emitir sentencias, conceder amparos, emitir resoluciones y, quizá porque nada más ocurre de vez en cuanto, sentar precedente, como si su voz, su inteligencia, su calidad humana fuese dejada de lado al momento de recibir los nombramientos que los encumbran, los hacen susceptibles de corrupción, y les garantizan el futuro.
Es momento de precisar dos términos que tienen que ver con el fuero federal y el fuero común. La corrupción no es exclusivamente pecuniaria. Un juez, un magistrado, un consejero o un ministro pueden corromperse de peor y más terrible manera, por las consecuencias que ese acto puede implicar. La prevaricación ética, jurídica, moral; entregar la conciencia, convertirse de protector en verdugo, por línea política, por interés partidista, porque se negó a recusarse debido a los afectos o desafectos con los implicados en un caso. Las derivaciones son muchas, y los juzgadores seres humanos a fin de cuentas, pero que no se den baños de pureza, porque también guardan cadáveres en el clóset, meten la basura bajo las alfombras.
En cuanto sintieron lumbre en los aparejos, decidieron suspender provisionalmente a Álvaro Tobilla León, por el caso ese en el que se detectó que su Secretario en el Juzgado Noveno en Materia Administrativa, se las ingenió para reunir la módica cantidad de 432 millones de pesos en sus cuentas personales. ¡Vaya cachaza!, como si no se notara que es una reacción para intentar revertir la percepción que tiene la sociedad de los juzgadores: para la mayoría de los mexicanos, son una bola de corruptos.
No se puede generalizar. Hay de todo en la viña del Señor, pero los que no se miden son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más preocupados por parecer un tribunal constitucional, que en funcionar como uno, pues dada la situación general de México, el impasse en que se encuentra la transición, el avasallamiento de la violencia, y lo que a todas luces es una clara dependencia del Poder Ejecutivo a factores exógenos a la independencia del país, los integrantes del Pleno, todos, principalmente Juan Silva Meza, no pueden permanecer callados, no pueden escudarse en la estrechez de miras y en la elusión del mandato constitucional, pues éste no se limita a emitir resoluciones o dictar sentencias, sino que se trasciende en la guía ética y legal en que se convierten los ministros durante el desempeño de sus funciones.
Allí están, para quien desee escucharlas, las lapidarias referencias que hace Felipe Calderón Hinojosa a la labor de los jueces, magistrados y ministros: “Reconozco que hay un compromiso ético y de servicio público de la abrumadora mayoría de los jueces en México, pero también hago un exhorto para que, en aquellos casos en el que un juzgador no responda a esta exigencia ética de honestidad y de compromiso con la justicia -así como nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo por depurar a la PGR, a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas-, también haya un esfuerzo por encontrar esa verdad e idoneidad en el propio Poder Judicial”, como de igual manera se refiere a los obispos: todos son sepulcros blanqueados, de los que únicamente sobresale la sonrisa de El guasón.
Ese Demonio de Sócrates que me acosa y dirige, pide que recuerde a Juan José Saer, que establezca una paráfrasis con el propósito de entender lo que dejan de hacer los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes “… no por poseer una inteligencia superior, sino la responsabilidad ética y constitucional para mantener en su sitio a un gobierno que ya no representa ningún consenso social. La situación política, que quisiera mostrarse natural, se doblega y vacila bajo el peso de sus contradicciones. Dejando de lado todas las incongruencias teóricas, políticas y morales, tales como actuar en nombre del orden -que es el proceder natural del Poder Ejecutivo- anulando la Constitución, invocar la patria y la unidad a cada momento, pero en la realidad plegándose a los designios de Estados Unidos y los poderes fácticos…”
Pero lo que Salamanca no da, el Poder Judicial Federal no presta; guardarán silencio, como si fueran ajenos -tan inocentes como los corderos descritos por Thomas Harris en su novela, y tan sordos como lo estuvo hasta enfrentarse a Hannibal Lecter la policía Clarice Starling- a lo que ocurre en la nación, cuando son corresponsables de tanta violencia. En cuanto llegó el reclamo, se apresuraron a decir que escucharán, pero no dirán esta boca es mía, sólo oirán el eco de los lamentos de tanto dolor, porque no se atrevieron a buscarse un lugar en al alcázar, lo que era su obligación.
Nada como sentirse humillado, abandonado, desprotegido, maltratado por las instituciones de las cuales, confiadamente, se espera protección, seguridad, justicia. Las respuestas dadas a la sociedad por el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Distrito Federal, son claro ejemplo de corrupción, impunidad que abusa de los mexicanos, e indefensión en que se les deja, con la complacencia silenciosa y sonriente de jueces, magistrados, consejeros y ministros, todos ellos inocentes, al parecer.
¿Qué habrá pasado por la mente de los integrantes del Poder Judicial del Distrito Federal y de su consejo de la judicatura, cuando decidieron ratificar como juez de lo penal a Héctor Palomares Medina, actor principal del documental Presunto culpable?
La impunidad sólo puede garantizarse cuando los integrantes de la casta, de la profesión, del cuerpo de élite burocrático se protegen entre ellos mismos. Abrir la puerta a las sanciones, por pequeñas que éstas puedan ser, es -con toda seguridad así lo piensan ellos- el principio del fin, es permitir la transparencia, es perder las sinecuras, las canonjías, los privilegios que únicamente pueden obtenerse cuando se es parte de ese selecto grupo que decide quién sí y quién no es culpable, lo demás son pamplinas, por no usar de las palabras adecuadas que el magistrado Édgar Elías Azar y sus corifeos merecen.
Sólo con evocar el rostro del juez Palomares Medina, con constatar de nueva cuenta que no necesitó revisar las pruebas a él presentadas y no le interesó escuchar a la defensa, como sí lo hizo con los policías y el supuesto testigo, se tienen los elementos suficientes para determinar el nivel de complicidad existente entre los juzgadores del fuero común del Distrito Federal. Por pudor y elemental decencia debieron no ratificar a Héctor Palomares Medina, ya que no considerarían el documental una prueba válida de su insuficiente capacidad para ser juzgador, por carecer de inteligencia o la mínima motivación laboral. Mostró ser un flojo, por decir lo menos.
Si merece ratificación, José Antonio Zúñiga debe regresar a la cárcel, pero con toda seguridad el juez Palomares Medina ni siquiera pensó en apelar la decisión del tribunal que revocó la suya, sino en acogerse a la complicidad que le facilita Édgar Elías Azar.
El caso del Poder Judicial de la Federación es de mayor gravedad y trascendencia, por las consecuencias de su inacción y por el flagrante -aquí sí hay flagrancia- incumplimiento del mandato constitucional, pues en una cómoda y poltrona posición burocrática, consideran los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -son o debieran comportarse como la conciencia ética, jurídica, moral y constitucional de México- que cumplir con lo ordenado por norma y mandado por la Constitución es emitir sentencias, conceder amparos, emitir resoluciones y, quizá porque nada más ocurre de vez en cuanto, sentar precedente, como si su voz, su inteligencia, su calidad humana fuese dejada de lado al momento de recibir los nombramientos que los encumbran, los hacen susceptibles de corrupción, y les garantizan el futuro.
Es momento de precisar dos términos que tienen que ver con el fuero federal y el fuero común. La corrupción no es exclusivamente pecuniaria. Un juez, un magistrado, un consejero o un ministro pueden corromperse de peor y más terrible manera, por las consecuencias que ese acto puede implicar. La prevaricación ética, jurídica, moral; entregar la conciencia, convertirse de protector en verdugo, por línea política, por interés partidista, porque se negó a recusarse debido a los afectos o desafectos con los implicados en un caso. Las derivaciones son muchas, y los juzgadores seres humanos a fin de cuentas, pero que no se den baños de pureza, porque también guardan cadáveres en el clóset, meten la basura bajo las alfombras.
En cuanto sintieron lumbre en los aparejos, decidieron suspender provisionalmente a Álvaro Tobilla León, por el caso ese en el que se detectó que su Secretario en el Juzgado Noveno en Materia Administrativa, se las ingenió para reunir la módica cantidad de 432 millones de pesos en sus cuentas personales. ¡Vaya cachaza!, como si no se notara que es una reacción para intentar revertir la percepción que tiene la sociedad de los juzgadores: para la mayoría de los mexicanos, son una bola de corruptos.
No se puede generalizar. Hay de todo en la viña del Señor, pero los que no se miden son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más preocupados por parecer un tribunal constitucional, que en funcionar como uno, pues dada la situación general de México, el impasse en que se encuentra la transición, el avasallamiento de la violencia, y lo que a todas luces es una clara dependencia del Poder Ejecutivo a factores exógenos a la independencia del país, los integrantes del Pleno, todos, principalmente Juan Silva Meza, no pueden permanecer callados, no pueden escudarse en la estrechez de miras y en la elusión del mandato constitucional, pues éste no se limita a emitir resoluciones o dictar sentencias, sino que se trasciende en la guía ética y legal en que se convierten los ministros durante el desempeño de sus funciones.
Allí están, para quien desee escucharlas, las lapidarias referencias que hace Felipe Calderón Hinojosa a la labor de los jueces, magistrados y ministros: “Reconozco que hay un compromiso ético y de servicio público de la abrumadora mayoría de los jueces en México, pero también hago un exhorto para que, en aquellos casos en el que un juzgador no responda a esta exigencia ética de honestidad y de compromiso con la justicia -así como nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo por depurar a la PGR, a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas-, también haya un esfuerzo por encontrar esa verdad e idoneidad en el propio Poder Judicial”, como de igual manera se refiere a los obispos: todos son sepulcros blanqueados, de los que únicamente sobresale la sonrisa de El guasón.
Ese Demonio de Sócrates que me acosa y dirige, pide que recuerde a Juan José Saer, que establezca una paráfrasis con el propósito de entender lo que dejan de hacer los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes “… no por poseer una inteligencia superior, sino la responsabilidad ética y constitucional para mantener en su sitio a un gobierno que ya no representa ningún consenso social. La situación política, que quisiera mostrarse natural, se doblega y vacila bajo el peso de sus contradicciones. Dejando de lado todas las incongruencias teóricas, políticas y morales, tales como actuar en nombre del orden -que es el proceder natural del Poder Ejecutivo- anulando la Constitución, invocar la patria y la unidad a cada momento, pero en la realidad plegándose a los designios de Estados Unidos y los poderes fácticos…”
Pero lo que Salamanca no da, el Poder Judicial Federal no presta; guardarán silencio, como si fueran ajenos -tan inocentes como los corderos descritos por Thomas Harris en su novela, y tan sordos como lo estuvo hasta enfrentarse a Hannibal Lecter la policía Clarice Starling- a lo que ocurre en la nación, cuando son corresponsables de tanta violencia. En cuanto llegó el reclamo, se apresuraron a decir que escucharán, pero no dirán esta boca es mía, sólo oirán el eco de los lamentos de tanto dolor, porque no se atrevieron a buscarse un lugar en al alcázar, lo que era su obligación.
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