Jorge Carrasco Araizaga
Constructores del régimen priista que gobernó casi todo el siglo XX en México, los militares mexicanos se reservaron enclaves de poder e impunidad que los gobiernos del PAN no sólo no se han atrevido a tocar, sino que por el contrario han pretendido ampliar en un intercambio de favores de mutua conveniencia.
Si hay un signo evidente del fracaso de la alternancia en la presidencia de la República es el temor a controlar a los militares.
De acuerdo con la institucionalidad autoritaria que establecieron, las Fuerzas Armadas han sido aliadas de los presidentes en turno, dispuestas a ser usadas políticamente con el fin de mantenerse como entidades autónomas que no rinden cuentas a ninguna autoridad civil, más allá de su lealtad a la figura presidencial.
Los militares mexicanos no tuvieron que recurrir a las insubordinaciones y golpes de Estado como ocurrió en América Latina porque al gobernar durante casi cuatro décadas se dieron las reglas y espacios de poder que quisieron. Nadie los podía tocar. En épocas tan recientes como el principio de los años noventa era voz popular que en México nadie debía atreverse a criticar al Ejército.
Fuera de la figura presidencial, no reconocen a “los civilones” como autoridad para rendir cuentas. Mucho menos, cuando tienen que responder ante la justicia por los delitos que cometen.
Una de las prerrogativas que se dieron es el anquilosado Código de Justicia Militar (CJM), tan criticado a nivel internacional que México destaca por ser uno de los países con la legislación militar más atrasada del mundo.
El CJM fue publicado en 1932 como un decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho y desde entonces no se ha modificado. Elaborado para un país que salía de una revolución, se entendía que se establecieran reglas para los militares que no se acostumbraban a actuar de forma institucional luego de años de asonadas.
Casi un siglo después, los militares rigen sus relaciones con la población con esas mismas disposiciones. La más grave, la aplicación del fuero militar a civiles.
Al igual que el sofisma de su actual comandante en jefe, Felipe Calderón, para quien el que critica su “guerra al narcotráfico” es porque no quiere que se actúe contra la delincuencia organizada, así los militares han manipulado con la idea de que quien quiere reformar el CJM intenta romper con la esencial disciplina al interior de las Fuerzas Armadas.
El resultado han sido décadas de impunidad del Ejército y ahora con Calderón la Marina, Armada de México. El expresidente Vicente Fox no se atrevió a investigar las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares contra la población civil, en especial las consideradas como delitos contra la humanidad, como las ejecuciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada. Los dejó impunes con la farsa de la fiscalía especial para delitos del pasado.
Si Calderón por conveniencia propia tampoco quiso tocar a los militares, el Congreso tampoco ha hecho nada para legislar sobre los controles civiles a las Fuerzas Armadas. Al contrario, siguen subordinados a los uniformados.
Nada más vergonzoso que los diputados tengan que ir al despacho del secretario de la Defensa Nacional para que “explique” las labores del Ejército.
Por eso es histórico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya acotado el fuero militar. Aunque no lo hizo de modo propio y de forma oportuna, sino en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial estableció el criterio de que todos los jueces del país, incluidos los civiles y administrativos, tienen que sentenciar con base en los mandatos nacionales y los instrumentos internacionales sobre el respeto a los derechos humanos.
Los jueces militares no deben permitir ya que los militares, en una aplicación abusiva del CJM, atraigan los casos de violaciones cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas contra los civiles, que se han multiplicado con Calderón.
Pero la resolución de la Corte no acabará con la impunidad.
Primero, porque los expedientes sobre las violaciones a la humanidad cometidas en el pasado y en años recientes por efectivos militares no saldrán de los tribunales militares, salvo aquellos que ahora se están peleando a favor de la justicia civil.
Falsa, maliciosamente, las secretarías de Gobernación, Marina y la Defensa Nacional aseguran que lo establecido por la Suprema Corte son sólo “criterios orientadores”; es decir, que si quieren cumplen. Pero sólo en el futuro.
En segundo lugar, porque el gobierno de Calderón, de nueva cuenta cómplice por conveniencia mutua, permitirá que los militares sigan medrando con la impunidad, aun cuando eso atente contra uno de los principios básicos de la democracia: la subordinación de los militares a las autoridades civiles.
Constructores del régimen priista que gobernó casi todo el siglo XX en México, los militares mexicanos se reservaron enclaves de poder e impunidad que los gobiernos del PAN no sólo no se han atrevido a tocar, sino que por el contrario han pretendido ampliar en un intercambio de favores de mutua conveniencia.
Si hay un signo evidente del fracaso de la alternancia en la presidencia de la República es el temor a controlar a los militares.
De acuerdo con la institucionalidad autoritaria que establecieron, las Fuerzas Armadas han sido aliadas de los presidentes en turno, dispuestas a ser usadas políticamente con el fin de mantenerse como entidades autónomas que no rinden cuentas a ninguna autoridad civil, más allá de su lealtad a la figura presidencial.
Los militares mexicanos no tuvieron que recurrir a las insubordinaciones y golpes de Estado como ocurrió en América Latina porque al gobernar durante casi cuatro décadas se dieron las reglas y espacios de poder que quisieron. Nadie los podía tocar. En épocas tan recientes como el principio de los años noventa era voz popular que en México nadie debía atreverse a criticar al Ejército.
Fuera de la figura presidencial, no reconocen a “los civilones” como autoridad para rendir cuentas. Mucho menos, cuando tienen que responder ante la justicia por los delitos que cometen.
Una de las prerrogativas que se dieron es el anquilosado Código de Justicia Militar (CJM), tan criticado a nivel internacional que México destaca por ser uno de los países con la legislación militar más atrasada del mundo.
El CJM fue publicado en 1932 como un decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho y desde entonces no se ha modificado. Elaborado para un país que salía de una revolución, se entendía que se establecieran reglas para los militares que no se acostumbraban a actuar de forma institucional luego de años de asonadas.
Casi un siglo después, los militares rigen sus relaciones con la población con esas mismas disposiciones. La más grave, la aplicación del fuero militar a civiles.
Al igual que el sofisma de su actual comandante en jefe, Felipe Calderón, para quien el que critica su “guerra al narcotráfico” es porque no quiere que se actúe contra la delincuencia organizada, así los militares han manipulado con la idea de que quien quiere reformar el CJM intenta romper con la esencial disciplina al interior de las Fuerzas Armadas.
El resultado han sido décadas de impunidad del Ejército y ahora con Calderón la Marina, Armada de México. El expresidente Vicente Fox no se atrevió a investigar las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares contra la población civil, en especial las consideradas como delitos contra la humanidad, como las ejecuciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada. Los dejó impunes con la farsa de la fiscalía especial para delitos del pasado.
Si Calderón por conveniencia propia tampoco quiso tocar a los militares, el Congreso tampoco ha hecho nada para legislar sobre los controles civiles a las Fuerzas Armadas. Al contrario, siguen subordinados a los uniformados.
Nada más vergonzoso que los diputados tengan que ir al despacho del secretario de la Defensa Nacional para que “explique” las labores del Ejército.
Por eso es histórico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya acotado el fuero militar. Aunque no lo hizo de modo propio y de forma oportuna, sino en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial estableció el criterio de que todos los jueces del país, incluidos los civiles y administrativos, tienen que sentenciar con base en los mandatos nacionales y los instrumentos internacionales sobre el respeto a los derechos humanos.
Los jueces militares no deben permitir ya que los militares, en una aplicación abusiva del CJM, atraigan los casos de violaciones cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas contra los civiles, que se han multiplicado con Calderón.
Pero la resolución de la Corte no acabará con la impunidad.
Primero, porque los expedientes sobre las violaciones a la humanidad cometidas en el pasado y en años recientes por efectivos militares no saldrán de los tribunales militares, salvo aquellos que ahora se están peleando a favor de la justicia civil.
Falsa, maliciosamente, las secretarías de Gobernación, Marina y la Defensa Nacional aseguran que lo establecido por la Suprema Corte son sólo “criterios orientadores”; es decir, que si quieren cumplen. Pero sólo en el futuro.
En segundo lugar, porque el gobierno de Calderón, de nueva cuenta cómplice por conveniencia mutua, permitirá que los militares sigan medrando con la impunidad, aun cuando eso atente contra uno de los principios básicos de la democracia: la subordinación de los militares a las autoridades civiles.
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